Bofetadas perdidas

La falta de colaboraci¨®n entre socialistas y populares para cubrir los cargos institucionales vacantes desde la pasada legislatura (el Defensor del Pueblo, entre otros) ha conducido al Parlamento al callej¨®n sin salida de incumplir sus deberes constitucionales. Las elecciones del 64 y el qu¨®rum exigido para los nombramientos (tres quintos de cada C¨¢mara) se combinan para hacer obligatorio el acuerdo entre los 159 diputados del PSOE y los 141 diputados del PP: ninguno de los dos partidos podr¨ªa alcanzar los 210 votos requeridos sin la ayuda del otro, aun contando con el respaldo de los restantes grupos.Socialistas y populares han utilizado esa capacidad de bloqueo mutuo no s¨®lo para tratar de aumentar o conservar su respectiva cuota de poder institucional; tambi¨¦n han empleado la situaci¨®n de empate como arma de guerra psicol¨®gica orientada a mostrar ante la opini¨®n p¨²blica la impoluta nobleza de las intenciones propias y la torva malicia de los m¨®viles ajenos. Durante estos meses, los dirigentes del PSOE y del PP han inventado triqui?uelas y tendido trampas para que el adversario cayera en una celada, pisara un cepo o perdiese los papeles; socialistas y populares han alternado los papeles de ¨ªncubo y de s¨²cubo en, esa comedia de enredo cuyo ¨²nico argumento era aislar al rival y ponerle contra las cuerdas.

Despu¨¦s de las elecciones europeas, pareci¨® que socialistas y populares hab¨ªan llegado a un acuerdo para cubrir las vacantes institucionales; al regreso de vacaciones, sin embargo, los palos de ese sombrajo veraniego se han ca¨ªdo con estr¨¦pito. El motivo del nuevo fracaso ha sido la presentaci¨®n oficial en el registro del Congreso por el PP -con el respaldo de IU, Coalici¨®n Canaria y Esquerra Republicana- de la candidatura del magistrado Mart¨ªn Pall¨ªn para Defensor del Pueblo. Los socialistas consideran que esa iniciativa rompe de manera unilateral las negociaciones en curso con el PP para la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales; pero la maniobra de los populares, aunque seguramente desleal, es la devoluci¨®n de tarjeta de una maquinaci¨®n sim¨¦trica realizada hace pocos meses por el PSOE. El Gobierno parece interesado en salvar el principio de autoridad; como ocurri¨® hace dos a?os con algunas candidaturas para el Constitucional, los socialistas consideran una traici¨®n que Mart¨ªn Pall¨ªn -un veterano defensor de los derechos humanos- sea apadrinado por el PP.

Si esa fobia fuese leg¨ªtima, los partidos s¨®lo podr¨ªan presentar para los cargos institucionales a sus afiliados o simpatizantes; ocurre, sin embargo, que la renuncia a las cuotas partidistas y los m¨¦ritos propios de los candidatos (sean o no militantes) son los ¨²nicos criterios compatibles con el esp¨ªritu constitucional. Pero a los partidos les ha importado menos el contenido de las propuestas que ' su origen; menos la idoneidad de los candidatos que las siglas de su patrocinador; menos la dignidad de las instituciones -que su control. Los profesionales de la pol¨ªtica han desviado ahora hacia Mart¨ªn Pall¨ªn las bofetadas perdidas en sus cerrados juegos de poder; el veto del Gobierno socialista es tanto m¨¢s incongruente cuanto que su candidatura hab¨ªa sido patrocinada inicialmente por las Organizaciones No Gubernamentales. Sin duda, cabr¨ªa buscar gente con iguales m¨¦ritos que Mart¨ªn Pall¨ªn; pero dif¨ªcilmente se encontrar¨¢ a un candidato con mayores cualificaciones para ser Defensor del Pueblo que este magistrado del Supremo, militante de Justicia Democr¨¢tica, fundador de la Asociaci¨®n Progresista de Fiscales y ex presidente de la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos. El trato dado a Mart¨ªn Pall¨ªn por los socialistas no humilla. a quien lo recibe, sino a quien lo impone; aunque los partidos se crean ungidos de poderes taumat¨²rgicos para absolver a los oportunistas de sus pecados, esa autoatribuida capacidad sacramental resulta ineficaz para excomulgar y lapidar a quienes acampan m¨¢s all¨¢ de sus fronteras disciplinarias.