La Administraci¨®n cobrar¨¢ por permitir el acceso a la informaci¨®n ambiental

Con dos a?os de retraso, el Gobierno espa?ol ha decidido trasponer la directiva de la UE sobre el libre acceso a la informaci¨®n ambiental. La Comisi¨®n de Subsecretarios visar¨¢ hoy el proyecto de ley que regula esta materia, a la que se acceder¨¢ previo pago de una tarifa, seg¨²n inform¨® ayer Cristina Narbona, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en la reuni¨®n del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Bruselas le hab¨ªa abierto ya a Espa?a un procedimiento de infracci¨®n por incumplimiento del derecho comunitario.

Si un ciudadano percibe un mal olor al asomarse a la ventana de su vivienda o tiene noticia de que van a construir una autopista a pocos metros de distancia, podr¨¢ solicitar informaci¨®n a las administraciones p¨²blicas sobre el origen del desagradable aroma y el alcance real de los proyectos. Tendr¨¢ tambi¨¦n la oportunidad de estudiarlos. ?sa es al menos la intenci¨®n del proyecto de ley de acceso a la informaci¨®n ambiental que hoy estudiar¨¢ la Comisi¨®n de Subsecretarios para su remisi¨®n al Consejo de Ministros dentro de dos semanas.La ley, con dos a?os de retraso sobre su calendario inicial, fue sometida a un ¨²ltimo debate ayer en la reuni¨®n del Consejo Asesor del Medio Ambiente. Los detalles que faltan por definir, seg¨²n la secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, Cristina Narbona, son establecer qu¨¦ instituci¨®n es la garante del derecho a la informaci¨®n, en qu¨¦ fase de tramitaci¨®n de los documentos se ponen a disposici¨®n del p¨²blico y la fijaci¨®n de las tarifas para acceder a esta informaci¨®n. Cualquiera podr¨¢ hacerlo, pero no gratis.

El Ministerio de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente cobrar¨¢ una tarifa por conocer la declaraci¨®n de impacto ambiental de la ampliaci¨®n de un aeropuerto vecino, el proyecto de una nueva carretera auton¨®mica o los planes para instalar una gran industria cerca del barrio donde uno vive.

Esta ley, que deb¨ªa haber estado lista el 1 de enero de 1993, ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento ecologista, ya que este acceso es fundamental para sus campa?as de protesta contra las obras p¨²blicas de fuerte impacto ambiental.

Fe Sanch¨ªs, experta en asuntos de Derecho de la organizaci¨®n ecologista Aedenat, explica que la directiva europea permite que se cobre, pero siempre que eso no suponga una traba para acceder a estos datos, "que sea asequible", informa Rafael Ruiz. "Estamos haciendo un seguimiento de la directiva, y hemos detectado muchos abusos en los cobros; porque no s¨®lo se cobra el coste de las fotocopias, sino tambi¨¦n el acceso al servicio", a?ade Sanch¨ªs. "En Irlanda, por ejemplo, cobran tanto para algunos asuntos que es imposible pedir informaci¨®n". El Gobierno ha rechazado la petici¨®n de que las organizaciones no gubernamentales tuvieran acceso gratuito. Sanch¨ªs resalta que en marzo la Comisi¨®n Europea comunic¨® al Gobierne, espa?ol que le hab¨ªa abierto un procedimiento de infracci¨®n por no trasponer esta directiva a la legislaci¨®n nacional.

Costas y playas

El consejo asesor debati¨®, en una jornada apretada de materias, la iniciativa de CiU de reclamar las competencias que la ley de costas atribuye al Estado. En este punto, el ministerio ha logrado de las organizaciones ecologistas un informe en contra del traspaso de estas competencias, que con tanto ardor ha defendido el ministro Jos¨¦ Borrell.Dentro de este ¨¢mbito, la Administraci¨®n ha encargado un dictamen sobre el alcance de las extracciones de ¨¢ridos para la generaci¨®n de playas. Sin que sea obligatorio, Obras P¨²blicas ya somete a declaraci¨®n de impacto este tipo de obras, que han suscitado cr¨ªticas porque repone la arena de las playas a base de extraerla del subsuelo mar¨ªtimo donde habitan colonias de flora y fauna.

El consejo abord¨® tambi¨¦n la reforma de la Ley de Impacto Ambiental en un aspecto trascendental: el papel reservado a las comunidades aut¨®nomas en las iniciativas estatales. Hasta ahora tienen la misma relevancia que cualquier ciudadano.