Fondos sin trampa

ES POSIBLE que las apelaciones al borr¨®n y cuenta nueva en los casos de corrupci¨®n, especialmente los relacionados con la financiaci¨®n irregular de los partidos, puedan tener alg¨²n tipo de respuesta en el ¨¢mbito pol¨ªtico. El principal mentor de esta especie de amnist¨ªa, Manuel Fraga, ha negado una y otra vez que su propuesta signifique tal cosa. Pero a partir de ella los partidos pol¨ªticos, y sobre todo sus dirigentes, no dejan de dar vueltas sobre la mejor forma de salir del atolladero de la corrupci¨®n, aun admitiendo lo que, por otro lado, ser¨ªa imposible dejar de reconocer: que todos ellos, en mayor o menor medida, son. tributarios de pr¨¢cticas que, como ninguna otra, han contribuido en estos ¨²ltimos a?os a degradar la, vida p¨²blica y a desacreditar las instituciones ante los ojos de los ciudadanos.Donde no cabe respuesta alguna a este tipo de apelaciones es en el campo de la justicia. Es impensable, y por ahora a nadie se le ha ocurrido propugnar tal cosa, cualquier intento de silenciar o de condonar las posibles responsabilidades penales contra¨ªdas por quienes protagonizaron, bien propici¨¢ndolas, bien benefici¨¢ndose de. ellas o ambas cosas a la vez, las diversas pr¨¢cticas de corrupci¨®n afloradas durante estos a?os. Una de ellas, la posible utilizaci¨®n de los fondos reservados para pagar sobresueldos a mandos de la lucha antiterrorista y de Interior, ha iniciado su andadura por los terrenos de la justicia en lo que se configura como un proceso rememorativo del de los GAL.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha desentendido, de momento, de la querella presentada por el ministerio fiscal a instancias del Partido Popular (PP) sobre el presunto uso delictivo de esos fondos, pero no.

es descartable en absoluto que termine por tramitarla. De entrada, no ha desestimado la querella, sino que ha se?alado, acertadamente, que el lugar adecuado para presentarla es un juzgado ordinario. Lo cual ya ser¨ªa un indicio suficiente de lo bien fundado de la iniciativa. Pero la Sala Segunda del Supremo avanza un juicio so bre los hechos denunciados que, viniendo del m¨¢ximo ¨®rgano jurisdiccional del Estado en el orden penal, no deja de ser una referencia a seguir para el juzgado que en principio, deba tramitar la querella: se tratar¨ªa de una desviaci¨®n de fondos p¨²blicos a fines para los que no est¨¢n previstos, perfil¨¢ndose con ello la posible existencia de un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Por lo dem¨¢s, la decisi¨®n de la Sala Segunda del Supremo de enviar la querella a un juzgado ordinario es procesalmente impecable. No cabe imputarle, como ha hecho fr¨ªvolamente el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, la intenci¨®n de querer quitarse de encima la patata caliente de la denuncia. Imputaciones de esta ¨ªndole referidas adem¨¢s a ¨®rganos independientes y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley como son los tribunales de justicia, son de las que m¨¢s contribuyen al deterioro institucional que tanto parece lamentar el PP. El portavoz de Justicia del PP deber¨ªa saber mejor que nadie que la querella presentada a instancias de su partido no se?ala a nadie en concreto -habla de responsables pol¨ªticos y funcionarios en general- y que s¨®lo si aparecen indicios de responsabilidad de personas aforadas -ex ministros u otros cargos p¨²blicos relevantes deber¨ªa hacerse cargo de su tramitaci¨®n la Sala Segunda del Supremo. Salvo que el dirigente popular considere que lo que se piensa o deje de pensarse en el ¨¢mbito de la opini¨®n p¨²blica es referente obligado en la actuaci¨®n de los tribunales.

Con la tramitaci¨®n de esta querella -aunque no s¨®lo con ella, tambi¨¦n con el sumario abierto sobre el caso Rold¨¢n- se sabr¨¢ hasta qu¨¦ punto la obstrucci¨®n a la justicia -tarea en la que se emplearon con entusiasmo gobernantes y altos funcionarios en el caso de los GAL- ha dado paso actualmente al deber de colaborar con ella, aun en escenarios tan inquietantes como el de los fondos reservados. Los hechos de ahora no tienen, en todo caso, el p¨¦rfil siniestro de los GAL. Tampoco la situaci¨®n pol¨ªtica es la misma de entonces. Hoy, el razonable ajuste de cuentas con el pasado de la corrupci¨®n que propugna el ministro Belloch sonar¨ªa a pura chacota si desde el poder pol¨ªtico se impidiera al judicial exigir las responsabilidades delictivas contra¨ªdas con ese pasado.