Final de etapa

?DEBE DIMITIR Felipe Gonz¨¢lez? ?Debe convocar elecciones generales? ?Debe pactar esta decisi¨®n con el Partido Popular? ?Cu¨¢l es la salida pol¨ªtica a la situaci¨®n creada en nuestro pa¨ªs, independientemente de la acci¨®n de los jueces, de los an¨¢lisis de los peri¨®dicos, de las vociferaciones de algunos l¨ªderes y comentaristas? En definitiva, ?cu¨¢ndo y c¨®mo se va a cerrar esta etapa de m¨¢s de dos lustros de gobierno socialista, cuya agon¨ªa parece inevitable y amenaza convertirse ya en la agon¨ªa de todos?Las respuestas del presidente del Gobierno a las interrogantes creadas sobre la responsabilidad del Estado en la organizaci¨®n de los GAL no han merecido el cr¨¦dito de un amplio sector de la poblaci¨®n. La especulaci¨®n contra la peseta no viene motivada por la indignaci¨®n que asuntos como ¨¦ste puedan causar en los contritos ¨¢nimos de los operadores, sino por la desconfianza respecto a la gobernabilidad de Espa?a, que pone en entredicho las perspectivas de un crecimiento econ¨®mico continuado. Es este problema de la gobernabilidad el que debe encarar cuanto antes el presidente del Gobierno, sin hacer de Don Tancredo frente a las cr¨ªticas de la opini¨®n y los datos, tan inc¨®modos como ciertos, de la realidad.

Existen motivos para el nerviosismo: en 1994 han visitado la c¨¢rcel un ex gobernador del Banco de Espa?a, el que fuera uno de los m¨¢s importantes banqueros del pa¨ªs, otro de los financieros m¨¢s notorios, el presidente de la cooperativa de viviendas del sindicato socialista, el ex director general de la Seguridad del Estado y la plana mayor de la lucha antiterrorista durante el primer Gobierno de Gonz¨¢lez.

Mientras, sigue huido el ex director general de la Guardia Civil, candidato en su d¨ªa a ocupar el Ministerio del Interior, y cuya fuga supuso la dimisi¨®n del titular del departamento. El ministro de AgricuItura tuvo que renunciar al cargo bajo acusaciones de incumplimiento fiscal, y contin¨²an en marcha investigaciones y procesos judiciales sobre la financiaci¨®n ilegal del PSOE y de otros partidos. Aunque la situaci¨®n no es privativa de Espa?a, pues democracias de mayor arraigo tienen un buen n¨²mero de ex gobernantes y diputados bajo sospecha o condenados, ser¨ªa infantil tratar de negar que estos hechos han debilitado hasta el extremo la credibilidad del Gobierno y, muy fundamentalmente, la de su presidente. Ambos se mantienen gracias al apoyo, bastante at¨ªpico por el momento, que la minor¨ªa catalana les presta en el Congreso. Y la legitimidad moral del Ejecutivo es puesta en tela de juicio por quienes le consideran responsable de la organizaci¨®n de la guerra sucia contra ETA. Guerra sucia que, en cualquier caso, ya tuvo lugar con los Gobiernos de UCI y, por supuesto, con los de la dictadura.

Todo esto que decimos no evita otras consideraciones respecto a la curiosa combinaci¨®n de algunos periodistas y jueces en su acci¨®n profesional o acerca de lo extra?o que resulta ver a un reciente alto cargo del Ministerio del Interior, como es el magistrado Garz¨®n, instruir una causa, contra funcionarios y responsables pol¨ªticos de ese departamento. Hay muchas motivaciones oscuras en los agentes que han puesto en marcha este proceso para descabalgar al PSOE, a cualquier precio, y eso debe ser motivo de reflexiones y comentarios ulteriores. Pero ser¨ªa rid¨ªculo que por ello nos hurt¨¢ramos al problema fundamental ahora planteado: la gobernabilidad de este pa¨ªs en el corto plazo.

Existe la impresi¨®n, creemos que generalizada, de que el modelo de gobierno que Gonz¨¢lez ha llevado a cabo durante los ¨²ltimos 12 a?os ha tocado a su fin. Las posibilidades de recambio, dentro del PSOE, parecen, hoy por hoy, casi inexistentes. Es preciso abrir una nueva etapa en la vida del pa¨ªs y es m¨¢s que probable que el agotamiento de Felipe Gonz¨¢lez no le permita seguir desempe?ando el papel estelar que ¨¦l mismo, se atribuye. Por lo dem¨¢s, el futuro de Espa?a no puede seguir sometido a una incertidumbre que, en buena medida, depende del resultado de procesos penales cuyo veredicto final se demorar¨¢ a?os. Salvado el incidente de la intentona del golpe de Estado, ¨¦sta es la primera ocasi¨®n en que la democracia espa?ola debe poner a prueba los resortes constitucionales para resolver una crisis de naturaleza pol¨ªtica, cuya soluci¨®n no puede depositarse en manos de arbitristas ni dejarse al albur de los acontecimientos. Si estamos ante una prueba para nuestra democracia, para la viabilidad del sistema del que nos dotamos a la salida del franquismo, es preciso, y urgente, poner en. funcionamiento a las instituciones. Es responsabilidad del presidente del Gobierno y del partido de la mayor¨ªa promover las iniciativas adecuadas a ese fin. Pero tambi¨¦n la oposici¨®n, y muy significadamente su primer partido, aspirante a sustituir en el Poder a los socialistas, debe asumir los deberes que se derivan del caso.