El Gobierno y los GAL

En nuestra opini¨®n, carecen de toda credibilidad las afirmaciones del Gobierno de que no existe constancia de ninguna responsabilidad pol¨ªtica en la creaci¨®n de los GAL y, por consiguiente, tampoco en los cr¨ªmenes que cometieron. Y aun cuando al com¨²n de los delincuentes le es l¨ªcito negar en su favor la comisi¨®n de sus delitos, resulta inadmisible que los gobernantes no reconozcan todas las responsabilidades que les conciernen, derivadas del uso abusivo del poder que les han otorgado los ciudadanos. Su obligaci¨®n es investigar para esclarecer -en el caso de los GAL- estos hechos ante la sociedad y la justicia, facilitando que ¨¦sta indague por el uso de los fondos reservados, cuando ya hace anos que los jueces han manifestado que existen fundadas sospechas de que con ese dinero se financiaron las actividades de este grupo terrorista.En los ¨²ltimos d¨ªas hemos asistido asombrados e indignados a una serie de exculpaciones de las actuaciones criminales de este grupo, que han procedido del Gobierno y de su partido, y que parecen una confirmaci¨®n impl¨ªcita de haber estado implicados en ellas. Hemos escuchado que la mayor¨ªa de los delitos cometidos por este grupo entre 1983 y 1987 son explicables si se atienden a las circunstancias de aquellos a?os. Como si en aquel periodo no estuviera vigente el C¨®digo Penal que persigue ese tipo de hechos, o como si en aquellos a?os los gobernantes, cual poder absoluto, esto es, no democr¨¢tico, estuvieran exentos de cumplir las leyes y tampoco tuvieran que rendir cuentas de sus actos ni a la justicia ni a los ciudadanos.

Insinuar la prescripci¨®n de aquellos hechos, adem¨¢s de ser jur¨ªdicamente falso es pol¨ªticamente irresponsable. Nunca prescribe la obligaci¨®n de los gobernantes de dar cuenta de sus actuaciones ante, la, opini¨®n p¨²blica, sobre todo cuando al cabo del tiempo le llega a ¨¦sta la informaci¨®n de nuevos elementos. hasta entonces desconocidos.

Implica una profunda corrupci¨®n moral y democr¨¢tica sugerir que el error pol¨ªtico de los cr¨ªmenes de los GAL ha consistido en que se llevaron a cabo con chapucera profesionalidad en lugar de haberlos realizado de modo que se hubiese borrado tras s¨ª cualquier huella delatora.

Sugerir que amplios sectores de la sociedad aprueban este tipo de cr¨ªmenes policiales, adem¨¢s de no estar contrastado, no debe interpretarse como una justificaci¨®n de los mismos, sino que, de ser cierto, deber¨ªa producir una grav¨ªsima alarma acerca de la salud de nuestra democracia, pues ¨¦sta se basa en el reconocimiento general del imperio de la ley, igual para todos. Si ¨¦ste fuera el caso, es obligaci¨®n de los gobernantes apoyarse en tal estado de opini¨®n, sino hacer todo lo posible por contrarrestarlo con conductas ejemplares, pues tales ideas significan un ataque directo a la esencia del Estado de derecho.

La afirmaci¨®n de que el error Iba consistido en no indultar a tiempo a los ex polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez equivale a reconocer que con esa medida de gracia -utilizada en su intenci¨®n fraudulenta- se habr¨ªa pagado su silencio acerca de las responsabifidades en el ¨¢mbito pol¨ªtico de la existencia de los GAL. Recordamos a la opini¨®n p¨²blica que gran parte de los 26 asesinados y de los muchos heridos por las actuaciones de este grupo no ten¨ªan ninguna relaci¨®n con ETA, y otros eran supuestos miembros de esa banda, con derecho, hasta que no hubiese sentencia condenatoria, a la presunci¨®n de inocencia que ahora reclaman para s¨ª los inculpados de promover los GAL; sentencia que nunca habr¨ªan sido de pena de muerte, abolida en nuestras leyes.

Resultan aberrantes y sectarias las insinuaciones que intentan sostener la incapacidad del Juez Baltasar Garz¨®n para llevar adelante este caso. Hace a?o y medio, el PSOE present¨® a este juez en un puesto privilegiado de su lista electoral, como emblema que avalaba su voluntad de combatir la propia corrupci¨®n. Ese cr¨¦dito del que gozaba este juez, entre otros m¨¦ritos, se basaba tambi¨¦n en su valent¨ªa para llevar adelante las investigaciones del primer proceso en contra de los GAL. Acusarle ahora de corrupci¨®n en el ejercicio de sus leg¨ªtimas funciones deja al descubierto la incoherencia y parcialidad de quienes hace tan poco tiempo le promov¨ªan como signo de lo contrario.

Algunos de los desprop¨®sitos cometidos en aquellos a?os por los responsables del Ministerio del Interior quedan ahora en evidencia cuando las personas -incluido el propio ministro de entonces Jos¨¦ Barrionuevo- que hoy se ven acusadas por los ex polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez, en el juicio en que ¨¦stos se vieron condenados, los presentaron como polic¨ªas ejemplares, de los que les parec¨ªa inverosimil que hubieran cometido delito alguno.

FIRMANTES: