Curarse en salud

LA SOMBRA de la responsabilidad penal se cierne en estos momentos, aunque sea en lontananza, sobre algunos miembros en activo del Gobierno y sobre otros que lo han sido. Un antiguo secretario de Estado para la Seguridad se encuentra en prisi¨®n bajo graves imputaciones en el sumario de los GAL. En estas circunstancias, un m¨ªnimo de prudencia pol¨ªtica -y de pudor- y sensibilidad frente a la irritaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica hubiera aconsejado al Gobierno abstenerse de propugnar reformas legales sospechosas. de favorecer el fuero procesal de sus integrantes en el ¨¢mbito penal. No ha sido as¨ª.A rebufo de la llamada Ley del Gobierno -un viejo proyecto gubernamental que dorm¨ªa en alg¨²n armario ministerial- se pretende ampliar el fuero procesal de los ministros y de los. secretarios de Estado hasta l¨ªmites que sobrepasan en mucho los criterios restrictivos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo. Por primera vez se integra de manera expresa a los secretarios de Estado en el ¨¢mbito del Gobierno; se extiende tambi¨¦n expresamente la competencia de la Sala Segunda del Supremo para juzgar a los ministros y secretarios de Estado cesantes, siempre que los hechos que se les imputan hayan estado relacionados con el ejercicio de sus cargos; y se otorga car¨¢cter retroactivo a la reforma, de modo que pueda afectar a los procesos no concluidos en el momento de su entrada en vigor. Tal pretensi¨®n, en las actuales circunstancias, no s¨®lo tiene mucho de descaro. Es un aut¨¦ntico esc¨¢ndalo.

Est¨¢ claro, adem¨¢s, que el Gobierno quiere que el proyecto entre en vigor cuanto antes. De lo contrario, no habr¨ªa urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que emita su dictamen sobre el proyecto en el plazo de 15 d¨ªas. Precisamente ha sido el art¨ªculo del proyecto referido a la ampliaci¨®n del fuero procesal del presidente y de los miembros del Gobierno el que ha hecho imperativo solicitar el parecer del CGPJ. Y, aunque ¨¦ste no sea vinculante, es de esperar que en esta ocasi¨®n el Gobierno lo tenga en cuenta. La iniciativa legislativa del Gobierno irrumpe en una materia delicada, reservada hasta ahora al criterio jurisprudencial de los tribunales y que afecta a derechos constitucionales b¨¢sicos, como el de igualdad ante la ley. No ser¨ªa, admisible, en ning¨²n caso, que lo que es un privilegio y una excepci¨®n se interpretara de modo que suponga una vulneraci¨®n los principios y normas legales que rigen para todos los espa?oles.

Globalmente, el proyecto de Ley del Gobierno es pertinente. Responde a un mandato de desarrollo. constitucional (art¨ªculo 98 de la Constituci¨®n) referente a la composici¨®n y estatuto del Ejecutivo. Nada que objetar, pues, en este sentido.

Tambi¨¦n puede aceptarse su pretensi¨®n de incluir a los secretarios de Estado en la n¨®mina del Gobierno. Est¨¢ constitucionalmente legitimado para ello, de acuerdo con el referido art¨ªculo 98, que afirma, entre otras cosas, que el Gobierno, se compone tambi¨¦n, de los dem¨¢s miembros que establezca la ley". Es correcto igualmente el sistema de control pol¨ªtico y legal que el proyecto de ley propugna para los actos del Gobierno. En este punto se da marcha atr¨¢s en la vieja pretensi¨®n de mantener un a zona de actuaci¨®n gubernamental al margen del control de legalidad de los jueces. Se reconoce, sin ambages el control pol¨ªtico por parte de las Cortes Generales y el legal por. parte del Tribunal Constitucional y de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa.

Sin embargo, es dudoso que el Gobierno est¨¦ legitimado para ir m¨¢s all¨¢ de lo que va la Constituci¨®n en la determinaci¨®n del fuero procesal que le ha de amparar. Precisar las circunstancias y los supuestos en los que "la responsabilidad criminal del presidente y los dem¨¢s miembros del Gobierno ser¨¢ exigible ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo", como dice el art¨ªculo 102 de la Constituci¨®n; es tarea m¨¢s bien de los tribunales que de una ley. Meterse, pues, en terreno ajeno puede ser incluso inconstitucional. Y hacerlo ahora, un intento apenas disimulado del Gobierno de curarse en salud.