As¨ª cay¨® Moto en la trampa
El r¨¦gimen de Obiang urdi¨® una doble trama para enjuiciar al l¨ªder opositor
La gota de agua que hizo desbordar la escasa paciencia del presidente Teodoro Obiang Nguema con sus adversarios pol¨ªticos cay¨® el 28 de noviembre pasado. Ese d¨ªa el m¨¢s conocido de los opositores ecuatoguineanos, Severo Moto, de regreso de un viaje de cuatro d¨ªas a Washington, hizo unas declaraciones a Radio Exterior de Espa?a. En ellas afirmaba haber logrado el compromiso del Departamento de Estado norteamericano de combatir el narcotr¨¢fico amparado por el r¨¦gimen del dictador.La camarilla de Obiang pens¨® entonces en procesarle por calumnias contra el jefe del Estado, pero prefiri¨® esperar un poco para ver si pod¨ªa imputarle m¨¢s cargos. El presidente del Partido del Progreso (PP) les brind¨® esa oportunidad mes y medio despu¨¦s. Obsesionado por encontrar pruebas que vinculen al r¨¦gimen con el tr¨¢fico de drogas, Moto dio por seguro que un mozo militar procesado por intento de robo en el Palacio Presidencial hab¨ªa, en realidad, descubierto en las dependencias de Obiang un armario repleto de droga.
Encarg¨® al secretario de Finanzas de su partido, Tom¨¢s Elo, que intentase aportar pruebas, y ¨¦ste se dirigi¨® al que cre¨ªa ser el juez instructor de aquella causa, Eduardo Minang, que es adem¨¢s su suegro y al que ha acogido largo tiempo en su domicilio. El 22 de enero le solicit¨® una copia de las diligencias.
La seguridad de Oblang se hab¨ªa enterado de la gesti¨®n. Orden¨® a Minang que exigiese a su suegro que le entregase la petici¨®n por escrito, y Elo accedi¨® a escribirle una nota en la que le solicitaba copia de las diligencias y ofrec¨ªa entre 300.000 y 500.000 francos CFA (75.000 y 125.000 pesetas), pero el texto no llevaba ni fecha ni firma.
A¨²n as¨ª, Obiang y su entorno consideraron que, a partir de entonces, a Moto y a su secretario de Finanzas se les pod¨ªa tambi¨¦n inculpar y juzgar por corromper a funcionarios p¨²blicos. El 6 de marzo, el presidente del PP fue condenado a dos a?os y medio de c¨¢rcel y su Tesorero a dos. La condena llevaba aparejada la inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico y la privaci¨®n del derecho de voto. Moto ya no se podr¨¢ presentar a las elecciones municipales ni presidenciales. Quedaba neutralizado durante 30 meses.
Para parte de la camarilla palaciega del presidente no bast¨® con eso. Hab¨ªa que inutilizar pol¨ªticamente a Moto para siempre. El secretario de Estado de Seguridad, Manuel Nguema, y su director general" Armengol Ondo, llevaban ya alg¨²n tiempo urdiendo un plan para lograrlo. Su principal baza fue Agapito Ona, el secretario general del PP, que, amenazado y sobornado, traicion¨® el 27 de febrero a su jefe. Efectu¨® unas declaraciones por la radio y televisi¨®n local en las que implicaba a Moto en la preparaci¨®n de un golpe de Estado militar apoyado por Espa?a y EE,UU.
Para dar credibilidad a las acusaciones del que fue el brazo derecho del presidente del PP, se fomentaron los rumores sobre la inminencia de una intentona golpista.
El abogado espa?ol Roberto Rodr¨ªguez Casas, con numerosos negocios en Guinea, comunic¨® en febrero a sus socios en Malabo, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n espa?ola, que mercenarios que hab¨ªan participado en una acci¨®n b¨¦lica en Gambia, se est¨¢n ahora entrenando en Canarias. El letrado desmiente rotundamente haber proporcionado tales datos.
Paralelamente, se empezaron a producir en la zona continental del pa¨ªs las primeras detenciones de militares supuestamente golpistas. El 2 de marzo sali¨® a la palestra el ministro portavoz del Gobierno, Antonio Nve, y asegur¨® que en los fracasados planes de Moto figuraba nada menos que un "ataque masivo" del portaeronaves espa?ol Pr¨ªncipe de Asturias contra el reci¨¦n celebrado congreso del Partido Democr¨¢tico que encabeza Obiang.
Para entonces est¨¢ claro que el presidente guineano se est¨¢ dejando convencer por sus lugartenientes de la necesidad de procesar una segunda vez al m¨¢s c¨¦lebre de sus contrincantes, acus¨¢ndole ahora de intento de golpe de Estado por lo que pod¨ªa ser condenado a muerte. Por esas fechas Obiang mantiene una conversaci¨®n con su embajador en Madrid, Santiago Nsobeya, en la que afirma que no se va a dejar asustar por la campa?a en pro de la liberaci¨®n de Moto. No hay que doblegarse ante ellos, recalca. La situaci¨®n de Moto, prosigue se debe a sus actos, por su desconocimiento de los principios democr¨¢ticos. Compara el caso con el del sargento Venancio Mic¨®, militar presuntamente golpista cuyo procesamiento produjo en 1983 un revuelo similar en Espa?a pero que despu¨¦s cay¨® en el olvido mientras el condenado se pudr¨ªa en la c¨¢rcel. De toda la cruzada contra su r¨¦gimen, lo que m¨¢s le saca de quicio a Obiang son las acusaciones en prensa espa?ola que le involucran con el tr¨¢fico de drogas. Afirma a Nsobeya que, mientras persistan, no habr¨¢ mejora de las relaciones bilaterales.
Al enjuiciamiento de Moto hay que darle, sin embargo, todas las apariencias de respetar las normas del Estado de derecho. De ello se encargar¨¢ Rodr¨ªguez Casas con el que se pone en contacto en febrero el secretario de Estado se Seguridad para invitarle a viajar a Malabo. El propio abogado reconoce que su labor de asesoramiento ha consistido "en tratar de evitar que, en un pa¨ªs a¨²n en transici¨®n hacia la democracia como Guinea, se produzcan atropellos". "El procesamiento y el juicio deb¨ªan ser limpios y transparentes y creo que as¨ª lo han sido", concluye.
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