El cumplimiento ¨ªntegro de las penas enfrentar¨¢ al PP con el Gobierno en el debate del C¨®digo Penal
El PP mantiene que, en determinados delitos graves y en los relacionados con el terrorismo, los tribunales puedan acordar que los beneficios penitenciarios que acorten las condenas "se refieran a la totalidad de las penas impuestas". La propuesta, motivada por el deseo de m¨¢ximo acercamiento entre las penas impuestas y las cumplidas, chocar¨¢ en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso -en donde esta semana comienza a debatirse el futuro C¨®digo Penal-, con el criterio del Gobierno, avalado por el PSOE, CIU y PNV, de que el juez de vigilancia penitenciaria pueda modificar tal medida.
Terminado el 26 de abril ¨²ltimo el estudio de las 1.200 enmiendas presentadas al proyecto de C¨®digo Penal, el informe elaborado por la ponencia del Congreso de los Diputados -sobre el que esta semana se inicia el debate en comisi¨®n-, no modifica el art¨ªculo 79 del texto remitido por el Gobierno, sobre el que existen variadas posiciones de los grupos parlamentarios.El proyecto gubernamental endurece la situaci¨®n actual, en la que los beneficios penitenciarios -entre otros, el de redenci¨®n de penas por el trabajo, que el nuevo C¨®digo Penal suprimir¨¢- se aplican siempre sobre el m¨¢ximo de 30 a?os de c¨¢rcel, lo que en la pr¨¢ctica significa que los condenados con penas m¨¢s elevadas, de cientos y miles de a?os, no suelen cumplir m¨¢s de 20. La exposici¨®n de motivos del proyecto proclama que el sistema de penas se propone "alcanzar, en la medida de lo posible, los objetivos de resocializaci¨®n que la Constituci¨®n le asigna".
El texto del Gobierno, asumido por la mayor¨ªa de los grupos, mantiene que el m¨¢ximo de cumplimiento efectivo no podr¨¢ exceder del triple del tiempo de la pena m¨¢s grave y reduce el m¨¢ximo de tal cumplimiento efectivo a 20 a?os de c¨¢rcel -con la oposici¨®n del PP, que pide que se mantenga en 30 a?os-, excepcionalmente ampliado a 25, "cuando el sujeto hubiera sido condenado por dos o m¨¢s delitosy alguno de ellos estuviera castigado por la ley con pena de prisi¨®n de hasta 20 a?os", Y a 30 a?os -IU pide que se suprima tal ampliaci¨®n-, cuando alguno de los dos o m¨¢s delitos cometidos estuviera castigado con m¨¢s de 20 a?os de c¨¢rcel.
Pena inferior
El art¨ªculo 79 establece que si, como consecuencia de ¨¦stas y otras limitaciones, "la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal, atendida la alarma y perturbaci¨®n social que los hechos hayan producido, si alguno, de los delitos que concurren fuera de homicidio, lesiones de las tipificadas en los art¨ªculos 149 y 150 [p¨¦rdida de miembro principal, esterilidad, impotencia y otras graves], agresiones sexuales, detenci¨®n ilegal, torturas, delitos contra la salud p¨²blica [incluid¨®s los de narcotr¨¢fico], rebeli¨®n, sedici¨®n y terrorismo, podr¨¢ acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el c¨®mputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias".
. El precepto a?ade que esta norma endurecedora se aplicar¨¢, "sin perjuicio de lo que, a la vista del tratamiento, pueda resultar procedente". Y agrega que, "en este ¨²ltimo caso, el juez de vigilancia penitenciaria, valorando en su caso las circunstancias personales del reo, la evoluci¨®n del tratamiento reeducador y el pron¨®stico de reinserci¨®n social, podr¨¢ acordar razonadamente, o¨ªdo el Ministerio Fiscal, la aplicaci¨®n del r¨¦gimen general de cumplimiento". Esta posibilidad de regreso al sistema general de aplicaci¨®n de beneficios penitenciarios es rechazada por el PP, que no admite excepciones, una vez que el tribunal sentenciador acuerde que los beneficios penitenciarios se descuenten de la totalidad de las penas impuestas.
El PP justifica su "reacci¨®n firme contra las conductas descritas" -que en la pr¨¢ctica conduce a que quienes tienen condenas de cientos de a?os siempre cumplan el m¨¢ximo de 30 a?os de c¨¢rcel-, en el prop¨®sito de "lograr un acercamiento entre las penas realmente impuestas a los condenados en las respectivas sentencias y las realmente cumplidas".
El PNV no enmend¨® en este punto el proyecto. Por su parte, CiU admite el endurecimiento proyectado por el Gobierno y la excepci¨®n al mismo por decisi¨®n de los jueces de vigilancia, pero estima que la posibilidad de aplicaci¨®n de los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de las penas impuestas no debe reducirse a los delitos mencionados, sino generalizarse a todos.
En consecuencia, propone que se suprima el cat¨¢logo de delitos que resultar¨¢n endurecidos. Justifica su enmienda en la Conveniencia de evitar que la pena pueda quedar reducida, de forma incomprensible para la sociedad".
La posici¨®n m¨¢s alejada del texto del proyecto es la de IU, que propone la supresi¨®n pura y simple del art¨ªculo 79. La justifica en que en el cumplimiento de las penas no deben influir conceptos posteriores al delito, como "la alarma y perturbaci¨®n social", que no dependen del responsable, sino a veces de los medios de comunicaci¨®n social. IU se?ala que el "tratamiento desigual" tiende a hacer "ineficaz la orientaci¨®n constitucional a la reinserci¨®n social".
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