Realismo o demagogia / 1

Tras un debate similar al que otros pa¨ªses de la Uni¨®n Europea han llevado a cabo, durante los dos ¨²ltimos a?os, el Gobierno espa?ol ha fijado para 1998 la liberalizaci¨®n total del sector de las telecomunicaciones, dise?ando un. programa acelerado de actuaciones encaminadas a colocar a nuestro pa¨ªs en las mejores condiciones frente a la competencia internacional. En estos momentos, sin embarco. la actitud oportunista de algunos, intentando resucitar en el ¨¢mbito auton¨®mico un modelo ya periclitado, pone en peligro el proceso.Tras un debate nacional y comunitario que se ha extendido durante los dos ¨²ltimos a?os, el Gobierno espa?ol ha decidido proceder a la liberalizaci¨®n total de las telecomunicaciones en el horizonte de 1998. En esa fecha, de acuerdo con el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, culminar¨¢ la liberalizaci¨®n completa de redes y servicios, una vez alcanzados los objetivos de universalizaci¨®n. de la telefon¨ªa b¨¢sica y reajuste de las tarifas a los costes reales.

En los 30 pr¨®ximos meses, el Gobierno deber¨¢ propiciar los necesarios cambios legislativos y de estructura de los principales operadores, as¨ª como la adecua ci¨®n de la administraci¨®n reguladora de las telecomunicaciones a las funciones a desarrollar, en un mercado abierto a la competencia.

Se conocen suficientes experiencias de otros pa¨ªses para saber que no basta con aprobar una normativa que modifique las reglas del juego. Al Reino, Unido, paradigma te¨®rico de la liberalizaci¨®n, le ha costado 10 anos conseguir lo que Espa?a pretenden en menos de tres.

Hay dos aspectos de capital importancia para establecer una competencia integral efectiva donde durante m¨¢s de 70 a?os ha habido un ¨²nico operador global. Por un lado, el segundo operador debe concentrar el m¨¢ximo de recursos disponibles para tratar de equilibrar hasta donde sea posible la potencia del primer operador. Por otro la existencia de una ¨²nica red capilar propiedad del operador tradicional supone una poderosa barrera de entrada para el competidor y, por tanto, tan importante como la creaci¨®n de redes alternativas es la regulaci¨®n del acceso del segundo operador a las infraestructuras locales.El caso espa?ol

Consciente de las exigencias anteriores, el MOPTMA ha dise?ado un esquema de liberalizaci¨®n que se basa en dos normas, piedras angulares de todo el proceso. As¨ª, mientras el proyecto de ley de telecomunicaciones por cable favorece el desarrollo de redes urbanas alternativas tecnol¨®gicamente capaces de soportar el conjunto de telecomunicaciones avanzadas, un nuevo proyecto de ley de Ordenaci¨®n d¨¦ las Telecomunicacion¨¦s establecer¨¢ las reglas de juego necesarias en un mercado abierto regulando fundamentalmente el modo de financiaci¨®n del servicio b¨¢sico universal, la interconexi¨®n de las distintas redes y los procedimientos de arbitraje entre los operadores.

De manera simult¨¢nea, el Gobierno ha iniciado ya la modificaci¨®n estructural de los operadores de telecomunicaci¨®n, disminuyendo la participaci¨®n p¨²blica y dise?ando el embri¨®n de un segundo opeirador nacional de ' telecomunicaciones, alrededor de entidades que dispongan de las infraestructuras y tecnolog¨ªas m¨¢s adecuadas. Coordinando ambos procesos: establecimiento de redes urbanas alternativas y fomento de un segundo operadior con capacidad de red para la larga distancia, se dis-pondr¨¢ en el futuro de una competenc?a nacional, real y efectiva.La ley

El proyecto de ley de tele-corriunicaciones por cable que el Go'bierno ha remitido al Congreso de los Diputados ha sido redactado para favorecer al m¨¢ximo la construcci¨®n de redes capila.res alternativas capaces de soportar-todos los servicios de tel¨¦comunicaci¨®n de voz, datos e imagen. Y todo ello sin bloquear el desarrollo tecnol¨®gico de nuestro principal activo en telecomunicaciones, Telef¨®nica de Espa?a.

Mucho se ha discutido y se ha escrito sobre este proyecto de ley. Ha sido debatido en el Consejo Asesor de T¨¦lecomunicaciones y en su Comisi¨®n Permanente, en foros y seminarios, en Fundesco, en la Asociaci¨®n para. el Progreso de la Direcci¨®n, en Aniel, en la Asociaci¨®n de Usuarios de Telecomunicaciones, en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, etc¨¦tera, y sin embargo, como m¨¢s adelante explicar algunos parecen no haberlo entendido, por lo que tratar¨¦ de condensarlo en unas pocas pinceladas.

El proyecto de ley defiende la iniciativa de los ayuntamientos, cuya colaboraci¨®n es imprescindible para realizar el tendido del cable, configurando demarcaciones territoriales de ¨¢mbito municipal. En el caso de municipios de muy peque?o tama?o, el proyecto de ley garantiza la viabilidud econ¨®mica de los proyectos de inversi¨®n mediante la agrupaci¨®n de. municipios distintos de la misma o distinta comunidad aut¨®noma.

El proyecto de ley fomenta la utilizaci¨®n de todas las infraestructuras ya existentes para facilitar la instalaci¨®n de la segunda red urbana. Y permite tambi¨¦n que para rentabilizar la inversi¨®n se presten sobre esa red todos los ervicios de telecomunicaci¨®n que la tecnolog¨ªa posibilite y los usuarios demanden.

El proyecto de ley no exige la universalidad de las telecomunicaciones por cable por razones obvias:

- En primer lugar, la tecnolog¨ªa de banda ancha sobre cable no es la adecuada para ofrecer servicios a zonas de poblaci¨®n dispersa o peque?os n¨²cleos. Al igual que ha sucedido con el servicio telef¨®nico el suministro de nuevos servicios a peque?os n¨²cleos deber¨¢ hacerse mediante sistemas radioel¨¦ctricos interactivos, terrestres o de sat¨¦lite, cuando la tecnolog¨ªa est¨¦ disponible.- En segundo lugar, la exigencia inmediata de universalidad dificultar¨ªa la implantaci¨®n de nuevos servicios, limitando la oferta a la telefon¨ªa b¨¢sica o la televisi¨®n por cable en su sentido m¨¢s tradicional.

Recientemente hemos podido leer en la prensa las declaraciones del consejero de Industria y Energ¨ªa de la Generalitat de Catalu?a acompa?ando la presentaci¨®n de un documento que intenta demostrar, mediante datos parciales, aseveraciones gratuitas e interpretaciones interesadas, que el proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable aprobado por el Gobierno agudiza los desequilibrios territoriales, en Catalu?a, condenando a una gran parte de la poblaci¨®n al declive econ¨®mico permanente.

Como era de esperar, el an¨¢lisis del se?or Subir¨¢ tiene un corolario: el proyecto de ley debe ser modificado para que las obligaciones de universalidad sean asumidas por la Generalitat mediante la correspondiente intervenci¨®n p¨²blica, en un mercado que se pretende est¨¦ liberalizado y en competencia.

En el fondo lo que parece expresar el consejero es el deseo de tener su Telef¨®nica particular, sin importarle que estemos en 1995 y no en 1924. Esta actitud cantonalista contrasta, de otra parte, con la que el propio consejero expone en un art¨ªculo publicado bajo el t¨ªtulo La pol¨ªtica industrial, donde, tras criticar un pasado de intervenci¨®n p¨²blica en la actividad industrial, propone como alternativas la globalizaci¨®n y la internacionalizaci¨®n.

La presentaci¨®n del documento Implicaci¨®n previsible de la aplicaci¨®n del proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable sobre el desarrollo territorial de Catalu?a se produce, adem¨¢s, despu¨¦s de las reuniones mantenidas con la Secretar¨ªa General de Comunicaciones, en las que mis colaboradores y yo misma hemos desmenuzado y explicado los razonamientos t¨¦cnicos, jur¨ªdicos y econ¨®micos que subyacen detr¨¢s de cada art¨ªculo del proyecto de ley.

La lectura del documento pone de manifiesto no s¨®lo que no se ha entendido el proyecto, sino algo m¨¢s grave: que no se entiende (o no se quiere entender) lo que son, lo que implican y lo que significan las telecomunicaciones avanzadas y las redes que las soportan. S¨®lo desde este desconocimiento puede explicarse una presentaci¨®n como la realizada por el consejero de Industria y Energ¨ªa de la Generalitat, con una fr¨ªvola simplificaci¨®n de los aspectos t¨¦cnicos, acompa?ada de una demagogia preocupante en cuanto que la aceptaci¨®n de sus conclusiones entra?ar¨ªa un grave riesgo para la incorporaci¨®n de Espa?a a la futura sociedad de la Informaci¨®n. Elena Salgado es secretaria general de Comunicaciones del Ministerio de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente.