Anarqu¨ªa en las comunicaciones por cable

De las 43 leyes que George Bush vet¨® durante sus cuatro a?os de presidencia de los Estados Unidos, lo ¨²nico que el Congreso no le toler¨® fue el veto a la ley del cable. En 1992 se promulg¨® una regulaci¨®n del cable que la Casa Blanca no quer¨ªa poner en vigor. Siete semanas despu¨¦s de la prueba de fuerza, Bush perdi¨® las elecciones y Clinton hered¨® un problema: los operadores del sector presionan ahora para echar abajo esa ley reguladora.Sin necesidad de comparar a Espa?a directamente con Estados Unidos, el caso ilustra la potencialidad explosiva de las comunicaciones por cable. En plena campa?a electoral ha estallado una bomba pol¨ªtica que debilita el apoyo de Converg¨¦ncia i Uni¨® a Felipe Gonz¨¢lez, porque el equipo de Jordi Pujol ha hecho de la ley del cable algo as¨ª como una cuesti¨®n de Gabinete.

A ello se une el hecho de que muchas autoridades locales se han lanzado a convocar licencias de cable por su cuenta. La reacci¨®n del Ministerio de Obras P¨²blicas, que dirige Jos¨¦ Borrell, no ha conseguido otra cosa que aplazar un poco las decisiones en los municipios controlados por los socialistas (casos de Barcelona o del M¨®stoles madrile?o). En otros que est¨¢n fuera del control del PSOE, los ayuntamientos ni siquiera han convocado concursos: se han metido ellos mismos en el negocio.

El problema se centra en que el Gobierno socialista quiere una organizaci¨®n estatal de las telecomunicaciones. La Generalitat de Catalu?a, en cambio, exige pleno dominio sobre la organizaci¨®n del cable en su territorio. Y los ayuntamientos entienden que el poder de dar licencias reside en ellos. Como la ley reguladora est¨¢ bloqueada en el Congreso, y dado que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede prohibir la televisi¨®n por cable, la anarqu¨ªa est¨¢ servida.

El conflicto

El ministerio de Obras P¨²blicas, que ha atacado a la Generalitat en este asunto, se muestra m¨¢s prudente con las iniciativas municipales. Ahora dice: bien, los ayuntamientos pueden conceder licencias de cable; pero ese cable s¨®lo puede usarse para ofrecer televisi¨®n, porque cualquier otro servicio de telecomunicaci¨®n es competencia del Estado.

Sabe el Gobierno, como lo saben todos los que aspiran a entrar en el sector, que nadie invierte en una red de alta tecnolog¨ªa (que incluya cableado de fibra ¨®ptica) s¨®lo para a?adir alg¨²n canal m¨¢s de televisi¨®n ¨¢ la oferta de la que ya disponen los ciudadanos. As¨ª que la rentabilidad de la inversi¨®n depende de que el cableado pueda usarse para servicios m¨¢s avanzados: telebanco, telecompra, v¨ªdeo bajo demanda, juegos interactivos y, sobre todo, telefon¨ªa.

Algunos norteamericanos, que han montado cabezas de puente en Espa?a, no est¨¢n inte resados s¨®lo en la televisi¨®n. Si pudieran, repetir¨ªan aqu¨ª, a mayor escala, lo que en el Reino Unido han hecho US West -una de las grandes compa?¨ªas regionales de tel¨¦fonos de los Es tados Unidos- y TC1 -la principal cableoperadora norteamericana- Al calor de la liberalizaci¨®n brit¨¢nica, ambos opera dores se lanzaron a dar televisi¨®n y telefon¨ªa por cable, algo que TC1 no puede hacer a¨²n en su propio pa¨ªs, a causa de la ley mencionada al principio.

En Espa?a se saben todos de memoria la lecci¨®n brit¨¢nica. El monopolio de Telef¨®nica dejar¨¢ de serlo dentro de dos a?os y medio. Sus fuertes inversiones en cableado de fibra ¨®ptica coinciden con la voluntad gubernamental de reservar a Telef¨®nica una de las dos licencias de operador de cable que -seg¨²n el proyecto de ley- habr¨¢ en cada demarcaci¨®n territorial. Y a ello se suma el proceso de privatizaci¨®n de la compa?¨ªa. La entrada inminente del BBV y del BCH en su accionariado supone sumar. apoyos.

Mientras tanto, los alcaldes animan a los inversores. Al socialista Pasqual Maragall le han dicho desde el ministerio de Borrell que no est¨¢n de acuerdo con el concurso que ha convocado para Barcelona. Se trata de autorizar una red de servicios avanzados y eso es competencia del Gobierno, seg¨²n Obras P¨²blicas. En el tira y afloja se ha llegado a establecer la siguiente distinci¨®n: de acuerdo en el servicio de televisi¨®n por cable; pero no se pueden dar permisos municipales para los dem¨¢s servicios avanzados.

ENDESA, en cabeza

Mientras los pol¨ªticos se apoyan en tales sutilezas jur¨ªdicas, el emplazamiento de la Uni¨®n Europea para liberalizar las telecomunicaciones ha disparado una carrera entre fuerzas muy poderosas, que toman posiciones a toda velocidad para que, cuando llegue el momento del armisticio -es decir, cuando por fin haya una ley-, todos hayan disparado los tiros suficientes como para que sea dif¨ªcil desalojarles del terreno ocupado.

S¨®lo as¨ª se entiende que poderosas entidades financieras, como el Banco Santander; ENDESA, que es la principal fuente de beneficios del grupo p¨²blico Teneo; grandes compa?¨ªas norteamericanas (Time Warmer, TC1, UIH, US West); y algunas empresas espa?olas de comunicaci¨®n, principalmente Multitel -presidida por Eugenio Gald¨®n, el consejero delegado de la COPE-, se encuentren en pleno trenzado de un conjunto de alianzas y acuerdos de principio para estar presentes en ese mercado.

El tir¨®n de las compa?¨ªas el¨¦ctricas es particularmente importante. Tienen instalados muchos kil¨®metros de fibra ¨®ptica para uso interno, que seguramente podr¨¢n utilizar, pero adem¨¢s se han lanzado a la carrera de los nuevos consorcios. Un portavoz del grupo p¨²blico ENDESA -el m¨¢s potente- ha asegurado que entrar¨¢ en el negocio del cable "all¨ª donde tengamos empresa". Su. proyecto implica tambi¨¦n a las dem¨¢s empresas el¨¦ctricas que controla: Electra de Viesgo (Cantabria), Sevillana de Electricidad (Andaluc¨ªa), Gesa (Baleares), Unelco (Canarias) y otras.

Feliciano Fuster, presidente de ENDESA, es el primer empresario del sector p¨²blico espa?ol y un hombre pr¨®ximo al PSOE. El partido socialista es d¨¦bil para sacar adelante la ley del cable, pero ¨¦l ha tirado por la calle de en medio.