La doble v¨ªa

EL ESC?NDALO de las escuchas telef¨®nicas del Cesid sigue desde ayer dos caminos paralelos en los tribunales. Mientras el teniente general Alonso Manglano declara ba durante cuatro horas ante un fiscal de la Audiencia de Madrid sobre las escuchas -qui¨¦n y por qu¨¦ hab¨ªa ordenado grabar conversaciones a cientos de ciudadanos-, el coronel Perote comparec¨ªa ante un juez militar sobre el robo de las grabaciones y su posterior filtraci¨®n. Tal duplicidad puede ser discutible, incluso resulta razonable que sea la jurisdicci¨®n ordinaria la que termine asumiendo la competencia plena de un caso en el que se han violado derechos fundamentales de las personas, pero viene a corroborar que en el ¨²ltimo esc¨¢ndalo que nos ocupa hay al menos dos l¨ªneas delictivas que deben ser investigadas. Es lo que hemos sostenido desde el primer d¨ªa y lo seguiremos haciendo. A despecho de que ello moleste al peri¨®dico que revel¨® la existencia de las escuchas.La detenci¨®n del coronel Perote, acusado de un supuesto delito de revelaci¨®n de secretos relacionados con la seguridad del Estado, responde a uno de los dos aspectos del esc¨¢ndalo. Considerarlo banal e irrelevante es propio de personas que se niegan a ver la parte de la realidad que no interesa a sus prop¨®sitos .Pero pretender que ¨¦se sea el aspecto principal de la cuesti¨®n, y no las escuchas ilegales mismas, supondr¨ªa algo peor: cerrar los ojos a la evidencia.

Precisamente porque es veros¨ªmil la hip¨®tesis de que alguien pueda estar traficando con la estabilidad del sistema, al amparo de la debilidad del Gobierno, es necesaria una respuesta de cierta altura. Moral y pol¨ªtica. En primer lugar, urge la verdad. Una instituci¨®n del Estado ha espiado sin causa que lo justifique a cientos o rniles de ciudadanos, violando derechos individuales y normas jur¨ªdicas precisas. Seguir mintiendo sobre el origen de las grabaciones o ignorando la certeza de que, puesto que existen, no fueron destruidas, o reducir el problema a la infidelidad de un ex funcionario, no servir¨¢ para rebajar la presi¨®n que padece el Gobierno, sino para agravar el deterioro de su autoridad.

Un cambio de Gobierno no garantiza la superaci¨®n de la crisis, pero no hay soluci¨®n que, no incluya como m¨ªnimo la sustituci¨®n de los dos ministros que tienen que ver con el asunto: Serra y Garc¨ªa Vargas. La eficacia de las dimisiones como forma de asunci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas es directamente proporcional a la rapidez con que se producen. Tiene raz¨®n el Gobierno en que tanto la oposici¨®n como los comentaristas con anteojeras juegan sobre seguro: si no hay ceses ni dimisiones acusar¨¢n a Gonz¨¢lez de impasibilidad; si las hay, de arrojar lastre para salvarse ¨¦l. Pero eso no puede ser una excusa para la par¨¢lisis. Al margen de lo que resulte de la investigaci¨®n judicial, lo que se sabe exige ya una respuesta pol¨ªtica. Y por eso mismo habr¨ªa sido m¨¢s inteligente que la comparecencia del mi¨¦rcoles en el Congreso corriera a cargo del presidente, y no de Serra, especialmente cuando se sabe que el vicepresidente est¨¢ en situaci¨®n de interinidad una vez que la plana mayor de su propio partido ha pedido su relevo.

Habr¨ªa sido m¨¢s inteligente, pero el empecinamiento del PP en que o Gonz¨¢lez o nadie resulta exagerado y, sobre todo, refleja una intransigencia que m¨¢s bien inquieta respecto a su talante cuando sean ellos los que manden. Las declaraciones de ?lvarez Cascos a prop¨®sito de la detenci¨®n de Perote, en las que lo ¨²nico que le interesa es denigrar a Gonz¨¢lez, son de un sectarismo dif¨ªcil de superar.

Lo mismo cabe decir de los pronunciamientos del diario El Mundo. El coronel Perote parece a punto de ser admitido en un club del que ya son socios, entre otras personas procesadas por graves delitos, Amedo, Dom¨ªnguez, Rold¨¢n y Mario Conde. Considerar que las denuncias contra Perote carecen de cr¨¦dito por proceder de alguien que ha podido ser responsable de las escuchas ilegales -Alonso Manglano- parece argumento bastante endeble en manos de un peri¨®dico que ha basado gran parte de sus revelaciones en testimonios de delincuentes convictos o presuntos. ?Ser¨¢ que las denuncias de Amedo y Rold¨¢n, que han llevado a la c¨¢rcel a Sancrist¨®bal y a Vera, entre otros, tienen m¨¢s valor probatorio por el hecho de haberlas publicado ese peri¨®dico?

En cuanto al debate sobre cu¨¢l es la jurisdicci¨®n competente, se est¨¢ produciendo cierta confusi¨®n interesada. En principio, las escuchas suponen una vulneraci¨®n de derechos fundamentales, por lo que urge que el ministerio fiscal articule la denuncia correspondiente, que habr¨¢ de tramitarse en v¨ªa ordinaria. Pero, mientras tanto, es l¨®gica la intervenci¨®n de la militar si la denuncia presentada contra el coronel Perote es fundada y existen indicios de que es el autor de hechos -sustracci¨®n y revelaci¨®n de datos relacionados con la seguridad o defensa nacionales- que tanto el C¨®digo Penal com¨²n como el militar tipifican como delitos y que ambos castigan con importantes penas de prisi¨®n.

La jurisdicci¨®n militar no es una instancia inconstitucional y que act¨²a con igual falta de garant¨ªas que en la ¨¦poca de Franco, como pretenden dar a entender los que han puesto el grito en el cielo por la detenci¨®n e ingreso de Perote en una prisi¨®n militar. La denuncia de Manglano contra su antiguo subordinado est¨¢ bien presentada ante la jurisdicci¨®n militar. No s¨®lo porqu¨¦ el denunciado tenga la condici¨®n de militar -es indiferente a estos efectos que est¨¦ en la reserva-, sino porque el delito que le imputa tambi¨¦n est¨¢ incluido en el C¨®digo Penal castrense.

Ahora bien: desde el momento en que exista una actuaci¨®n de la justicia ordinaria, lo conveniente y procesalmente exigible ser¨ªa que el juez militar se inhibiera a su favor. Si ha habido sustracci¨®n de cintas, se ha puesto en manos de terceros este material, se ha mercadeado con ¨¦l y, finalmente, se ha divulgado es porque, previamente, se ha producido una acumulaci¨®n de informaci¨®n ilegalmente obtenida mediante la interceptaci¨®n de comunicaciones telef¨®nicas reservadas. Por eso debe ser la jurisdicci¨®n ordinaria la que investigue todo el asunto en su conjunto: las presuntas escuchas ilegales del Cesid, sus secuelas y sus posibles conexiones.