Navajas solicitar¨¢ la reapertura del 'caso Urigoitia'

El fiscal jefe de la Audiencia de San Sebasti¨¢n, Luis Navajas, solicitar¨¢ la reapertura del caso Luc¨ªa Urigoitia, la activista de ETA muerta en 1987 en el transcurso de una opeaci¨®n policial, tras la noticia de que miembros de la Guardia Civil fabricaron en aquella ocasi¨®n pruebas falsas para evitar ser incriminados por la justicia. Navajas reclamar¨¢ la reapertura de la causa pese a que diceno albergar "grandes esperanzas de que llegue a sacarse algo en claro de este asunto". Se muestra confiado en que se ratifique "la versi¨®n oficial", pero, en cualquier caso, muestra su disposici¨®n "a llegar al fondo".

En su edici¨®n de ayer, el diario El Mundo dio cuenta de un informe del Cesid seg¨²n el cual efectivos de la Guardia Civil entraron en el domicilio del juez instructor del caso, Juan Piqueras, sustituyeron uno de los proyectiles conservados como prueba judicial, modificaron el ca?¨®n del arma homicida y manipularon un chaleco antibalas.La fabricaci¨®n y sustituci¨®n de estas pruebas judiciales responder¨ªan al prop¨®sito de simurlar que existi¨® un tiroteo entre la activista muerta y la Guardia Civil, para justificar as¨ª los dispasros que acabaron con la vida de Urigoitia, de 28 a?os. En el informe, elaborado por la Agrupaci¨®n Operativa del Cesid, dirigida entonces por el hoy procesado coronel Juan Alberto Perote, se indica que esta "serie de actividades" se realizaron "para evitar la actuaci¨®n de los jueces" en el contexto de la "c¨¦lebre pol¨¦mica del tiro en la nuca". Se a?ade que esta informaci¨®n parece ser que es conocida por el presidente del Gobierno, ministro de Interior Barrionuevo en aquellas fechas], Rafael Vera y alg¨²n otro".

Denuncia por allanamiento

El hilo de esta noticia, fuentes judiciales de la Audiencia donostiarra recordaron ayer que el director de la cl¨ªnica forense del Palacio de Justicia de San Sebasti¨¢n, Miguel ?ngel Carnicero, present¨® en aquellos d¨ªas una denuncia formal por allanamiento de esas dependencias judiciales, que eran custodiadas permanentemente por efectivos de la Guardia Civil. Esa denuncia, de la que no exist¨ªa noticia hasta ahora, fue presentada tres d¨ªas despu¨¦s producirse la muerte de Luc¨ªa Urigotia y una vez estallara en la prensa la pol¨¦mica sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la activista del comando Donostia de ETA.

Seg¨²n esas fuentes, Carnicero detect¨® la entrada de gente ajena a su servicio al encontrar abierto, por la ma?ana, uno de los armarios que se cerraban rigurosamente por la noche. "La puerta y los cajones no parec¨ªan haber sido forzados y todo parec¨ªa estar en su sitio, pero al director de la cl¨ªnica forense le pareci¨® que el detalle del armario era toda una evidencia", a?aden las mismas fuentes. En aquellas fechas, ante la expectaci¨®n general, los forenses se aplicaban a la tarea de redactar el informe del caso Urigoitia y en sus dependencias guardaban, de hecho, fotograf¨ªas, datos de la autopsia, dibujos y croquis. Al igual que el resto de las dependencias del Palacio de Justicia, la cl¨ªnica forense permanec¨ªa vac¨ªa, bajo llave, desde las siete de la tarde hasta las siete de la ma?ana bajo la custodia de los efectivos de la Guardia Civil. La denuncia fue archivada ante la posibilidad de probarla.

Juan Piqueras, el magistrado instructor del caso, archivado por falta de pruebas, declin¨® ayer cualquier comentario sobre el asunto de la supuesta violaci¨®n de su domicilio y de la fabricaci¨®n y sustituci¨®n de las pruebas periciales. Tanto ¨¦l como otros miembros de la judicatura donostiarra fueron sometidos en aquellas fechas a una dur¨ªsima presi¨®n, que alcanz¨® el punto de mayor intensidad cuando el Ministerio de Interior acus¨® al juez Piqueras de interferir en la investigaci¨®n policial por haber tomado testimonio a los otros presuntos activistas del comando Donostia detenidos en la misma operaci¨®n. Algunos de estos jueces no ocultaban en aquellas fechas su convencimiento de que estaban siendo espiados y sometidos a control telef¨®nico ilegal.

Tras la operaci¨®n antiterrorista del 22 de julio de 1987 en San Sebasti¨¢n, el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, respald¨® p¨²blicamente la actuaci¨®n policial y manifest¨®: "La operaci¨®n de San Sebasti¨¢n ha sido muy importante. Una operaci¨®n en la que se detiene a un comando y se entra en un piso en el que hay una persona armada y otras dos que no lo est¨¢n. La que lleva el arma resulta muerta y las otras dos detenidas". Lo que el presidente del Gobierno no conoc¨ªa entonces, seg¨²n dijo ayer el secretario general del portavoz del Gobierno, Miguel Gil, es la supuesta falsificaci¨®n de las pruebas de la muerte de Urigoitia "para evitar la acci¨®n de los jueces". Gonz¨¢lez se ha enterado de la presunta falsificaci¨®n de las pruebas de la muerte en 1987 de Urigoitia por lo publicado en un medio de comunicaci¨®n, seg¨²n Gil, quien asegur¨® que "ning¨²n miembro del Gobierno ten¨ªa conocimiento de lo publicado".

Desconocimiento del Gobierno

El ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, tambi¨¦n asegur¨® ayer que el Gobierno desconoc¨ªa la supuesta fabricaci¨®n de pruebas falsas sobre la, muerte de Luc¨ªa Urigoitia.

En relaci¨®n con la actuaci¨®n del juez Piqueras y con las presiones que sufri¨® desde el Ejecutivo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juli¨¢n Serrano Pu¨¦rtolas y Adri¨¢n Celaya elaboraron un informe del que dieron cuenta al pleno del CGPJ El entonces presidente del CGPJ, Antonio Hern¨¢ndez Gil, ya fallecido, inform¨® tambi¨¦n de su conversaci¨®n sobre esta materia con el presidente Gonz¨¢lez. Fuentes pr¨®ximas a Hern¨¢ndez Gil aseguran que transmiti¨® a los dem¨¢s consejeros prudencia al elaborar el escrito de apoyo al juez Piqueras.

El catedr¨¢tico Celaya mostr¨® ayer su extra?eza ante la posibilidad de que se alteraran las pruebas en el domicilio del instructor del caso, informa desde Bilbao Eva Larrauri. "No me consta que se hubieran registrado ese tipo de irregularidades; si no, el Consejo se habr¨ªa movilizado de otra manera". Celaya recuerda que el juez Piqueras sufri¨® "un acoso" por parte del entonces gobernador civil de Guip¨²zcoa, Jos¨¦ Ram¨®n Go?i Tirapu. "El Consejo sali¨® en defensa de la independencia del juez, que en todo momento tuvo una actuaci¨®n correcta. Fue una muerte extra?a que no qued¨® aclarada, pero no era labor del Consejo continuar la investigaci¨®n", explica Celaya.