Insultos y sentencias

"TODA INFORMACI?N es, por definici¨®n, una manipulaci¨®n de los hechos que se quieren exponer". Toda sentencia tambi¨¦n, habr¨ªa que a?adir a las expresiones del magistrado Ignacio Riego Valledor, autor de la resoluci¨®n que desestimaba la demanda por intrusi¨®n ileg¨ªtima en el honor interpuesta por Jes¨²s de Polanco y Juan Luis Cebri¨¢n, presidente y consejero delegado del grupo Prisa, contra Pablo Sebasti¨¢n.La sentencia (ver la p¨¢gina 25 de hoy en EL PA?S), contra la que se ha elevado el correspondiente recurso es digna de atenci¨®n. En primer lugar, porque el juez no se limita a desestimar la demanda, interpuesta, sino que pretende sentar c¨¢tedra sobre. materia tan importante como la libertad de expresi¨®n. En segundo lugar, por que llevado de un entusiasmo digno de mejor criterio, aprovecha el viaje no ya para negar a los demandantes la reparaci¨®n d¨¦ los derechos que cre¨ªan lesionados, sino para establecer una serie de juicios peyorativos para ellos, en una especie de condena a?adida contra quienes hab¨ªan recurrido a los tribunales en busca de amparo.

Los principios defendidos por Riego Valledor pueden resumirse en dos:

1. La exigencia de veracidad que obliga a un periodista acerca de los hechos que cita "tiene distinto alcance" seg¨²n se trate de informaciones o art¨ªculos de opini¨®n. As¨ª, tildar a un juez de prevaricador exigir¨ªa menos comprobaciones si se hace en un editorial que en una gacetilla.

2. La insinuaci¨®n de la comisi¨®n de un delito -y la exigencia de investigarlo- no implica un deber de diligencia informativa para comprobar la veracidad de los hechos por parte del articulista, si ¨¦ste se basa en el testimonio de un tercero que dice haber o¨ªdo algo al respecto. No ser¨ªa obligaci¨®n del periodista "garantizar ni la fiabilidad del testigo ni la veracidad de la historia". Y el honor de los calumniados por la maledicencia no merece protecci¨®n jur¨ªdica, de acuerdo con la decisi¨®n del magistrado Riego Valledor. O sea que bastar¨ªa haber o¨ªdo a alguien asegurar que el juez en cuesti¨®n ha cobrado por dictar tal sentencia, y pedir una investigaci¨®n al respecto, para poder sugerirlo impunemente.

No aplicaremos a este magistrado, que esperamos sea desautorizado por la Audiencia, el tratamiento de su misma medicina, pero su sentencia merece una reflexi¨®n a?adida por cuanto afecta a cuestiones de amplio debate p¨²blico y, que tienen connotaciones sociales y pol¨ªticas de primera categor¨ªa.

Es sabido que en el crispado ambiente de la vida espa?ola los medios de comunicaci¨®n han jugado y juegan un papel estelar. Gracias a ellos, en gran medida, se han podido descubrir y denunciar las corrupciones, errores y fracasos de muchos gobernantes. La prensa ha desempe?ado otra vez, y con notable ¨¦xito, su misi¨®n de controlar al poder y denunciar sus abusos. Este es un m¨¦rito atribuible a muchos diarios y publicaciones. Pero al hilo de este protagonismo se han establecido pr¨¢cticas dudosas por parte de algunos informadores y columnistas o comentaristas de radio, basadas con mucha frecuencia en la difamaci¨®n y la injuria, que utilizan m¨¦todos desleales en la competencia o sirven simplemente a su propia vanidad y lucro. Ser¨ªa absurdo suponer, por lo dem¨¢s, que en una sociedad en la que ha hecho mella la corrupci¨®n tal como sabemos, no se hubieran corrompido tambi¨¦n periodistas.

En ese clima de enfrentamiento civil que algunos han provocado en la prensa espa?ola, nuestro peri¨®dico, sus profesionales y directivos y los del grupo de empresas en su entorno, han sido frecuente objeto de ataques calumniosos, operaciones y campa?as de desprestigio, a las que habitualmente no hemos querido contestar, ya que siempre hemos cre¨ªdo que el respeto a los lectores exige no marearles con este tipo de historias. Tambi¨¦n nos resistimos durante a?os a acudir a los tribunales, ante los que hemos comparecido no pocas veces en calidad de acusados y en necesidad de defender los principios, para nosotros irrenunciables, de la libertad de expresi¨®n. Pero siempre hemos estimado que estos principios tienen un l¨ªmite, pues no hay libertad absoluta ni derecho que pueda ampararla como tal, y hemos trabajado, in¨²tilmente, por la creaci¨®n de un sistema de autocontrol, mediante c¨®digos deontol¨®gicos, por parte de los propios periodistas.

La demanda contra Sebasti¨¢n ten¨ªa, desde nuestro punto de vista, un sentido ejemplarizante. Es necesario que la jurisprudencia marque las reglas de juego en el uso de la libertad de prensa, en un momento en que bajo esa bandera se amparan ejercicios de chantaje y amenaza. Los ciudadanos de cualquier pa¨ªs libre deben tener confianza en la existencia de una Administraci¨®n de justicia independiente, r¨¢pida y barata, que responda a estas cuestiones. Creemos que el juez Riego Valledor, anclado quiz¨¢ en antiguas militancias, no ha entendido el problema que ten¨ªa entre manos. No se trataba de juzgar sobre una reparaci¨®n econ¨®mica, a la que la demanda no apelaba sino de forma simb¨®lica, ni de sancionar penalmente a quien con toda desfachatez hab¨ªa imputado la comisi¨®n de un delito a los directivos de Prisa. Se trataba y se trata de impedir que se instaure un clima de ofensas, guerracivilismo, agresiones y difamaci¨®n en la vida espa?ola. Si los criterios de Riego Valledor se convierten en doctrina jur¨ªdica, por extravagante que parezca, la calumnia y la injuria entender¨¢n su terreno de acci¨®n con total impunidad. Si los m¨¦todos de extorsi¨®n, amenaza y destrucci¨®n sistem¨¢tica de la reputaci¨®n ajena que emplean algunos columnistas merecen el amparo de los tribunales -objeto, lo mismo que otras instituciones, del chantaje de la vanidad o del miedo-, podremos decir con raz¨®n que la convivencia democr¨¢tica se ver¨¢ seriamente amenazada. Entronizar el insulto como m¨¦todo de debate pol¨ªtico o como sustituto de una leal competencia comercial no es la mejor manera de trabajar por la libertad, sino la forma m¨¢s r¨¢pida de acabar con ella.