La santa indignaci¨®n

Seg¨²n una opini¨®n, aparentemente muy extendida, es lamentable que el presidente del Gobierno no presentara su dimisi¨®n, o no disolviera las Cortes, tan pronto como en las famosas actuaciones judiciales aparecieron datos que permit¨ªan sospechar alg¨²n grado de connivencia entre el aparato del Estado y los GAL. Los motivos para pensar as¨ª son, a m¨ª entender, de tres ¨®rdenes distintos. Uno se basa en la idea de que esta sospecha pone la pol¨ªtica nacional en manos de los jueces y debilita al Gobierno, en un momento en el que Espa?a tiene necesidad de un Gobiemo fuerte, capaz, entre otras cosas, de imponer una pol¨ªtica econ¨®mica de austeridad. Otro se apoya en el temor a las funestas consecuencias que para el resultado de las pr¨®ximas elecciones puede tener el mantenimiento de la situaci¨®n y tiene, como es l¨®gico, muy diversas variantes (el temor de las gentes del PSOE a una derrota, el miedo desinteresado a que el nuevo Gobierno no tenga enfrente una oposici¨®n fuerte; incluso, ha llegado a decirse, el fingido temor de las gentes del PP, que preferir¨ªan no tener que enfrentarse una vez m¨¢s con Felipe Gonz¨¢lez). Otro se fundamenta, por ¨²ltimo, en la idea de que la negativa a dimitir y renuencia a disolver implican una, grave quiebra de la ¨¦tica pol¨ªtica, una violaci¨®n de los principios elementales de la democracia.Aunque en el fragor de la contienda los tres tipos de argumentos se entremezclan, conceptualmente son bien distintos y deben ser analizados por separado. Los dos primeros son argumentos puramente pol¨ªticos, de adecuaci¨®n entre medios y fines, adecuados para una discusi¨®n racional en la que se pondere las venir tajas e inconvenientes de las distintas soluciones. Aunque son o deber¨ªan ser los decisivos, no me voy a detener, sin embargo en ellos porque no es de ellos de donde viene el pathos espec¨ªfico de nuestra situaci¨®n actual, esa ardiente indignaci¨®n que no s¨¦ si est¨¢ muy generalizada, pero de la que hacen virtuosa ostentaci¨®n casi todos los que se ocupan de estas cosas en la prensa y en la radio. Una indignaci¨®n que se nos ofrece como ajena a toda consideraci¨®n de inter¨¦s o conveniencia, fruto puro de la sensibilidad moral y democr¨¢tica de quienes la experimentan; unasanta indignaci¨®n. De lo que l¨®gicamente se siguen dos consecuencias; una, muy mala: que hemos de consideramos culpables de laxitud moral o de abulia pol¨ªtica quienes no nos sintamos dominados por ella; otra, menos evidente y seguramente no querida, pero a¨²n peor: que llegada la hora de la verdad, la responsabilidad pol¨ªtica del gobernante dem¨®crata es cosa tan vac¨ªa de contenido como la responsabilidad ante Dios y ante la Historia". La necesidad de prevenir estas consecuencias perversas es la que aconseja detenerse un poco sobre lo bien fundado de esta santa indignaci¨®n, real o fingida.

El razonamiento que la sustenta es claro: aunque no se haya demostrado a¨²n la responsabilidad jur¨ªdica de miembros del Gobierno, o de su presidente, en los cr¨ªmenes del GAL, tenemos ya ahora razones suficientes para pensar que pudieran tenerla. Esa simple posibilidad razonables es, sin embargo, suficiente para considerarlo pol¨ªticamente responsable de esa grav¨ªsima violaci¨®n del derecho, y obligado por tanto a expiar su culpa presentando su dimisi¨®n, o disolviendo inmediatamente las Cortes, o haciendo tanto lo uno como lo otro. Junto a este razonamiento central, se utilizan otros que derivan de ¨¦l directa o indirectamente y que tienen frecuentemente algunas debilidades inherentes. Pero como no trato de polemizar, ni menos a¨²n, de ofrecer a don Felipe Gonz¨¢lez justificaciones para su empecinamiento, los dejo de lado para volver al n¨²cleo argumental, que es, a mi juicio, muy endeble.

El razonamiento tiene en efecto una relaci¨®n de. hechos cierta, pero incompleta, y una conclusi¨®n apresurada. Es cierto que en la instrucci¨®n penal hay indicios, atisbos, o como se les quiera llamar, de que, fuera o no organizado desde el poder, el GAL recibi¨® ayudas del Estado y actu¨® con su complacencia, y hasta es posible, aunque no lo creo probable, que alg¨²n miembro del Gobierno, o su presidente, puedan ser condenados penalmente por ello. Pero con decir esto no se dice todo lo que sobre este asunto sabemos. Que de esos hechos eso puede ser pol¨ªticamente responsable el presidente del Gobierno, es cosa cierta; que en raz¨®n de esa responsabilidad vaya a ser considerado pol¨ªticamente culpable, es mucho menos seguro ,y hasta improbable y, por tanto, no veo por qu¨¦ deba escandalizar nos el hecho de que no anticipe ¨¦l su castigo, dimitiendo de su cargo o disolviendo las Cortes que hasta ahora lo han mantenido en ¨¦l.

Mis dudas sobre la probabilidad de la condena pol¨ªtica y mi resistencia a indignarme me vienen del mismo razonamiento que apoya la indignaci¨®n, pero completado con esa otra parte de la realidad conocida que en ¨¦l no se toma en cuenta y que es extremadamente relevante para su conclusi¨®n, pues responsabilidad pol¨ªtica y responsabilidad penal son cosas muy distintas, aunque todos, y en primer lugar el PSOE y el Gobierno, se hayan empe?ado durante mucho tiempo en confundirlas. Perd¨®neseme por volver una vez m¨¢s sobre este tedioso asunto.

Entre las diversas acepciones que el t¨¦rmino "responsable" tiene en castellano, las dos relevantes aqu¨ª son las que el Diccionario de la Real Academia Espa?ola coloca en primar y tercer lugar. Ser responsable significa en nuestra lengua, en primer lugar, estar obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona; en tercero, ser culpable de alguna cosa. La conexi¨®n entre ambos significados se produce s¨®lo, como es obvio, cuando la persona ante quien se ha de responder considera culpable a quien responde Para ello ha de tener la facultad de hacerlo y esta facultad puede estar limitada por una norma previa o dejada por entero al criterio de quien debe resolver. En eso radica la diferencia entre la responsabilidad pol¨ªtica y la penal: los jueces han de consideramos culpables y condenarnos siempre que los actos de los que somos responsables est¨¦n definidos como il¨ªcitos por una ley previa, y s¨®lo en ese caso. Por el contrario, quien juzga sobre la responsabilidad pol¨ªtica no ha de someterse a regla previa alguna, sino a su propio criterio. Puede considerar que la conducta del responsable merece condena, por l¨ªcita que resulte desde el punto de vista del derecho, o irrelevante, y hasta encomiable, aunque sea jur¨ªdicamente atroz.

Que el presidente del Gobierno es pol¨ªticamente responsable, de todo lo que el Gobierno hizo y dej¨® de hacer, es indiscutible, pero esa responsabilidad s¨®lo se transforma en culpa pol¨ªtica cuando as¨ª lo decide quien tiene poder para ello, es decir, seg¨²n la Constituci¨®n, las Cortes Generales, que hasta el presente no lo han hecho; ni siquiera lo han intentado.

Naturalmente, esto no significa mucho. Por desgracia, en los sistemas parlamentarios europeos, el ¨®rgano a quien se faculta para "exigir la responsabilidad pol¨ªtica" del Gobierno, el Parlamento, desempe?a muy mal su funci¨®n por razones que son conocidas y que no viene de ahora. Don Gumersindo de Azc¨¢rate, en. un libro excelente, y olvidado, como casi todo entre nosotros, las expon¨ªa, hace ya m¨¢s de cien a?os y en lo fundamental no han cambiado mucho. Por esa incapacidad de los Parlamentos, tan patente en nuestras Cortes, siltua siendo v¨¢lido lo que en un. contexto muy distinto afirmaba el viejo liberaL hay que disolver las C¨¢maras y convocar elecciones cuando hay razones para creer que, el pa¨ªs no se siente ya representado en ellas. Y aqu¨ª est¨¢ la gran cuesti¨®n, y eso es lo que se echa en falta en el argumento de que nace la indignaci¨®n. No hac¨ªan falta, muchas, luces para sospechar, ya en 1983, que los GAL contaban en mayor o menor medida con la connivencia. del poder y para advertir. que ni el Gobierno ni su presidente pon¨ªan gran empe?o en impedirlo. ?Qu¨¦ razones puede tener ¨¦l se?or Gonz¨¢lez para pensar que en este punto las Cortes ya no nos representan adecuadamente, que ahora juzga la mayor¨ªa de los espa?oles. contrario al Estado de derecho y condenable lo que durante. 12 a?os ha tolerado en silencio, ratificado en varias elecciones y en no pocos casos me temo, -aplaudido? ?Qu¨¦ razones, morales hay para indignarse, no porque no haya decidida disolver las, Cortes, que ya lo ha hecho, y de manera harto extravagante, sino por no haberlo hecho m¨¢s aprisa? Razonos pol¨ªticas para pensar. que hubiera, sido mejor hacerlo antes hay muchas, como no faltan para sostener lo contrario, pero qued¨¦monos en el plano de la pol¨ªtica y dejemos en paz la moral y los grandes principios, que son armas peligrosas para usarlas en la contienda pol¨ªtica. Al llegar a los tribunales los indicios de la connivencia del poder con quienes violaban las leyes y comet¨ªan cr¨ªmenes, le es m¨¢s dif¨ªcil a nuestra sociedad seguir mirando hacia otro lado, pero la necesidad de contar con un chivo. expiatorio es pobre fundamento para la santa indignaci¨®n,