Batalla al rojo vivo en torno al cable

La batalla en torno a la ley del cable contin¨²a al rojo vivo. Se mantienen abiertas las conversaciones del PSOE con el PP y con IU para tratar de desbloquear el proyecto de ley reguladora de este sector y el ministro de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente, Jos¨¦ Borrell, ha propuesto un acuerdo al portavoz parlamentario del PP, Rodrigo Rato. Izquierda Unida, por su parte, ha ofrecido al partido socialista f¨®rmulas de consenso para aprobar la ley por v¨ªa de urgencia.Mientras ese proceso sigue su curso, desde la sede central del PP, en la madrile?a calle de G¨¦nova, se renovaron ayer los mensajes p¨²blicos en el sentido de que este partido mantiene su intenci¨®n de que los ayuntamientos en que gobierna -54 de ellos con m¨¢s de 100.000 habitantes- convoquen concursos, antes de fin de a?o, para decidir qui¨¦n debe ser el Operador de cable de esas ciudades.

Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, recientemente designado para coordinar la pol¨ªtica del PP respecto al cable, indic¨® a este peri¨®dico que ya est¨¢ redactando el documento base para los concursos municipales. "Estamos preparando el modelo de concesi¨®n", especific¨®.

Directrices

La nueva estrategia municipal del PP en materia de cable se aprob¨® en la reuni¨®n celebrada por los ediles populares el lunes pasado, en la sede central del PP. De acuerdo con las directrices que all¨ª se marcaron, los ayuntamientos gobernados por el PP aprobar¨¢n primero una ordenanza municipal, en la que se establecer¨¢n los criterios b¨¢sicos de la adjudicaci¨®n de las redes de cable; y despu¨¦s deber¨¢n hacer p¨²blicas, a trav¨¦s de una orden municipal, las bases de adjudicaci¨®n y la convocatoria del concurso.

Las razones por las que se fija este procedimiento son, seg¨²n consta en el documento entregado a los alcaldes del PP, "la seguridad jur¨ªdica y la transparencia en la gesti¨®n", "la participaci¨®n ciudadana" y "la igualdad de trato y la no discriminaci¨®n por razones pol¨ªticas".

En el documento se justifica adem¨¢s esa iniciativa en que "existe un vac¨ªo legal en materia de gesti¨®n local de televisi¨®n por cable" y varias sentencias del Tribunal Constitucional "en las que se reconoce expresamente el derecho de los ayuntamientos a regular la utilizaci¨®n del dominio p¨²blico municipal, permitiendo la instalaci¨®n de redes de cable".

Mientras tanto, prosiguen las declaraciones que subrayan importantes diferencias entre PSOE y PP. El ponente Socialista del proyecto de ley de telecomunicaciones por cable, Genaro Garc¨ªa Arreciado, ha dicho que el concurso que se proponen sacar adelante los ayuntamientos del PP para cablear con red de alta tecnolog¨ªa es ilegal, "a no ser que se limiten ¨²nicamente a la televisi¨®n por cable". Esa postura se deriva de la consideraci¨®n de las telecomunicaciones como una competencia, reservada al Estado por la propia Constituci¨®n.

Los populares sostienen, por el contrario, que no existe ilegalidad alguna en cablear las ciudades con fibra ¨®ptica. Adem¨¢s, el PP distribuy¨® un comunicado en el que se?ala que "municipalizar las obras de infraestructura no es un error". La nota a?ade: "El error ser¨ªa que el Gobierno monopolizara el mercado libre, porque ir¨ªa en perjuicio de todos los ciudadanos".

La iniciativa del PP ha coincidido con la decisi¨®n del ayuntamiento de Barcelona, regido por el socialista Pasqual Maragall, para adjudicar el cableado piloto de la ciudad a un consorcio que cuenta con una importante participaci¨®n de la telef¨®nica norteamericana US West y con una peque?a participaci¨®n del propio ayuntamiento, entre otros socios. Esa decisi¨®n fue s¨®lo el pr¨®logo de la que adoptaron el mi¨¦rcoles otros 11 ayuntamientos catalanes gobernados por el PSOE e Iniciativa per Catalunya (IU), partidarios de adjudicar conjuntamente los servicios por cable.