El fiscal se opone a que se consideren prescritos los supuestos delitos de la colza

?Exenci¨®n de la responsabilidad penal por la prescripci¨®n de los presuntos delitos: s¨ª o no? ?ste fue el debate que marc¨® la segunda sesi¨®n del juicio en la Audiencia Nacional, en Madrid, contra cinco ex altos cargos de la antigua UCD y dos ex concejales por supuesta imprudencia temeraria, con resultado de muertes y lesiones, en el caso de la colza. Pese a considerar que ¨¦stos deben ser absueltos, el fiscal respald¨® a los acusadores al sostener que s¨®lo las pruebas determinar¨¢n, en la sentencia, si hubo o no delitos y, de haberlos, si han prescrito o no A la espera de lo que el tribunal resuelva el pr¨®ximo lunes, en la reanudaci¨®n de la vista, sobre la prescripci¨®n de los supuestos delitos planteada por los defensores de los inculpados, los afectados por el s¨ªndrome t¨®xico tuvieron ayer dos satisfacciones parciales.

Una, referente a esa cuesti¨®n, cuando el abogado del Estado apunt¨® que, aunque se estimase que han prescrito, tesis que ¨¦l apoya, podr¨ªan emprender nuevas acciones directas contra la Administraci¨®n. Otra, cuando el presidente de la sala, Jos¨¦ Antonio Mara?¨®n, advirti¨® que ni ¨¦l ni sus compa?eros -Manuela Fern¨¢ndez, la ponente, y Jorge Campos- se sienten vinculados con la indicaci¨®n de Carlos Bueren, el juez instructor, de que (le las indemnizaciones que tuviera que pagar el Estado como responsable civil subsidiario -se piden 600.000 millones de pesetas- habr¨ªa que deducir parte del dinero -casi 110. 000 hasta ahora- abonado en ayudas y asistencias.

La sesi¨®n hab¨ªa comenzado con un acuerdo positivo para los perjudicados: el rechazo del tribunal, por no apreciar indefensi¨®n, a las peticiones de nulidad de las actuaciones presentadas en la anterior por los letrados de los procesados. Sin embargo, otros aspectos les hab¨ªan sido negativos. Por ejemplo, la prohibici¨®n de que las c¨¢maras de televisi¨®n entren en la Audiencia. A su deseo de que su causa tenga la mayor publicidad posible -varios centenares volvieron a cortar el tr¨¢fico en la calle de G¨¦nova durante varias horas se opuso el derecho a la imagen de los ocupantes del banquillo.

Cinco o diez a?os de plazo

Despu¨¦s se suscit¨® el dilema de las prescripciones. Apoyados por el abogado del Estado, los defensores de los acusados argumentaron que desde el momento en que habr¨ªan cometido los supuestos delitos, nunca m¨¢s tarde de 1981, hasta el de sus respectivas imputaciones transcurri¨® de sobra el periodo de cinco a diez a?os que establece la ley, en funci¨®n de la pena que se podr¨ªa imponer a cada uno, para estimarlos prescritos.

Los acusadores replicaron que sus actos tuvieron una repercusi¨®n continuada en el tiempo. As¨ª, reflejaron los casos de Manuel Hern¨¢ndez, ex director del Laboratorio Central de Aduanas, y Federico Povedano, ex jefe de Importaci¨®n de Productos Agr¨ªcolas. El primero emiti¨® en 1973 un informe que dio luz verde a las anilinas. El segundo firm¨® en 1981 la ¨²ltima licencia para la entrada de la colza desnaturalizada para usos industriales.

"Mantenernos", dijo uno de estos abogados, "que los resultados [de sus negligencias] no fueron la falta de control [a los aceiteros], sino las muertes que se sucedieron". "No es un problema de plazos, sino de intereses sociales", a?adi¨® otro, "y de que no haya inseguridad Jur¨ªdica".