Varapalo al secretismo del Consejo de la Uni¨®n Europea

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, dio ayer un varapalo a las pr¨¢cticas secretistas del Consejo de Ministros de la Uni¨®n Europea (UE). Los magistrados han anulado la decisi¨®n por la que el Consejo denegaba al diario The Guardian la documentaci¨®n de dos sesiones ministeriales de los Quince sobre Justicia e Interior y Agricultura. Y le conminan a que, "en cada caso" en que los ciudadanos pidan acceso a sus papeles, tome una decisi¨®n equilibrada, teniendo en cuenta tanto la confidencialidad de los debates como el derecho de los ciudadanos a la informaci¨®n.La sentencia del tribunal -constituido en su nivel de primera instancia- da la raz¨®n al diario brit¨¢nico, apoyado en su demanda por el Parlamento Europeo y los Gobiernos de Dinamarca y de Holanda. El peri¨®dico ve reconocido lo fundamental de su petici¨®n: que se anule la negativa gen¨¦rica del Consejo a divulgar los documentos preparatorios que recogen las deliberaciones de los ministros. Por eso, el Consejo de la UE ha sido condenado a pagar las costas.

Eso no significa que todas las discusiones de los ministros deban ser p¨²blicas. La propia normativa del Consejo, elaborada en 1993, establece que el acceso a un documento puede ser rechazado si su divulgaci¨®n atenta contra "la protecci¨®n del inter¨¦s p¨²blico" -seguridad, estabilidad monetaria, relaciones internacionales, inspecci¨®n e investigaci¨®n-, la "protecci¨®n del individuo y de la vida privada", la del secreto comercial e industrial, los intereses financieros de la UE o la confidencialidad solicitada por una persona que ha proporcionado informaci¨®n a los ministros.

Norma y excepci¨®n

El tribunal de primera instancia no echa por tierra esas excepciones a la transparencia. Simplemente, viene a decir que la norma es la transparencia y que el secreto es la excepci¨®n. T¨¦cnicamente: el Consejo debe "establecer un equilibrio entre el inter¨¦s del ciudadano a obtener acceso a los documentos y su eventual inter¨¦s en preservar el secreto de las delibera?iones". Y esta tarea salom¨®nica debe realizarla el propio Consejo "cada vez" que un ciudadano pida sus documentos.

Es precisamente lo que no hizo en el caso planteado por John Carvel, de The Guardian. Y por eso ahora los magistrados no obligan al ¨®rgano ejecutivo-legislativo de la UE a entregar autom¨¢ticamente al peri¨®dico las actas de sus sesiones, sino a decidir si, debe entregarlas o no, en este caso, con razones espec¨ªficas que salvaguarden los derechos de ambas partes.

Ahora el Consejo puede recurrir ante el TJCE en su instancia superior. Pero no es seguro que lo haga, porque ¨¦l mismo ha evolucionado en un sentido de mayor transparencia desde 1993.