La inmaculada transici¨®n

Apenas veinte a?os despu¨¦s de la muerte del dictador comienza a prosperar en la historiograf¨ªa espa?ola la tesis de que el franquismo fue un antecedente necesario de la democracia y la transici¨®n una operaci¨®n intramuros del r¨¦gimen, end¨®genamente franquista, sin mancha exterior. ?C¨®mo es posible que el franquismo como predemocracia y la transici¨®n inmaculada, esos dos disparates doctrinales, y sobre todo esas provocadoras falsificaciones de la realidad, tengan circulaci¨®n hist¨®rica y medi¨¢tica en una Espa?a que todav¨ªa es democr¨¢tica y cuando a¨²n viven muchos de los protagonistas de ambos- procesos?Las 34 instauraciones / transiciones a la democracia que se producen en la segunda mitad del siglo XX, y que deber¨ªan acabar con la pretensi¨®n de que la nuestra fue ¨²nica y ejemplar, han dado lugar a numerosos estudios emp¨ªricos y a un vasto corpus te¨®rico. Sus compiladores m¨¢s notorios, desde Sclimitter y O'Donnell en Am¨¦rica a Hermet y Morlino en Europa, consideran que sus rasgos principales son: que se hacen siempre desde arriba y al hilo de la evoluci¨®n social y econ¨®mica de los pa¨ªses concernidos; que sus actores principales son las estructuras pol¨ªticas formalizadas -partidos e instituciones-, teniendo las, fuerzas populares s¨®lo una participaci¨®n coyuntural y adjetiva; que su instrumento privilegiado es el pacto entre los l¨ªderes; que su condici¨®n esencial es la condonaci¨®n y el olvido del pasado autocr¨¢tico por obra de los partidos hist¨®ricamente democr¨¢ticos.

Agrego, y pienso que los autores citados lo suscribir¨ªan, que, en el bloque occidental, todas esas transformaciones ocurren con el benepl¨¢cito y bajo el control de Estados Unidos. Y, finalmente, a?ado que las transiciones, seg¨²n que los ocupantes de la c¨²pula pol¨ªtica cambien o sigan siendo los mismos, se dividen en transitivas e intransitivas. Checoslovaquia y Vaclav Havel son el paradigma de las primeras. Espa?a, con un jefe de Estado y un jefe de Gobierno que van, directa y gloriosamente, de la dictadura a la democracia, son expresiva ilustraci¨®n de las segundas. Esta afirmaci¨®n atenida a los hechos no apunta a descalificaci¨®n personal alguna. Es m¨¢s, cuando a mediados de los ochenta conoc¨ª a Adolfo Su¨¢rez me pareci¨® un dem¨®crata sincero, y mi colaboraci¨®n actual con dos espa?oles eminentes que estuvieron muy pr¨®ximos a ¨¦l me confirma en esa opini¨®n.

La transici¨®n espa?ola, por lo dem¨¢s, ha sido tambi¨¦n objeto de una sostenida atenci¨®n bibliogr¨¢fica. En su abrumadora mayor¨ªa, alineada con la tesis acad¨¦mica dominante a que acabo de referirme. Quienes disienten de esa lectura han sido condenados a la inexistencia. La versi¨®n can¨®nica del PSOE sobre la transici¨®n, publicada por su casa. editorial y coherente con esa condena, ignora, entre las m¨¢s de ochocientas referencias recogidas, todos los textos de la izquierda revolucionaria, excluida ETA, y obviamente a, los independientes: Garc¨ªa Trevijano, Calvo Serer, Trist¨¢n de la Rosa, etc¨¦tera. Todos tachados, inexistentes. En mi caso, ni siquiera se recoge el n¨²mero monogr¨¢fico de la revista francesa Pouvoirs de 1979 que coordin¨¦ conjuntamente con Caracasonne y Hermet y que, en este tema, es cita obligada en el vecino pa¨ªs.

En cualquier caso, lo que importa es se?alar que, en esa casi un¨¢nime interpretaci¨®n, la lucha popular por la democracia es, apenas, un tel¨®n de fondo para la acci¨®n negociadora de los partidos, que dicen ser los ¨²nicos capaces de conferir viabilidad al proceso y legitimidad a sus resultados. La movilizaci¨®n ciudadana en la Espa?a de los a?os 1972-1977, tan notable si la comparamos con la apat¨ªa pol¨ªtica que reg¨ªa en ese tiempo en las democracias occidentales, y tan patente para quienes la vivimos de cerca, ha sido y sigue siendo, obstinadamente, negada por casi todo el mundo.

Un analista tan brillante y poco sospechoso de conformismo partidista como Ignacio Sotelo, que ya me reproch¨® la supervaloraci¨®n de ese fen¨®meno cuando se present¨® en 1981 mi Diario de una ocasi¨®n perdida, ha reiterado el argumento, en un reciente art¨ªculo en este peri¨®dico, al atribuir la supuestamente escasa presi¨®n popular durante la transici¨®n a falta de responsabilidad social cuando, al contrario, el fin de la vigorosa acci¨®n ciudadana fue de la exclusiva responsabilidad de los l¨ªderes pol¨ªticos. Porque fueron ellos quienes, en el acto de. creaci¨®n de Coordinaci¨®n Democr¨¢tica, decretaron la desmovilizaci¨®n de la base al exigir que para cualquiera acci¨®n de masas, fuese necesario el acuerdo previo de- todos sus componentes. Lo que era impracticable y dio la calle a Manuel Fraga, que la quer¨ªa para ¨¦l solo. Movilizaci¨®n proteica y m¨²ltiple de numerosos ¨¢mbitos sociales y profesionales, movilizaci¨®n que no era comunista, sino antifranquista, que no segu¨ªa al PCE, sino sobre la que el PCE cabalgaba y que por ello -y ¨¦se fue el error de Santiago Carrillo- no pod¨ªa traducirse autom¨¢ticamente en votos.

Quedaron, pues, con ello los partidos como legitimadores ¨²nicos de la transici¨®n espa?ola. Pero los liberales y democristianos murieron enseguida a manos de UCD; el capital democr¨¢tico del PCE lo utilizaron sus dirigentes para enterrar la memoria de la resistencia y para pagar su cuota de entrada en el consenso heredofranquista; la corrupci¨®n y el GAL han convertido al PSOE en un referente democr¨¢tico inutilizable.

Adem¨¢s, en nuestra sociedad desmemoriada, sometida al imperio de lo ef¨ªmero, el presente lo invade todo y, as¨ª, la p¨¦rdida de legitimidad de las fuerzas democr¨¢ticas en la Espa?a de hoy tiene, retroactivamente efectos compensatorios para la Espa?a de entonces. La ignominia de estos 23 muertos del GAL neutraliza la infamia de aquellos miles de fusilados de Franco. El fervor denunciante de los cr¨ªmenes antidemocr¨¢ticos a que estamos asistiendo por parte de los herederos de la victoria tiene en su reverso el prop¨®sito impl¨ªcito de igualarnos a todos en la abyecci¨®n. Todos igualmente deslegitimados, todos igualmente indignos.

Desaparecida la legitimaci¨®n, queda como criterio exclusivo la legalidad. Con lo que la transici¨®n se convierte en una operaci¨®n institucional, es decir, en un manejo t¨¦cnico legal capaz de autotransformar la dictadura en democracia. Operaci¨®n que comienza a principios de los setenta, en el seno del Movimiento, con el intento de pluriformizar el partido ¨²nico franquista, en expresi¨®n de Fern¨¢ndez-Miranda, su secretario general, mediante la creaci¨®n de unas asociaciones pol¨ªticas d¨²ctil¨¦s y fiables. Intento que se prolonga al hilo del llamado desarrollo pol¨ªtico y cuyo eje central es considerar que las leyes fundamentales de la dictadura -la legalidad autocr¨¢tica- son la ¨²nica v¨ªa practicable, el ¨²nico instrumento eficaz para la democratizaci¨®n.

Opci¨®n en la que coinciden gentes de dentro, situadas en la constelaci¨®n aperturista del r¨¦gimen como Iglesias Selgas, Orti Bord¨¢s, Mart¨ªn Villa, Gabriel Cisneros, etc¨¦tera, y de su periferia como Herrero de Mi?¨®n y Jorge de Esteban. Opci¨®n de continuismo reformista que acaba prevaleciendo y encuentra en la Ley de Reforma Pol¨ªtica su expresi¨®n m¨¢s acabada. La perspectiva de autosuficiencia de lo legal en que esa opci¨®n se sit¨²a ha acabado constituy¨¦ndose en el principio, ¨²ltimamente determinante, de la democracia espa?ola. Reforzado por la juridizaci¨®n general de los pa¨ªses desarrollados en los a?os ochenta -cuando voy al ba?o, le o¨ª decir al presidente de una multinacional, me llevo a mi abogado por si acaso- lo legal ser¨¢, en la Espa?a democr¨¢tica, el referente, por exce

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