El ministro que se gan¨® a la polic¨ªa
Barrionuevo sufri¨® derrotas en el Constitucional y fracas¨® al intentar apartar a Garz¨®n del 'caso GAL'
Jos¨¦ Barrionuevo Pe?a, de 53 a?os, inspector de Trabajo, el primer ministro de Interior de Felipe Gonz¨¢lez, podr¨¢ por fin prestar declaraci¨®n ante el juez sobre los GAL, una organizaci¨®n terrorista que perpetr¨® entre 1983 y 1986 cerca de una treintena de asesinatos en el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s. No lo har¨¢ como testigo, sino como imputado por tres delitos: secuestro, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y pertenencia a banda armada.Barrionuevo salt¨® a Interior desde la Concejal¨ªa de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. A eso se reduc¨ªa su experiencia en el ¨¢rea del departamento que le fue encomendado tras la resonante victoria del PSOE en las urnas en octubre de 1982, aunque ten¨ªa experiencia, en la Administraci¨®n.
Hab¨ªa sido delegado del SEU, el sindicato estudiantil de la dictadura; hab¨ªa ocupado la jefatura del gabinete t¨¦cnico de la Secretar¨ªa General del Movimiento, y, despu¨¦s, la Subdirecci¨®n General del Ministerio de Trabajo en la transici¨®n. A ra¨ªz de su nombramiento como ministro hizo fortuna un supuesto comentario de Gonz¨¢lez. Barrionuevo era el candidato ideal, seg¨²n las palabras atribuidas al jefe del Gobierno, "porque tiene cara de represor".
En el ministerio tuvo que enfrentarse a un problema, de fondo, la desconfianza reciproca entre el nuevo partido gobernante y los cuerpos de seguridad, directamente procedentes del franquismo y masivamente implicados en la represi¨®n de los enemigos de la dictadura. Barrionuevo escogi¨® la v¨ªa de ganarse a la polic¨ªa y la Guardia Civil. Con esta ¨²ltima experiment¨® un flechazo que no tuvo inconveniente en relatar en p¨²blico.
Sus armas para soldar un nuevo clima de confianza fueron dos, una ley antiterrorista que alargaba hasta 10 d¨ªas los plazos de detenci¨®n policial -interpretada como una salvaguarda para las pr¨¢cticas de tortura- y una ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que consagraba *con car¨¢cter general el privilegio del aforamiento para polic¨ªas y guardias civiles acusados de delitos.
La primera fue aprobada en diciembre de 1984 y la segunda, en octubre siguiente. Del plazo de 10 d¨ªas de detenci¨®n policial, antes de la intervenci¨®n del juez, se hizo una interpretaci¨®n tan extensiva que la ley fue aplicada a delincuentes comunes, como Santiago Corella, desaparecido y presuntamente asesinado mientras se encontraba en manos de la polic¨ªa.
Anuladas por el Constitucional
Ambas leyes fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en los extremos citados. La antiterrorista, en diciembre de 1987, y la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en marzo de 1990. Fueron derrotas legales sonadas de Interior, de su titular y del Gobierno, pero Barrionuevo se gan¨® con ellas la confianza de los cuerpos policiales. Sintieron que era uno de los suyos.El ministro abri¨® hacia ETA v¨ªas de di¨¢logo, al menos verbales. Ofreci¨® una y otra vez a los terroristas la posibilidad de mantener contactos para acabar con la violencia, una especie de v¨ªa de rendici¨®n pactada. Pero los intentos no fructificaron, aunque existen indicios de que Barrionuevo lleg¨® a implicarse y a participar personalmente en conversaciones secretas con dirigentes de Herri Batasuna. Corresponder¨ªa a su sucesor, Jos¨¦ Luis Corcuera, explorar y cerrar con un fracaso el di¨¢logo con ETA en las conversaciones de Argel de 1988.
El mandato de Barrionuevo, entre el 3 de diciembre de 1982 y el 8 de julio de 1988, cubre temporalmente la totalidad de las acciones terroristas de los GAL, incluida su gestaci¨®n a trav¨¦s de precedentes como el. secuestro y asesinato de Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala o el intento frustrado de secuestro de Jos¨¦ Larretxea Go?i, por el que fueron detenidos en Francia un inspector de polic¨ªa y tres geos.
Barrionuevo rechaz¨® desde el primer momento toda sospecha o insinuaci¨®n de relaci¨®n entre los mercenarios, de los GAL y el Gobierno o los aparatos policiales, se encar¨® con los escasos diputados que osaron preguntarle en el Congreso, contest¨® con desparpajo a un diario italiano que "el Gobierno ha pasado a la ofensiva", despu¨¦s de los dos primeros atentados mortales de los GAL, y s¨®lo tras el cu¨¢druple asesinato del Monbar pronunci¨® una condena tajante y los consider¨® "banda de vulgares asesinos".
Entretanto, el ministro hab¨ªa desbaratado cualquier prop¨®sito de renovar a la polic¨ªa desde la c¨²pula del ministerio. Los "progresistas" son desplazados de un plumazo, con el subsecretario Carlos Sanju¨¢n a la cabeza, y sustituidos en febrero de 1984 por lo que ahora resulta una extra?a mezcolanza. Desembarcan en el departamento el n¨²cleo de los hoy procesados por el caso GAL, convertidos en acusadores de su ex jefe, y antiguos polic¨ªas franquistas de la Brigada Pol¨ªtico Social. Entre los primeros, Juli¨¢n Sancrist¨®bal y Francisco ?lvarez. Entre los segundos, Manuel Ballesteros y Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, ambos acusados de torturas durante la dictadura.
?lvarez primero y Sancrist¨®bal despu¨¦s acabar¨ªan siendo los testigos clave para conducir a Barrionuevo ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo M¨®ner. Los testimonios renovados de los ex polic¨ªas Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez dieron en la c¨¢rcel con los huesos del ex director de Seguridad del Estado y del ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales.
Barrionuevo reaccion¨® asumiendo la defensa p¨²blica de sus antiguos colaboradores y acudiendo a_visitarles en las prisiones hasta el punto de que fue comparado con sarcasmo desde ciertos sectores del Pa¨ªs Vasco con los abogados de los presos de ETA. Luego, cuando ?lvarez y Sancrist¨®bal se sumaron al coro los que le se?alaban con el dedo, el ex ministro confes¨® un d¨ªa en una emisora de radio que le sorprend¨ªa el n¨²mero de traiciones y traidores en Espa?a.
Ex colaboradores que acusan
Sancrist¨®bal acusa a Barrionuevo, y a su segundo, Rafael Vera, de haberle dado luz verde para el secuestro del presunto dirigente de ETA Mikel Lujua. Los mercenarios se equivocaron y secuestraron a Segundo Marey, sin la menor relaci¨®n con la organizaci¨®n terrorista. Vera, seg¨²n Sancrist¨®bal, entonces gobernador civil de Vizcaya, le telefone¨® para advertirle del error, pero fue Barrionuevo el que indic¨®, en conversaci¨®n posterior, que deb¨ªa retenerse a Marey para presionar a los franceses.El ministro, siempre seg¨²n el testimonio de. Sancrist¨®bal, tuvo conocimiento de la reivindicaci¨®n del secuestro a nombre de los GAL y autoriz¨® luego la liberaci¨®n del reh¨¦n. El secuestro fue financiado con un mill¨®n de francos de los fondos reservados, que Vera entrego en mano a Sancrist¨®bal, seg¨²n ¨¦ste, con autorizaci¨®n de Barrionuevo. Alvarez ratifica las acusaciones de Sancrist¨®bal y dice haber estado presente, con otras personas, mientras Sancrist¨®bal hablaba desde su despacho con el ministro.
Todos los intentos del ex ministro para apartar del caso a Baltasar Garz¨®n fracasaron. El Consejo General del Poder Judicial archiv¨® tanto su queja de "indefensi¨®n" como su denuncia contra el juez por filtraci¨®n del sumario. Barrionuevo acus¨® a Garz¨®n de actuar por motivos "poco, limpios" e insinu¨® que le mov¨ªa el rencor contra el Gobierno. Nada pudo impedir que los 11 magistrados de la Sala Segunda del Supremo decidieran, el 27 de octubre pasado, atender por unanimidad la petici¨®n de suplicatorio de M¨®ner.
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