El desinter¨¦s en Polonia amenaza el refer¨¦ndum sobre la privatizaci¨®n

Gran parte de los polacos ignor¨® los llamamientos de la oposici¨®n derechista y se qued¨® ayer en casa en vez de votar en el refer¨¦ndum que ha de decidir si en este pa¨ªs se ampliar¨¢ y acelerar¨¢ la pol¨ªtica de privatizaciones masivas. Una participaci¨®n inferior al 50% anular¨¢ la consulta.La izquierda que gobierna en Polonia desde 1993 no tom¨® ninguna posici¨®n oficial ante el refer¨¦ndum, pero trat¨® de disuadir a sus seguidores de participar en una consulta que, e n su opini¨®n, est¨¢ mal preparada y fue convocada por motivos pol¨ªticos por el anterior presidente, Lech Walesa.

Los datos oficiales sobre la participaci¨®n no se conocer¨¢n hasta ma?ana. No obstante, a juzgar por el escaso n¨²mero de votantes que pod¨ªa verse ayer en Varsovia, hay grandes probabilidades de que no se alcance el m¨ªnimo del 50% de participaci¨®n, necesario para que el resultado del refer¨¦ndum sea v¨¢lido.

De ser as¨ª, el refer¨¦ndum se convertir¨ªa en una nueva derrota de la derecha polaca, que intent¨® movilizar a sus simpatizantes para demostrar que pese a haber perdido en las elecciones generales de 1993 y las presidenciales del pasado oto?o dispone de una aut¨¦ntica fuerza pol¨ªtica.

Los m¨¢ximos representantes de la izquierda, tanto el primer ministro, Wlodzimierz Cimoszewicz, como el presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, trataron de evitar un choque abierto con la oposici¨®n con motivo del refer¨¦ndum y ambos participaron en la consulta. Al depositar su voto, Kwasniewski advirti¨® que una baja participaci¨®n podr¨ªa influir negativamente en la eventual convocatoria del refer¨¦ndum constitucional que debe celebrarse en oto?o pr¨®ximo. Cimoszewicz asegur¨® en un tono conciliador que, incluso si el refer¨¦ndum resulta no ser v¨¢lido, su Gobierno tendr¨¢ en cuenta la opini¨®n expresada por la mayor¨ªa de los votantes.

El refer¨¦ndum ha de decidir sobre la forma y el ritmo de la privatizaci¨®n de todos los bienes que pertenecen todav¨ªa al Estado y a los municipios. Se estima que el valor de esta parte del patrimonio nacional se eleva a unos 3,75 billones de pesetas.