Deber del Parlamento

EN LA situaci¨®n de crisis en que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), agravada por el caso Pascual Estevill, y que el pr¨®ximo mi¨¦rcoles vivir¨¢ un nuevo episodio por el pleno convocado por el vicepresidente en funciones, Jos¨¦ Luis Manzanares, una de las tareas m¨¢s urgentes del nuevo Parlamento que se constituya el d¨ªa 27 es la de proceder a la renovaci¨®n de sus vocales. La postura mantenida en este sentido por el presidente en funciones del Consejo, Pascual Sala, responde a una l¨®gica institucional dif¨ªcilmente rebatible. El portavoz del Grupo Socialista ha manifestado su disposici¨®n a negociar de inmediato la renovaci¨®n pendiente. La b¨²squeda de Candidatos al CGPJ por parte de los grupos parlamentarios es perfectamente compatible con los contactos tendentes a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Las dificultades que puedan surgir en una de estas tareas no tienen por qu¨¦ repercutir en la otra. Es constitucionalmente improcedente hacer comparaciones entre instituciones que, como la presidencia del Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial, encuentran su legitimidad en el Parlamento.Precisamente, una de las circunstancias que han contribuido en estos a?os al descr¨¦dito del Consejo es la tendencia de los grupos pol¨ªticos a considerar sus responsabilidades para con esta instituci¨®n como de segundo orden. Y de hecho, desde el pasado mes de noviembre, en que el actual CGPJ concluy¨® su mandato de cinco a?os, los partidos pol¨ªticos han supeditado su deber de renovarlo a otros que han debido considerar m¨¢s urgentes. Ser¨ªa un esc¨¢ndalo que una vez constituido el Parlamento, y al margen de que exista ya, un nuevo Gobierno o siga en funciones el actual, ese deber se pospusiera de nuevo en nombre de cualquier argumento.

Es cierto que la renovaci¨®n en tiempo y forma del CGPJ no basta para acabar con las problemas de identidad y de funcionamiento que aquejan, a esta instituci¨®n desde su nacimiento. Es preocupante que quince a?os despu¨¦s de su creaci¨®n sigan sin definirse claramente sus funciones y competencias; que se desconozca si sus miembros est¨¢n o no sujetos a alg¨²n tipo de responsabilidad pol¨ªtica en el ejercicio de sus funciones; o que apenas se sepa nada de la naturaleza de sus relaciones con los otros poderes del Estado, especialmente con el Parlamento. Podr¨ªa decirse, sin exageraciones, que es la propia concepci¨®n constitucional del Consejo General del Poder Judicial la que est¨¢ en crisis. O al menos que no ha encontrado facilidades para afianzarse en el conflictivo espacio institucional que le es propio, a caballo entre la justicia y la pol¨ªtica.

Pero esos problemas se agravan si el Parlamento somete al CGPJ a largos per¨ªodos de interinidad que socavan su legitimidad y su prestigio. Que en estos momentos un vocal bajo graves sospechas de corrupci¨®n siga en el Consejo es culpa, sobre todo, de los vocales que no lo han impedido con su voto. Pero hace tiempo que el Parlamento podr¨ªa haber evitado tama?o desprop¨®sito si, en su momento, hubiera procedido a su renovaci¨®n, imposibilitando que alguien sospechoso de incumplir gravemente sus funciones siga contando con amparo institucional.