Acuerdo a debate

TAMBI?N EL Partido Nacionalista Vasco (PNV) dar¨¢ su voto afirmativo a la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. No es poco ¨¦xito el que se apunta el l¨ªder del PP al aglutinar a todo el centro-derecha, m¨¢xime cuando un d¨ªa antes de las elecciones del 3 de marzo sus relaciones con los nacionalistas no eran precisamente las m¨¢s amistosas posibles. Desde entonces, mucho han trabajado los populares para poder llegar a este acuerdo que anoche refrendaban los nacionalistas vascos, y del que todav¨ªa se ignora el contenido concreto.Pero como demostraci¨®n de esa labor llevada a cabo durante todo este mes, sirva el documento que sella el acuerdo con los nacionalistas catalanes, del que conviene destacar, en primer lugar, el m¨¦rito de su existencia. Es un texto que permite a los ciudadanos saber a qu¨¦ atenerse y, eventualmente, reprochar los incumplimientos a sus autores. El PP ha hecho honor al compromiso de transparencia que asumi¨® al iniciar las conversaciones, pese a la relativa opacidad del desarrollo de las mismas. Hace tres a?os, el pacto entre el PSOE y los nacionalistas catalanes no culmin¨® con un texto p¨²blico. La investidura se pact¨® sobre la base de las l¨ªneas maestras del discurso del candidato, en el que se recog¨ªa el esbozo de un acuerdo que s¨®lo se concretar¨ªa en tomo a los presupuestos para 1994. Posteriormente, en febrero de 1995, en el debate sobre el estado de la naci¨®n, se aprob¨® una declaraci¨®n pol¨ªtica que hac¨ªa las veces de programa conjunto de gobernabilidad para un a?o (y al que, sin embargo, Pujol pondr¨ªa fin pocos meses despu¨¦s).

En cuanto a la presentaci¨®n p¨²blica del acuerdo con Pujol, es evidente que hay un avance, e incluso puede darse por bueno. el tiempo invertido en ultimarlo si el motivo del retraso ha sido la voluntad de plasmar lo acordado por escrito. Sin ser un pacto de legislatura, es m¨¢s que un acuerdo para la investidura. Carece, en todo caso, de la formalidad de un acuerdo que comprometa directamente al socio minoritario en las responsabilidades de gobierno. Seguramente era poco realista esperar de Pujol un compromiso mayor que el contra¨ªdo con Felipe Gonz¨¢lez. Pero un atento observador de la realidad europea como el presidente de la Generalitat no puede ignorar que es bastante ins¨®lito un pacto tan descompensado entre derechos y responsabilidades. A pesar del car¨¢cter escrito del compromiso, su falta de concreci¨®n temporal otorga a los nacionalistas la posibilidad de renegociar sus apoyos en v¨ªsperas de cada debate presupuestario, e incluso de romperlo sin otro motivo que la propia conveniencia (electoral, por ejemplo). Resulta significativo que Pujol haya eludido poner su firma al pie del documento.

En todo caso, de acuerdo con su teor¨ªa del despegue en tres fases, es posible que el tiempo permita formas m¨¢s comprometidas de colaboraci¨®n. El presidente de la Generalitat pidi¨® tiempo para convencer a sus bases de que era inevitable (y podr¨ªa ser conveniente) un pacto con quienes d¨ªas antes les excomulgaban. Pero, puesto que la excomuni¨®n era rec¨ªproca, Pujol deber¨ªa comprender a su vez que un mayor compromiso por su parte en la gobernabilidad de Espa?a facilitar¨ªa mucho la comprensi¨®n por parte del electorado del PP -y otros sectores de la opini¨®n p¨²blica espa?ola- de los motivos que justifican que un partido que representa al 6% del electorado sea tan influyente en la pol¨ªtica general.

El PP ha cambiado, y seguramente para bien, pero tendr¨¢ que explicar por qu¨¦. Nadie puede creerse que el acuerdo con CiU y PNV, como se empe?an en decir algunos de sus portavoces, es un simple cumplimiento de su programa electoral y del discurso realizado durante la campa?a. El presidente del Congreso ha fijado ya las fechas para el debate de investidura. Aznar tendr¨¢ el 3 de mayo ocasi¨®n de clarificar qu¨¦ parte de su programa ha debido cancelar por necesidades del pacto y qu¨¦ parte sigue vigente, y si los puntos suscritos con CiU son todo el programa de gobierno o s¨®lo una parte de ¨¦l.

El documento difundido no s¨®lo contiene acuerdos sobre las materias exigidas por Pujol, sino tambi¨¦n compromisos de car¨¢cter general. La prioridad concedida a la creaci¨®n de empleo estable, los criterios de convergencia econ¨®mica, especialmente la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico sin merma de los servicios p¨²blicos, el mantenimiento del Estado de bienestar o la vertebraci¨®n de Espa?a y el afianzamiento del Estado auton¨®mico son objetivos compartidos por el PP y CiU y de cuyo cumplimiento responden solidariamente. Cumplir todos estos compromisos al mismo tiempo parece tarea harto complicada, pero es ¨¦l reto que Aznar ha asumido, y a la luz de su cumplimiento ser¨¢ juzgado.

Corresponsabilidad y d¨¦ficit

El elemento fundamental es, con todo, el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. En 1993 se abri¨® el camino hacia la corresponsabilidad fiscal al aceptar una relaci¨®n entre lo recaudado en cada comunidad y su capacidad de gasto. Con el mecanismo anterior, cada comunidad participaba en una determinada proporci¨®n en los ingresos totales del Estado, por lo que sus disponibilidades crec¨ªan a la misma tasa. Con el nuevo sistema, los recursos dependen en parte de lo recaudado en el propio territorio, por lo que crecer¨¢n en mayor medida en las comunidades m¨¢s din¨¢micas: aquellas en las que se produzca un mayor crecimiento econ¨®m¨ªco o una mayor eficiencia recaudatoria.Las protestas de las comunidades pobres -que exig¨ªan que el cambio resulte neutral en cuanto al total de fondos disponibles en cada autonom¨ªa- forzaron la inclusi¨®n de un tope al excedente alcanzable por esa v¨ªa. Ello anul¨® el efecto perseguido por CiU. Ahora se suprime ese tope, se ampl¨ªa el tramo que se trasvasa a las comunidades aut¨®nomas y se les reconoce una cierta capacidad normativa: podr¨¢n aumentar o reducir las tarifas generales, los tipos aplicables, el n¨²mero de tramos y las deducciones... en relaci¨®n a la parte cedida del IRPF. Ello supone introducir un factor de corresponsabilidad no s¨®lo en el gasto, sino tambi¨¦n en los ingresos.

Desde el PSOE, y tambi¨¦n desde Izquierda Unida (IU), se ha acusado al acuerdo de ser incompatible con la reducci¨®n del d¨¦ficit y de ser insolidario con las comunidades m¨¢s pobres. La idea de que toda mejora en la situaci¨®n de una comunidad implica. necesariamente un perjuicio para las dem¨¢s no tiene en cuenta los beneficios asociados a la mayor eficiencia del sistema. Pero es cierto que si el resultado es un aumento del d¨¦ficit total de las administraciones p¨²blicas, el sistema habr¨¢ fracasado. Lo que corresponde a la oposici¨®n es vigilar que tal cosa no ocurra; que el aumento de los fondos de libre disposici¨®n de las autonom¨ªas -que ya gastan el 27% del total- no implique la necesidad de recortar en la misma proporci¨®n las disponibilidades de la Administraci¨®n central en cap¨ªtulos como las pensiones o las inversiones en infraestructuras.

Pero una cuesti¨®n como la que aspiraba a resolver (o encauzar) el Estado auton¨®mico no puede juzgarse con criterios s¨®lo econ¨®micos. La opci¨®n por la generalizaci¨®n adoptada en su d¨ªa pudo ser' discutible, pero una vez consolidada no admite marcha atr¨¢s sin desatar una din¨¢mica de agravios comparativos. El programa del PP conten¨ªa algunas propuestas interesantes sobre ese problema que no figuran en el texto pactado con CiU, que recoge, en cambio, reivindicaciones discutibles: la transferencia de los puertos, el control sobre las costas o competencias sobre el tr¨¢fico. Algunas de estas cuestiones pueden causar fricciones con comunidades vecinas, pero la preocupaci¨®n prioritaria es si el sistema de financiaci¨®n de las autonom¨ªas permite al mismo tiempo reducir el d¨¦ficit p¨²blico, satisfacer las exigencias de P¨²jol y no crear un agravio permanente respecto a las comunidades, menos desarrolladas. Temas m¨¢s que suficientes para un apasionante debate de investidura.