El calvario de los presos inocentes

Un juez militar de Per¨², al considerar la sentencia, lleg¨® a la conclusi¨®n de que, ya que "existe duda respecto de la participaci¨®n de Julio Ismael Loa Albornoz en acciones o en hechos que constituyan delito de traici¨®n a la patria, esta duda debe favorecer al Estado y a la sociedad, y es preferible, ante esa duda, aplicar una pena de inmediato...".Centenares de presos inocentes han sido encarcelados en Per¨² en virtud de una pol¨ªtica antiterrorista que permite juicios injustos, pese a las modificaciones introducidas a la legislaci¨®n en varias ocasiones desde 1993.

Aunque incluso el propio presidente, Alberto Fujimori, ha reconocido el problema, y aunque se han presentado en el Parlamento siete proyectos de ley sobre el tema que no han sido debatidos, presos inocentes contin¨²an en prisi¨®n y siguen sin cumplirse las garant¨ªas internacionales para un juicio justo.

Desde la entrada en vigor de una nueva legislaci¨®n antiterrorista en mayo de 1992, Al ha recibido documentaci¨®n sobre por lo menos 900 personas que se consideran injustamente acusadas de terrorismo, y ha adoptado a 122 como presos de conciencia, aunque la cifra real puede ser mucho mayor. El caso de Julio Ismael Loa es ilustrativo. Fue detenido en febrero de 1993, acusado de ser activista de Sendero Luminoso por dos miembros del Movimiento Revolucionario T¨²pac Amaru (MRTA), que procuraban beneficiarse de la ley de arrepentimiento, y que posteriormente se retractaron.

En mayo de 1993, el fiscal descart¨® su vinculaci¨®n "con organizaci¨®n terrorista alguna". Pero el juez de instrucci¨®n tuvo que remitir el caso a una corte superior, conforme a la legislaci¨®n antiterrorista. Dicha corte lo transfiri¨® a un tribunal militar, aparentemente por ser parte de un expediente en el que otros encausados hab¨ªan sido acusados de traici¨®n a la patria. Dicho tribunal le conden¨® a 15 a?os de prisi¨®n en junio de 1994.

El 14 de noviembre de 1994, el Consejo Superior de Guerra de la Fuerza A¨¦rea Peruana orden¨® la iniciaci¨®n de un nuevo juicio, durante el que el tribunal militar absolvi¨® al encausado del delito de traici¨®n, pero decidi¨® que su caso deb¨ªa devolverse a un tribunal civil por delitos de terrorismo.

El 9 de agosto de 1995, fue absuelto de todos los cargos por el Consejo Superior de Guerra. Esta decisi¨®n est¨¢ sujeta a ratificaci¨®n o veto del Consejo Supremo de Justicia Militar. Casi tres a?os despu¨¦s de ser acusado falsamente, Julio Ismael Loa, budista, segu¨ªa en la c¨¢rcel.

La legislaci¨®n antiterrorista niega el derecho a un juicio con las debidas garant¨ªas a los procesados por delitos relacionados con el terrorismo, como han denunciado el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y el comit¨¦ contra la tortura de la ONU, que declar¨® en noviembre de 1994 que en estos casos la tortura es generalizada en los interrogatorios.

Estos juicios no son p¨²blicos. Los civiles son juzgados por tribunales militares cuando son acusados de traici¨®n a la patria. La mayor¨ªa de los injustamente detenidos por delitos de terrorismo fueron acusados, inculpados y condenados bas¨¢ndose en imputaciones sin corroborar formuladas por arrepentidos. El Gobierno y el Parlamento se han hecho eco de la preocupaci¨®n por este problema, con propuestas como la derogaci¨®n de la ley de arrepenti miento y la creaci¨®n de una comisi¨®n para el examen del tema. Pero siguen en la c¨¢rcel cientos de inocentes. Este patr¨®n sistem¨¢tico de detenciones arbitrarias surge en un contexto de abusos violentos y generalizados en los ¨²ltimos 16 a?os, tanto por las fuerzas de seguridad como por el Partido Comunista del Per¨² (Sendero Luminoso) y, en menor escala, por el MRTA, alzados en armas activos en Per¨² desde 1980 y 1984, respectivamente.

Sendero Luminoso ha matado a miles de civiles y torturado a prisioneros. Recientemente, una facci¨®n disidente, Sendero Rojo, ha declarado que seguir¨¢ con la campa?a armada y ha cometido graves abusos.

En su discurso inaugural, de julio de 1990, el presidente Fujimori afirm¨®: "La violencia terrorista que enfrenta actualmente nuestra joven democracia no puede justificar, de manera alguna, la violaci¨®n de los derechos humanos ( ... )". Algunas medidas contribuyeron a una reducci¨®n considerable de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

La retenci¨®n de leyes antiterroristas que niegan a los detenidos el derecho fundamental al debido proceso sigue lastrando el historial peruano de derechos humanos.