Servicios secretos

LA REORGANIZACI?N del Centro Superior de Investigaci¨®n de la Defensa (Cesid) se ha convertido en un objetivo insoslayable para el Gobierno tras el episodio de Perote, el caso de las escuchas o las sospechas de su presunta implicaci¨®n en las tramas de los GAL. Lo es para este Gobierno y lo hubiera sido para cualquier otro. El anterior, a ra¨ªz del estallido del esc¨¢ndalo de las escuchas, en junio de 1995, ya se comprometi¨® ante el Parlamento a abordar una reforma que ven¨ªa siendo exigida por toda la oposici¨®n.Al menos en este punto, el Gobierno tiene el campo despejado. Por una parte, porque hay un amplio consenso sobre la necesidad de la reforma. Por otra, porque el Gobierno parece contar con un proyecto claro, a juzgar por el compromiso adelantado por el vicepresidente ?lvarez Cascos en el acto de toma de posesi¨®n de su nuevo director, el teniente general Javier Calder¨®n, un veterano de los servicios secretos espa?oles incluso antes de su reconversi¨®n en la etapa democr¨¢tica.

En todo caso, ?lvarez Cascos se ha adelantado a esa anunciada reforma haciendo algo que su partido no hab¨ªa dejado de criticar al ex vicepresidente Narc¨ªs Serra en la etapa socialista: asumir de hecho desde vicepresidencia la tarea de control de los diferentes servicios de informaci¨®n del Estado. La nueva regulaci¨®n deber¨¢ resolver la cuesti¨®n siempre pendiente de la existencia de un organismo de Coordinaci¨®n entre el Cesid y los aparatos de informaci¨®n de la Guardia Civil y de la polic¨ªa. La ausencia de tal organismo -que deber¨¢ radicar en el ¨¢mbito pol¨ªtico del Gobierno- se ha hecho sentir en particular en el terreno de la lucha antiterrorista: en su eficacia, por una parte, y en su tendencia a ser motivo de esc¨¢ndalo, por otra. Esa paradoja de unos servicios secretos convertidos en un bullicioso escaparate tiene que ver en parte con el car¨¢cter artesanal, voluntarista y personalista de su coordinaci¨®n.

Pero superar esos problemas presupone un marco legal claro de actuaci¨®n y unos razonables mecanismos de control de su actividad por parte del Parlamento. En el caso del Cesid, al menos, el marco legal se ha limitado a algunas sucintas disposiciones ministeriales, de rango no superior al de decreto-ley, definiendo su estructura y funciones. De ah¨ª que el anuncio de Alvarez Cascos sobre la regulaci¨®n por ley del Cesid haya sido calificado de "esperanzador" por su nuevo director, al tiempo que recordaba que se trata, en realidad, "de un deseo hist¨®rico del centro". Resulta que la ambig¨¹edad legal que ha caracterizado hasta ahora la actividad del Cesid es imputable al poder pol¨ªtico. Pues raz¨®n de m¨¢s para que el actual Gobierno acabe con ella y sit¨²e: al fin al Cesid en unas coordenadas de legalidad bien definidas, apropiadas a sus tareas de seguridad y defensa del Estado y ajustadas a los l¨ªmites constitucionales.

El consenso pol¨ªtico para llevar a cabo esa tarea, especialmente entre el PP y el PSOE, parece estar fuera de duda. Felipe Gonz¨¢lez ya reconoci¨®, hace ahora un a?o, graves deficiencias internas en el Cesid, especialmente las derivadas de su estructura piramidal y estanqueidad entre sus distintos departamentos. Y estuvo de acuerdo en la necesidad de aprobar un nuevo estatuto de personal y de aumentar el control del Parlamento sobre los planes y tareas del servicio de informaci¨®n. El partido de Aznar fue incluso m¨¢s lejos en las propuestas de control pol¨ªtico y legal de la actividad de los servicios secretos cuando era oposici¨®n. Ahora que es Gobierno tendr¨¢ ocasi¨®n de plasmarlas en la realidad. Espa?a no puede seguir por m¨¢s tiempo con unos servicios secretos bajo m¨ªnimos, escasamente coordinados entre s¨ª y cuya tendencia al strip-tease hace que sean vistos con creciente desconfianza por sus hom¨®logos de los pa¨ªses vecinos, a los que pedimos su colaboraci¨®n en, por ejemplo, la lucha antiterrorista.