Un peque?o desastre

BASTANTE SE aprovecha ETA de las ventajas propias de la sociedad democr¨¢tica que intenta destruir para que encima le hagamos el regalo de nuestra confusi¨®n. Ya se sab¨ªa que exist¨ªan divergencias entre los partidos democr¨¢ticos sobre importantes asuntos que inciden en el problema de la violencia. Lo que no se entiende es qu¨¦ inter¨¦s puede haber en escenificar esos desacuerdos cada vez que hay oportunidad, y sobre todo en hacerlo desde el Pacto de Ajuria Enea: un foro nacido precisamente para evitar que ETA sacase partido de tales discrepan cias. La confusi¨®n es m¨¢xima cuando para justificar la iniciativa que produjo el peque?o desastre escenificado ayer se invoca un punto de la carta fundacional de Ajuria Enea en el que se habla de la necesidad de "velar porque la necesaria defensa del Estado de derecho se produzca siempre dentro del m¨¢s estricto respeto de la legalidad y los derechos humanos".Precisamente. La defensa del Estado de derecho no puede plantearse desde actitudes que desprecian o relativizan las reglas de juego propias del Estado de derecho. Por ejemplo, las que han conducido, como un tr¨¢mite m¨¢s dentro del proceso del caso Lasa-Zabala, a la revocaci¨®n de la decisi¨®n por la que se decretaba la prisi¨®n provisional incomunicada de Galindo. La pretensi¨®n de que la Mesa de Ajuria Enea haga cambiar de opini¨®n al tribunal que ha decidido esa revocaci¨®n resulta ins¨®lita. Equivale a convertir ese foro en una especie de tribunal de segunda instancia. Antes de la decisi¨®n del d¨ªa 2 sobre Galindo ha habido multitud de resoluciones judiciales discutibles, con indudable incidencia en el problema de la violencia, sin que a ninguno de los que ahora han considerado vital su convocatoria les pareciera imprescindible discutirlas en Ajuria Enea.

La decisi¨®n de no desclasificar los papeles del Cesid fue adoptada por el Gobierno tras asegurarse de que era potestad suya hacerlo, de acuerdo con una resoluci¨®n expresa del. Tribunal de Conflictos. Se puede discrepar de la medida, pero es legal, y parece poco inteligente movilizar al Pacto de Ajuria Enea para impugnarla. ?C¨®mo no va a tomar en consideraci¨®n el Gobierno los previsibles efectos de sentar un precedente como el que supondr¨ªa. la desclasificaci¨®n de documentos secretos? A quienes prestaron su colaboraci¨®n necesaria para hacer efectivo el chantaje contra el Gobierno -publicando los papeles robados por Perote- puede que no les inquieten las consecuencias; pero un Gobierno responsable no puede dejar de prever, y tomar en consideraci¨®n, los efectos de sus acciones. Por ejemplo, en este caso, en relaci¨®n a la colaboraci¨®n de los servicios secretos de otros pa¨ªses en la lucha contra ETA.

A juzgar por los resultados, no puede decirse que la iniciativa de reunir ahora la Mesa haya sido inteligente. Sin embargo, lo peor ha sido la ins¨®lita excitaci¨®n con que ha sido reclamada por algunos pol¨ªticos que suelen ser m¨¢s comedidos cada vez que lamentan los cr¨ªmenes de ETA. La idea que han trasmitido es que en el Pa¨ªs Vasco hay dos violencias sim¨¦tricas, la de ETA y la del Estado. Ning¨²n pol¨ªtico honesto puede ignorar la interpretaci¨®n que ETA hace de esa afirmaci¨®n, especialmente cuando procede de quienes considera sus enemigos; tampoco puede ignorar que ideas de ese tipo son las esgrimidas por los sectores amedrentados por ETA para justificar su autoproclamada neutralidad. Pero aceptar esa falacia supone adem¨¢s olvidar que hace ya 10 a?os que desaparecieron los GAL, lo que no ha impedido a ETA a?adir desde entonces 233 nuevas v¨ªctimas a su contabilidad siniestra. El hecho de que un arzobispo se sume a la confusi¨®n reclamando el cese de la violencia "por ambas partes" demuestra que este mensaje ha cuajado; y que nadie est¨¢ libre de la tentaci¨®n de escudarse en la equidistancia.