La maldici¨®n de Colosio

El saber no ocupa lugar pero en ocasiones abre espacios en los cementerios. Los polic¨ªas y fiscales mexicanos que han participado en las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abatido a balazos en Tijuana hace 29 meses, a buen seguro preferir¨ªan ignorarlo todo. Desde la fat¨ªdica tarde de aquel 23 de marzo de 1994 en que M¨¦xico se conmocion¨® como no suced¨ªa quiz¨¢ desde los tiempos de la Revoluci¨®n o de la nacionalizaci¨®n del petr¨®leo en 1938, cinco altos funcionarios de la Polic¨ªa o de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) han ca¨ªdo bajo el plomo.El pasado s¨¢bado, Jes¨²s Romero, el primer fiscal que interrog¨® oficialmente a Mario Aburto, el ¨²nico condenado por el magnicidio, fue el blanco de 14 disparos en su casa de Tijuana. Con ¨¦l, ya son diez los investigadores, o personas vinculadas con ¨¦stos, asesinados. Y prestigiosos juristas han arruinado su reputaci¨®n al sostener desde altos cargos de la Justicia versiones del crimen que nadie cree. Implicarse en el caso Colosio es una maldici¨®n. Con el cuerpo de Colosio todav¨ªa caliente, se produjeron sospechosos asesinatos en Tijuana. No faltan quienes especulan que las v¨ªctimas podr¨ªan ser los verdaderos autores materiales de los balazos a Colosio.

Dosis de plomo

El reguero de sangre continu¨®. Federico Ben¨ªtez, jefe de la polic¨ªa tijuanense que indagaba por cuenta propia, recibi¨® otra dosis de plomo un mes despu¨¦s. Sergio Armando Silva, comandante de la Polic¨ªa Judicial (federal), y Jorge Arturo Ochoa, delegado de la PGR en Baja California corrieron meses m¨¢s tarde el mismo destino. Tampoco hubo piedad hacia Rebeca Acu?a, novia de Silva.El embrollo es may¨²sculo aunque casi nadie duda de que el atentado contra Colosio se cocin¨® en las alturas del poder. Ayer mismo la revista bimensual de la archidi¨®cesis de M¨¦xico lo suger¨ªa. La tesis inicial del asesino solitario se derrumb¨® cuando el fiscal especial del caso, Pablo Chapa, asegur¨® en febrero del a?o pasado que el crimen fue producto de un contubernio. La PGR imput¨® a Oth¨®n Cort¨¦s, militante del PRI y miembro del cuerpo de seguridad del candidato, la responsabilidad del segundo disparo. La PGR no pudo demostrarlo en el juicio y Cort¨¦s sali¨® a la calle hace dos semanas. Chapa tambi¨¦n sali¨®. Pero de la fiscal¨ªa. El presidente Ernesto Zedillo lo destituy¨® fulminantemente.

Zedillo propuso, en una iniciativa de m¨¢s que dudosa constitucionalidad, que el Parlamento nombrara a un cuarto responsable de las investigaciones. El izquierdista Partido de la Revolucion Democr¨¢tica (PRD) pronto se desmarc¨®. Sin embargo, crece d¨ªa a d¨ªa el n¨²mero de diputados y senadores del PRI -que ostenta el poder desde hace siete d¨¦cadas- y del conservador Partido de Acci¨®n Nacional (PAN) que se deslindan de la iniciativa. Los pol¨ªticos prefieren no recoger esta patata caliente. Y los letrados de prestigio consultados por los legisladores para hacerse cargo del caso rechazaron la propuesta. Ser un cad¨¢ver pol¨ªtico no es atractivo. La clase pol¨ªtica, especialmente el PRD, reclama que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y as¨ª como el jefe de gabinete y mano derecha del controvertido mandatario, Jos¨¦ C¨®rdoba, comparezcan para testificar.

Zedillo ha asegurado desde el comienzo de su sexenio, hace casi dos a?os, que se llegar¨¢ hasta el fondo del asunto. Que la impunidad termin¨® en M¨¦xico. Pero las dificultades son inmensas en el caso Colosio. Haber nombrado al comienzo de su mandato a un pol¨ªtico de la oposici¨®n, Antonio Lozano, del PAN, procurador general (ministro de Justicia) provoc¨® un fulgurante avance de las investigaciones a ra¨ªz de la detenci¨®n de Cort¨¦s para luego dar marcha atr¨¢s. Hoy, s¨®lo Aburto, un joven que insiste en su inocencia, est¨¢ condenado a 45 a?os de c¨¢rcel por el crimen. Aunque no puede demorarse la designaci¨®n, todav¨ªa no hay fiscal. Al parecer, ahora nadie quiere saber m¨¢s.