El primer ministro franc¨¦s, "contrario a regularizar en bloque" a los ilegales

El primer ministro Alain Jupp¨¦ declar¨® ayer que ninguno de los africanos encerrados en la iglesia de Saint-Bernard de Par¨ªs "pose¨ªa derecho alguno de residencia en Francia", pero que estaba dispuesto a estudiar, "a t¨ªtulo excepcional y caso por caso", la situaci¨®n de los 300 extranjeros. Seg¨²n Jupp¨¦, el Consejo de Estado, "m¨¢ximo organismo administrativo del pa¨ªs" s¨®lo cree posibles esas excepciones cuando "el extranjero lleve m¨¢s de 15 a?os residiendo en Francia, cuando por razones de salud no sea aconsejable su traslado o cuando una expulsi¨®n ponga en peligro la vida familiar".

El prop¨®sito de Jupp¨¦ y su ministro del Interior, Jean-Louis Debr¨¦, al solicitar un dictamen del Consejo de Estado relativo a las modalidades de aplicaci¨®n" de las llamadas leyes Pasqua, respond¨ªa a esa necesidad de encontrar un respaldo jur¨ªdico suplementario, tanto para su intransigencia verbal como para la moderaci¨®n de sus actos. Se trataba de encontrar una salida que permitiese conciliar el respeto a la ley con la preocupaci¨®n humanitaria. Por la ma?ana, Debr¨¦ repet¨ªa que "no habr¨¢ regularizaci¨®n masiva", y por la tarde Jupp¨¦ recordaba que "es contrar¨ªo a la ley regularizar en bloque". Sin embargo, el primer ministro se apresur¨® a matizar: "Nunca se nos ha pasado por la cabeza expulsar a un enfermo, separar a una madre de sus hijos o romper una pareja".De todo eso se deduce que el Gobierno se dispone a expulsar a los 117 africanos cuya demanda de asilo ha sido rechazada. De este bloque ser¨¢n excluidos los nueve de ellos que se encuentran en huelga de hambre y est¨¢n demasiado d¨¦biles. A los que embarquen hacia Bamako (capital de Mal¨ª) antes se les habr¨¢ "indemnizado" con algo m¨¢s que los 1.000 francos (m¨¢s de 25.000 pesetas) habituales en esos casos -de ah¨ª la presencia del ministro del Presupuesto en el miniconsejo de ministros de urgencia de anteayer-, mientras que la suerte del resto de los ilegales depender¨¢ de c¨®mo se interprete que hay que aplicar la confusa ley Pasqua.

Pero si el Gobierno ha renunciado ya a la mera aplicaci¨®n de la fuerza, el frente de los ilegales africanos tampoco parec¨ªa ayer tan firme. Ababacar Diop, el m¨¢s popular de sus portavoces, insist¨ªa ayer en que "la lucha continuar¨¢ hasta la regularizaci¨®n de todos los sin papeles", mientras que otro, Yussuf Tounkara, admit¨ªa "no ser hostil al estudio de los informes caso por caso", al tiempo que ped¨ªa a los huelguistas de hambre que depusiesen su acci¨®n, solicitud en la que coincidi¨® con el primer ministro.

Todo el embrollo de estos ilegales nace de las modificaciones, impulsadas en 1993 por la derecha reci¨¦n llegada al poder, respecto al acceso a la nacionalidad francesa y el derecho de asilo o de residencia, y que han convertido en "irregulares" a personas que desde hac¨ªa a?os viv¨ªan y trabajaban regularmente en Francia. Los casos m¨¢s flagrantes son los de los padres extranjeros que tienen hijos franceses o nacidos en Francia, pues en ciertas circunstancias a veces ni se les puede expulsar ni se puede regularizar su situaci¨®n: es la ilegalidad obligatoria e involuntaria. Tambi¨¦n puede perder el permiso de residencia en caso de divorcio o separaci¨®n.La actitud del Gobierno de Alain Jupp¨¦, que ahora pasa por negarse a admitir en su vocabulario palabras como "di¨¢logo", "negociaci¨®n" o "concertaci¨®n", no ha enga?ado a nadie. Para la opini¨®n p¨²blica, Jupp¨¦ y Debr¨¦ han tenido que dar una parcial marcha atr¨¢s. Para los ultraderechistas del Frente National (FN), "el Gobierno se dispone a capitular", y han criticado "la firmeza meramente verbal" del Ejecutivo. Lo cierto es que Debr¨¦ y Jupp¨¦ pretend¨ªan servirse del caso de los "?legales" encerrados en la iglesia de Saint-Bernard como de un ejemplo de su rigor e intolerancia respecto a la emigraci¨®n en general y los clandestinos en particular, siempre con la esperanza de arrebatarle al FN uno de sus temas electorales m¨¢s populares.