Ajuste de cuentas

TRAS EL debate entre el ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, y su antecesor en el cargo, Pedro Solbes, sobre el desfase presupuestario que denunci¨® el primero en las cuentas de 1995, tal vez no pueda hablar se de agujero, pero s¨ª de vicios contables. Su resultado ha sido trasladar al presente ejercicio unas obligaciones que endurecen a¨²n m¨¢s el esfuerzo necesario para reducir el d¨¦ficit al 3% del PIB a fines de 1997, seg¨²n exige el Tratado de Maastricht. Este desfase eleva el d¨¦ficit real de 1995 al 6,6%, frente al 5,9% anunciado en su d¨ªa. Al margen de discusiones sobre criterios contables, esa diferencia obliga a relativizar los elogios que en su d¨ªa cosech¨® Solbes por su rigor en la ejecuci¨®n presupuestaria. Del debate parlamentario entre ministro y ex ministro se deduce tambi¨¦n que no hubo ilegalidades y que es impropio hablar de agujero -palabra que, evoca otro tipo de desajustes, como el detectado en su d¨ªa en Banesto- y que no se justifica la insistencia de algunos portavoces del PP en presentan el desfase como una especie de fraude de ley por parte del anterior Gobierno. Rato evit¨® esa expresi¨®n, prefiriendo hablar de una "interpretaci¨®n extensiva" de la ley.Lo, detectado por la Intervenci¨®n General son partidas efectivamente gastadas en 1995 y no contabilizadas y obligaciones de pago efectivamente contra¨ªdas pero ni pagadas ni contabilizadas. Una parte de esas obligaciones corresponde a situaciones como las provocadas por la sequ¨ªa en el verano de 1995, que oblig¨® -seg¨²n explic¨® ayer el ex ministro Borrell- a acometer obras hidr¨¢ulicas de emergencia. Sin embargo, una pol¨ªtica de rigor presupuestario es aquella que compensa emergencias de esa naturaleza estable ciendo recortes en otras partidas. Es decir, mecanismos diferentes al socorrido de trasladar el gasto a ejercicios posteriores. Es cierto que as¨ª se ha hecho desde siempre, pero, por una parte, ello ha ocurrido en los ¨²ltimos 13 a?os entre. Gobiernos del mismo partido, y, por otra, ahora existe el escrutinio de Bruselas al cumplimiento de los criterios de convergencia, lo que obligar¨ªa en principio a extremar el rigor.

En ese sentido puede considerarse l¨®gico que el PP, al acceder al Gobierno se cure en salud intentando aflorar la magnitud real del d¨¦ficit, como hicieron los socialistas en 1983, y como hizo incluso Solbes en 1993, cargando al ejercicio anterior todas las obligaciones pendientes, a fin de hacer m¨¢s visible la reducci¨®n del d¨¦ficit a partir de ese a?o. Pero tambi¨¦n tiene l¨®gica la queja de quienes reprochan al Gobierno actual la inoportunidad de suscitar ahora esa cuesti¨®n, en perjuicio del cr¨¦dito de la econom¨ªa espa?ola ante el temible tribunal de los mercados, por una parte, y del de la Uni¨®n Europea, de cuyo criterio dependen los fondos de cohesi¨®n. Esos fondos est¨¢n en parte condicionados al cumplimiento de las previsiones de reducci¨®n del d¨¦ficit.

Borrell, cuyo, departamento fue el principio responsable del desfase detectado, acus¨® ayer al Gobierno del PP de haber magnificado el mismo con la intenci¨®n de justificar as¨ª medidas fiscales impopulares, como la subida de algunos impuestos indirectos. El ex ministro de Obras P¨²blicas insinu¨® incluso que el informe de la Intervenci¨®n General no hab¨ªa sido es pont¨¢neo, sino realizado a instancias del Gobierno. Aunque as¨ª fuera, ello no anula unas conclusiones que cuestionan el rigor proclamado hace unos meses. En cualquier caso, la ense?anza es que algunos usos contables, en s¨ª mismos leg¨ªtimos, acaban resultando viciosos si no se establecen l¨ªmites precisos y, en ese sentido, parece acertada la iniciativa gubernamental de una ley de contratos de las administraciones que, entre otros extremos, obligue a cancelar los anticipos de cr¨¦ditos extraordinarios antes de concluir el ejercicio correspondiente.