Sobre embrollos y esperpentos

Seguramente ser¨¢ verdad que los caracteres nacionales no existen. No es raro que los mismos soci¨®logos que explican eso con muchas y buenas razones se admiren en privado del respeto de los suizos por la ley o censuren la reverencia excesiva de los alemanes por la autoridad, o m¨¢s frecuentemente coincidan con los legos en la afirmaci¨®n com¨²n de que los espa?oles no tenemos remedio; probablemente ser¨¢n debilidades que no debemos tomar en cuenta. No imputemos, por tanto, la cosa a nuestro car¨¢cter nacional, pero la verdad es que, sea cual sea el origen de este rasgo, los espa?oles nos inclinamos m¨¢s al juicio que al an¨¢lisis. Calificamos con rotundidad las conductas ajenas, sobre todo para condenar, pero raramente nos preocupamos por ir m¨¢s all¨¢ de las apariencias en lo que toca a los hechos. En cuanto alguien los define, lo ¨²nico que nos importa ya es el juicio sobre la conducta de los actores.Valga como ejemplo el famoso embrollo de los papeles del Cesid. Apenas hay quien coja la pluma en los peri¨®dicos o la palabra en la radio si no es para condenar la decisi¨®n del Gobierno de no atender la petici¨®n de los jueces para desclasificarlos, con la que se cierra, suele decirse, la posibilidad de condenar a los responsables de los cr¨ªmenes del GAL. Pocos son, si alguno, los que se preguntan si el Gobierno pod¨ªa hacer lo que se le ped¨ªa y si de su negativa se siguen tan terribles consecuencias. Y sin embargo, algunas razones hay para dudar de lo uno y de lo otro.

Por de pronto, la tan manida desclasificaci¨®n, como opuesto de la clasificaci¨®n, significa, cabe suponer, que se permite el acceso a los papeles de todos los espa?oles, o al menos de todos los interesados, y desde luego de los jueces, que hasta entonces lo ten¨ªan vedado. Los papeles cuya desclasificaci¨®n se solicita son, sin embargo, de dominio p¨²blico desde hace mucho tiempo; han sido publicados incontables veces y figuran, desde luego, en manos de los jueces, que los han podido tomar de la prensa o les han sido entregados por ¨¦sta o por otros encausados, o milagrosamente los han encontrado en la celda en donde alguno de ¨¦stos espera la decisi¨®n de la justicia. Conocidos lo son ya hasta la saciedad. Lo que los jueces han pedido al Gobierno no es, por tanto, que levante un secreto que no existe, sino algo bien distinto. Algo as¨ª como lo que en la jerga administrativa se llama la adveraci¨®n de fotocopias: que certifique que las que obran en manos de los jueces coinciden con el original, y esto es algo bien distinto. El contenido de los papeles afectar¨¢ o no a la defensa nacional, pero si ¨¦sta requiere en alg¨²n caso el secreto, quedar¨ªa m¨¢s bien malparada si los organismos encargados de mantenerlo se vieran obligados a colaborar con quienes lo violan, certificando que los documentos publicados hab¨ªan sido efectivamente sustra¨ªdos. Dicho en otros t¨¦rminos, la sustracci¨®n da a tales documentos una relevancia que sin ella tal vez no tendr¨ªan. Quienes montaron la operaci¨®n, si realmente los hubo, no estuvieron bien asesorados.

Otra cosa es, y ¨¦ste es un segundo y muy interesante aspecto de la cuesti¨®n, que el propio Gobierno acuse a alguien de la sustracci¨®n. No parece posible tomar en serio esta acusaci¨®n si quien la hace no certifica o demuestra que los papeles que se encuentran en poder del presunto ladr¨®n, o que ¨¦ste ha difundido o entregado a otros, no eran efectivamente secretos. Si no lo hace, el acusado no podr¨¢ ser condenado, y si lo hace, no se necesita m¨¢s para que los jueces los tengan por verdaderos. Es decir, por documentos que efectivamente se guardaban como tales en un archivo administrativo. Nada menos, pero, como a continuaci¨®n veremos, tampoco nada m¨¢s. Dicho tambi¨¦n en resumen: la acci¨®n dirigida contra Perote dispensa en buena medida de la necesidad de la adveraci¨®n. Quiz¨¢ en toda la medida.

Teng¨¢moslos por buenos para que el infiel no quede sin castigo, pero a partir de ah¨ª ?qu¨¦ hemos ganado exactamente? En t¨¦rminos procesales no se trata de documentos p¨²blicos cuyo contenido da fe de lo que en ellos se dice, a menos que se demuestre su falsedad, sino de documentos privados, por muy administrativos que sean, que a lo m¨¢s prueban que alguien dijo algo en un determinado momento. Alguien que ni estaba obligado a decir verdad ni quiz¨¢ quer¨ªa decirla. Probablemente no sea ¨¦ste el caso, pero la historia contempor¨¢nea est¨¢ llena de ejemplos, alguno de ellos pr¨®ximo a nosotros en el tiempo y el espacio, de servicios que han conspirado contra sus Gobiernos. En definitiva, los papeles ser¨¢n, en el mejor de los casos, una prueba m¨¢s, pero no concluyente.

No depende de la desclasificaci¨®n de los papeles el enjuiciamiento penal de los responsables pol¨ªticos del GAL, ni parece probable que, con papeles o sin ellos, puedan ¨¦stos recibir jam¨¢s condena penal alguna. La cadena que los une con los autores directos de los cr¨ªmenes es demasiado larga y sus eslabones demasiado numerosos y oscuros para que un tribunal penal pueda subsumir su conducta sin sombra de dudas en un tipo delictivo, y en la duda no se puede condenar.

Esto es seguramente lo que siempre se ha querido con la judicializaci¨®n de la responsabilidad pol¨ªtica, una v¨ªa animosamente emprendida por el PSOE hace ya muchos a?os y seguida despu¨¦s con entusiasmo y notable miop¨ªa por el PP mientras fue oposici¨®n. Una v¨ªa que no conduce a parte alguna si no es a un embrollo cada vez mayor, a un esperpento cada d¨ªa m¨¢s grotesco. Una v¨ªa que, por todas esas razones y algunas m¨¢s, deber¨ªamos abandonar cuanto antes. Que la justicia siga su curso, puesto que ya est¨¢ en marcha, pero dej¨¦mosla en paz y no esperemos de ella lo que no podr¨¢ dar. Para considerar responsables pol¨ªticos del GAL a quienes gobernaban el pa¨ªs en los a?os que ¨¦l actu¨® sobran jueces y fiscales y abogados. Que cada cual establezca esa responsabilidad como quiera y saque de ella las consecuencias que su conciencia de ciudadano le dicte. No es imposible, sino m¨¢s bien probable, que la judicializaci¨®n de la justicia no sea fruto s¨®lo de las arteras manipulaciones de los gobernantes, sino tambi¨¦n de la ausencia de sentido c¨ªvico de los ciudadanos, que encuentran en ella un excelente alib¨ª. Pero de ello, otro d¨ªa.Francisco Rubio Llorente es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.