No a una ley de 'punto final'

La aplicaci¨®n en Chile de la Ley de Amnist¨ªa de 1978 al asesinato de Carmelo Soria se une a m¨¢s de 20 casos similares cerrados en Chile desde el comienzo del presente a?o, en lo que parece un proceso de aplicaci¨®n del punto final por la v¨ªa judicial.La Corte Suprema fundament¨® su decisi¨®n en que Soria no se hallaba bajo inmunidad diplom¨¢tica por no haberse probado su condici¨®n de funcionario internacional, ignorando el sumario realizado por uno de los jueces firmantes de lo? sentencia y los comunicados emitidos por la ONU.

Pero m¨¢s all¨¢ de la resoluci¨®n del caso de este ciudadano de nacionalidad chilena y espa?ola, y en cuya muerte en 1976 est¨¢n implicados altos cargos del Ej¨¦rcito, hay que analizar el significado de esta ins¨®lita resoluci¨®n de la Justicia chilena.

Desde la confirmaci¨®n en mayo de - 1995 de las condenas impuestas por el caso Letelier, Chile parece asistir a un proceso acelerado de cierre definitivo de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos del pasado, cierre que no fue posible durante el r¨¦gimen militar.

Hay tres elementos, en el derecho internacionalmente reconocido, a contar con un recurso efectivo frente a las violaciones de derechos humanos: verdad, justicia y compensaci¨®n. Chile ha avanzado en asegurar la compensaci¨®n, pero con el cierre prematuro de los casos se equipara a los pa¨ªses que han negado a las familias el derecho a la verdad y la justicia.Una opini¨®n similar parec¨ªa compartir el actual presidente, Eduardo Frei, que en agosto de 1995 escribi¨®: "( ... ) La soluci¨®n de decretar el olvido por la v¨ªa de una ley de punto final no me parece justani ¨¦ticamente aceptable".

Pero tres meses despu¨¦s el Gobierno presentaba un nuevo proyecto que en la pr¨¢ctica supondr¨ªa el cierre de todos los procedimientos legales contra los autores de violaciones de derechos humanos durante el periodo 1973-78.

Aunque este proyecto sigue aparcado, el punto final se est¨¢ aplicando en la pr¨¢ctica judicial y amenaza a la Corporaci¨®n de Reparaci¨®n y Reconciliaci¨®n, organismo gubernamental que contin¨²a el trabajo de la Comisi¨®n de Verdad y Reconciliaci¨®n, y cuyo mandato expira a finales de 1996.La Corporaci¨®n ha confirmado la existencia de 123 nuevos casos de desaparici¨®n y 776 casos m¨¢s de muertes bajo tortura o ejecuci¨®n extrajudicial, a a?adir a los 979 desapariciones y 1.319 muertes confirmados en 1991 por la Comisi¨®n precedente. Los defensores de la impunidad suelen aludir a la necesidad de olvidar el pasado en aras de la transici¨®n. Una raz¨®n opuesta la expres¨® el presidente de la Corporaci¨®n, Alejandro Gonz¨¢lez:_ "Eso ser¨ªa reconocer que se cometieron m¨¢s de mil crimenes perfectos.( ... )Aqu¨ª no hubo guerra, hubo una pol¨ªtica de terrorismo de Estado".Amnist¨ªa Internacional cree que deben establecerse todos los detalles sobre los m¨¢s de tres mil casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, y se opone a que se restrinjan las investigaciones. En este sentido, Al conf¨ªa en que el Gobierno espa?ol impulse una resoluci¨®n sin impunidad tanto del caso Soria, como de los otros espa?oles incluidos en una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional.