Indicios y pruebas

AUNQUE EL Gobierno no desclasifique los llamados papeles del Cesid, sus copias tienen validez como indicios, por lo que los jueces deben investigar los supuestos delitos a los que en ellos se hace referencia. Es m¨¢s: la no desclasificaci¨®n no significa que "est¨¦n definitivamente condenados a no servir como prueba" ante un tribunal. As¨ª lo sostiene la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto conocido ayer. La resoluci¨®n contradice la interpretaci¨®n de quienes ven¨ªan sosteniendo que la negativa del Gobierno a desclasificar los papeles abocaba a la paralizaci¨®n de los sumarios sobre los GAL y al triunfo de la impunidad.Esta consideraci¨®n, entre otras, ha servido pira que esa sala confirme el procesamiento y la prisi¨®n preventiva de los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo por su presunta participaci¨®n en la tortura y asesinato de Lasa y Zabala. Sigue adelante, por tanto, la investigaci¨®n. El instructor podr¨¢ utilizar los indicios contenidos en los papeles, pese a que su no desclasificaci¨®n impida por ahora utilizarlos como elemento de prueba. El auto dictado ayer considera que la resoluci¨®n dictada por el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, que otorgaba al Gobierno la exclusiva competencia para la desclasificaci¨®n de documentos secretos, entra en contradicci¨®n con la doctrina reiterada por el Supremo. La sala concluye que si los papeles resultaran finalmente imprescindibles como elemento de prueba, tendr¨ªan que llegar de alguna manera a los tribunales, con todas las garant¨ªas de secreto que fueran necesarias. Incluso apunta la v¨ªa del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para resolver un eventual conflicto. Pero al margen de esas reflexiones, la sala concluye que la negativa a desclasificar los papeles del Cesid no resta valor de indicio de prueba a las supuestas copias halladas en la celda de Perote y que est¨¢n en poder de los jueces.

En el pulso que algunos jueces mantienen con el Gobierno -hasta hace unos meses con el del PSOE y hoy con el del PP- a cuenta de los papeles del Cesid, este auto es, sin duda, un varapalo al Ejecutivo. Pero no por ello destruye los argumentos en los que se apoy¨® el Consejo de Ministros del 2 de agosto para la no desclasificaci¨®n. Argumentos espec¨ªficamente pol¨ªticos, que no pueden ser obviados: el negativo efecto sobre los servicios secretos al establecer un precedente de ese tipo, la inconveniencia de abrir un proceso de desautorizaci¨®n de un Gobierno a su antecesor y la utilizaci¨®n de esos papeles como elemento de chantaje contra el Gobierno leg¨ªtimo. Chantaje que no desaparece incluso si al final los papeles acaban convirti¨¦ndose en prueba definitiva. El Gobierno hizo bien en no colaborar al blanqueo del material que el, coronel Perote rob¨® del Cesid. Por lo dem¨¢s, sobre ese acuerdo del Consejo de Ministros se pronunciar¨¢ finalmente el Supremo, ante el que se han presentado dos recursos contenciosos.

Todo este embrollo jurisdiccional que contamina la vida p¨²blica de este pa¨ªs desde hace varios a?os habr¨ªa podido evitarse en buena medida mediante la creaci¨®n de una instancia, tal vez en el ¨¢mbito del Tribunal Supremo, que tuviera acceso restringido a documentos secretos cuando se plantea un conflicto de esta naturaleza. Es algo que la nueva Ley de Secretos Oficiales debe resolver de una vez por todas.