Lo incomprensible

QUE EL PNV amenace al Gobierno con denunciarle ante el Tribunal de Estrasburgo por aplicar respecto a los presos de ETA una pol¨ªtica que hasta hace no mucho defend¨ªa el propio PNV es algo dif¨ªcil de entender. Pero resulta abiertamente incomprensible que lo haga en plena campa?a del radicalismo violento por el reagrupamiento de los presos, y con un funcionario secuestrado, bajo ese pretexto, desde hace nueve meses. Fue Arzalluz quien declar¨® tras el secuestro que mientras Ortega Lara fuera retenido por sus captores "deber¨ªa paralizarse cualquier iniciativa respecto a los "presos".No sorprende tanto que el partido de Garaikoetxea, que acaba de recordar que el enemigo no es ETA, sino "el nacionalismo espa?ol", apoye un planteamiento de frente nacionalista al respecto; pero supera lo esperable por los m¨¢s pesimistas que Izquierda Unida se sume con entusiasmo a una estrategia que tiende a sustituir la l¨ªnea divisoria entre los dem¨®cratas y los violentos por otra que separa a los nacionalistas -violentos o pac¨ªficos- de quienes no lo son (incluyendo los votantes vascos de Izquierda Unida).

Muchos presos de ETA llevan m¨¢s de 10 a?os oyendo que la inminente negociaci¨®n de la alternativa KAS va a ponerles pronto en la calle, y existe el peligro de que pierdan la fe. A fin de evitarlo, ETA ha preferido siempre tenerlos concentrados en unas pocas c¨¢rceles para mantener su dependencia respecto al grupo e impedirles recobrar su individualidad: pensar por su cuenta. Todo un aparato externo de abogados, gestoras y visitadores refuerza ese control. Con la idea de romperlo se puso en marcha en 1989 la pol¨ªtica de dispersi¨®n. El resultado fue que m¨¢s de 40 presos se acogieron a las medidas de reinserci¨®n en un a?o. El PNV y todos los dem¨¢s partidos democr¨¢ticos apoyaron esa pol¨ªtica, coherente por lo dem¨¢s con el esp¨ªritu y la letra de la ley penitenciaria.

Es falso que dicha ley reconozca un supuesto derecho de los presos a cumplir sus penas cerca de sus hogares. El derecho es a la reinserci¨®n social, y la ley, as¨ª como el reglamento que la desarrolla, recomiendan diversas medidas tendentes a favorecerla. Una de ellas es que "se procure", "en la medida de lo posible", contar con plazas suficientes en las prisiones de cada comunidad para "evitar el desarraigo social" de los penados. Pero otra es la que determina que el tratamiento de los reclusos sea "individualizado", destin¨¢ndolos "al establecimiento cuyo r¨¦gimen sea m¨¢s adecuado". La dispersi¨®n fue en un momento dado una medida tendente a favorecer ese tratamiento individualizado que permitiera la reinserci¨®n.

Desde hace alg¨²n tiempo hay en Euskadi un acuerdo bastante amplio -no un¨¢nime- seg¨²n el cual la dispersi¨®n, tal como se aplic¨® en 1989, ha dejado de ser eficaz como v¨ªa de reinserci¨®n y en cambio, tiene algunos efectos contra producentes. Por ejemplo, parece ser que la lejan¨ªa de algunas prisiones favorece las intenciones controladoras de los comisarios pol¨ªticos, a trav¨¦s de la organizaci¨®n de largos y costosos viajes colectivos a prisiones muy alejadas del Pa¨ªs Vasco. En funci¨®n de ello, en junio pasado se anunci¨® la intenci¨®n por parte de la Administraci¨®n de proceder a un acercamiento paulatino y selectivo de los reclusos a c¨¢rceles situadas en un radio no superior a 300 kil¨®metros de sus hogares. Se trataba de aplicar el principio de acercamiento sin que conllevara la concentraci¨®n excesiva en unos pocos centros -en Euskadi hay tres c¨¢rceles-, y de hacerlo de acuerdo con la situaci¨®n individual de cada penado.

Puede discutirse la diligencia en su aplicaci¨®n, pero los criterios parecen sensatos. No se entiende, por ello, la radicalidad de los pronunciamientos de algunos partidos en las ¨²ltimas semanas ("insulto a los vascos"); pero a¨²n se entiende menos la descalificaci¨®n sin matices de la pol¨ªtica penitenciaria del Gobierno, incluyendo una insidiosa exigencia de que "se respeten los derechos humanos elementales de los presos vascos", y hasta la amenaza de remitir el caso a los tribunales internacionales, aprobada el jueves, por la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento vasco. A no ser que de lo que se trate sea precisamente de contraponer la legitimidad del Parlamento vasco a la del Gobierno espa?ol, pese a reconocerse que la pol¨ªtica penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior.

Es cierto que resulta ins¨®lito ver la firma de HB al pie de un texto que es el resultado de un debate en un Parlamento cuya legitimidad no reconoce. Pero es dudoso que sea un ¨¦xito sumar al consenso a HB al precio de impedir el que se estaba forjando con partidos como PP y PSOE, que representan al 42% del electorado vasco.