Lluvia de criticas a la oposici¨®n de Serra a cumplir el fallo del Supremo

La postura del ministro de Defensa, Eduardo Serra, partidario de que el Gobierno no ejecute la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo si ¨¦ste se pronuncia en favor de la desclasificaci¨®n y entrega a los jueces de los documentos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, recibi¨® ayer duras cr¨ªticas por parte de Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y varias asociaciones de jueces y magistrados.

El coordinador general de IU, Julio Anguita, acus¨® a Serra de "torpedear el Estado de Derecho e intentar impedir que la justicia se aplique". Seg¨²n declar¨® a Europa Press TV, "Serra fue promovido a ministro con un objetivo muy claro: impedir como sea que se aplique la ley".

El dirigente del Partido de la Nueva Izquierda Diego L¨®pez Garrido afirm¨®, por su parte, que la actitud de Serra equivale a declararse insumiso frente al Estado de Derecho.

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, I?aki Anasagasti, cree que Eduardo Serra est¨¢ actuando "como si estuviera juramentado para entorpecer la labor de la justicia".

El portavoz de Coalici¨®n Canaria en la Comisi¨®n de. Justicia e Interior del Congreso, Luis Mardones, opin¨® que el ministro de Defensa "est¨¢ en su papel" al oponerse a la desclasificaci¨®n de los papeles del Cesid, si bien cree que "prevalecer¨¢ el criterio" de Aznar de efectuar la desclasificaci¨®n si lo pide el Tribunal Supremo.

Casos extraordinarios

El secretario general de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Jos¨¦ Luis Requero, afirm¨® que "las posibilidades que la ley da a un ministro para negarse a cumplir una sentencia hacen referencia a casos tan sumamente extraordinarios que no ser¨ªan aplicables".La portavoz de la asociaci¨®n judicial Francisco de Vitoria, Mar¨ªa Tard¨®n, se?al¨®, en ese sentido, que "por mucho que el ministro de Defensa alegue que se pueden encontrar dict¨¢menes jur¨ªdicos en los que basar su posici¨®n, el Gobierno est¨¢ obligado al acatamiento de las resoluciones judiciales, porque as¨ª lo establece la Constituci¨®n".

Por su parte, el portavoz de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso Su¨¢rez, explic¨® que Serra se ampara en la Ley de Jurisdicci¨®n Contencioso Administrativa, "una norma preconstitucional que establec¨ªa una potestad absolutamente desorbitante del Gobierno y de la Administraci¨®n".