Sueldos p¨²blicos

LAS COMUNIDADES aut¨®nomas, ayuntamientos y diputaciones de diverso signo pol¨ªtico que han anunciado p¨²blicamente su intenci¨®n de no respetar en su ¨¢mbito la congelaci¨®n salarial acordada por el Gobierno para el sector p¨²blico ya saben a qu¨¦ atenerse respecto al alcance de su desaf¨ªo: el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre un supuesto que, si no es exactamente igual, se le parece como una gota de agua a otra. Y su veredicto ha sido inequ¨ªvoco: las comunidades aut¨®nomas no pueden rebasar en sus presupuestos regionales los topes salariales que establezca el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado.En 1988, el gobierno gallego, como ahora los gobiernos vasco y navarro y algunos ayuntamientos y diputaciones, decidi¨® subir las retribuciones del personal al servicio de la administraci¨®n auton¨®mica por encima de los topes m¨¢ximos establecidos en la ley estatal del Presupuesto. Pero entonces, a diferencia de hoy, no hab¨ªa un criterio claro sobre la constitucionalidad de esa clase de decisiones. En cualquier caso, el Gobierno central pens¨® que la Xunta, presidida en aquellas fechas por el socialista Gonz¨¢lez Laxe, se hab¨ªa extralimitado en sus competencias y de ah¨ª que recurriera su decisi¨®n.

Hoy, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no caben dudas de la inconstitucionalidad de decisiones que sobrepasan los l¨ªmites de la autonom¨ªa financiera de las autonom¨ªas y vulneran las competencias del Estado sobre planificaci¨®n y coordinaci¨®n general de la actividad econ¨®mica. En estas circunstancias, dar marcha atras ser¨ªa lo prudente por parte de quienes se precipitaron en prometer subidas que no estaba claro que pod¨ªan hacer. Es cierto que tendr¨ªan que afrontar la protesta de los colectivos frustrados por la imposibilidad de cumplir tales promesas, pero empe?arse en el desaf¨ªo ser¨ªa entrar en una din¨¢mica de efectos incontrolables. La decisi¨®n del Gobierno de congelar los sueldos de los funcionarios puede ser discutible, pero el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones, no.