La ocasion de callarse

La verdad de la justicia nunca es un resplandor. Es, por el contrario, una convenci¨®n. Pero una convenci¨®n que nos obliga a todos. O, por lo menos, a todos los que queremos apostar por el funcionamiento de las reglas del Estado de derecho. Estas consisten en que lo que la justicia pronuncia definitivamente debe ser acogido como la verdad. No cabe, por tanto, guardar reservas mentales.Desde luego que todo poder es criticable, y acaso m¨¢s que otros el poder judicial, puesto que su soporte democr¨¢tico es m¨¢s d¨¦bil que el de los dem¨¢s. Pero, en la medida en que se conviene en la necesidad de que los actos p¨²blicos o privados deben estar sometidos al control judicial, no podemos mantener en el mismo plano los pronunciamientos de los tribunales que la cr¨ªtica a estos pronunciamientos. En el primer caso estamos ante la proclamaci¨®n de la verdad judicial; en el segundo, se trata simplemente de expresar nuestro juicio particular, discordante con la verdad judicial pronunciada. Incluso en los casos en que la cr¨ªtica est¨¦ desprovista de motivaciones ideol¨®gicas o partidistas, por ejemplo, incluso en los casos de expresi¨®n de fundados razonamientos doctrinales, el respeto a la verdad judicial exige que entendamos que estas cr¨ªticas no pueden pretender la sustituci¨®n de esta verdad por la nuestra, sino simplemente la proposici¨®n de que los futuros pronunciamientos de la verdad judicial acepten razonamientos y criterios que hasta ahora, o que en el caso criticado, no ha aceptado.

¨²ltimamente se ha planteado un debate importante y sutil sobre la judicializaci¨®n inherente al sistema democr¨¢tico de derecho. Dejemos a un lado la discusi¨®n "en profundidad" de los argumentos mantenidos por una u otra parte, en relaci¨®n con la autonom¨ªa o no de los "actos pol¨ªticos" porque, a las primeras de cambio, se ha abierto una primera sima, entre los que pretenden razonar sobre los t¨¦rminos de este debate y los que intentan utilizar el debate para mantener sus planteamientos partidistas. Veamos, en efecto, la primera paradoja: una buena parte de los que defienden la judicializaci¨®n de los actos pol¨ªticos niegan la consecuencia m¨¢s inmediata de su afirmaci¨®n: cuando el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el hecho de que Felipe Gonz¨¢lez no debe ser llamado a declarar, se niegan a aceptar la verdad judicial convenida y, por tanto, proclamada en un Estado de derecho. No saben distinguir, ni siquiera, entre la verdad judicial -el pronunciamiento del tribunal- y el sentido de los votos particulares que, por haberse quedado en minor¨ªa, no son verdad judicial, sino simplemente proposici¨®n de doctrina, acaso para el futuro.

Seg¨²n las convenciones del Estado de derecho, "lo cierto" es que Felipe Gonz¨¢lez no debe ser citado, porque no es justo que lo sea y, por tanto, porque, al no citarle, no se produce ni discriminaci¨®n ni trato desigual. Anguita, "el que no tiene pelos en la lengua", podr¨¢ deducir que, en algunos casos, las declaraciones de un arrepentido han provocado la inculpaci¨®n de un narcotraficante, mientras que las declaraciones de gentes tan nobles como Garc¨ªa Damborenea o Rold¨¢n no han provocado la inculpaci¨®n de Gonz¨¢lez. Pero es lo cierto que este debate sobre la discriminaci¨®n ha sido tambi¨¦n materia de la discusi¨®n del tribunal competente y, juzgando que la discriminaci¨®n s¨®lo se produce cuando se da trato desigual a situaciones iguales, ha concluido que no se da discriminaci¨®n cuando se decide no llamar a Gonz¨¢lez. Y as¨ª proclama la verdad judicial. Anguita, desde su lengua sin pelos, tiene perfecto derecho a opinar lo contrario, pero debe respetar que no es a ¨¦l a quien corresponde proclamar la verdad judicial.

Anasagasti, e igualmente el portavoz de Herri Batasuna, Carmelo Landa, se han pronunciado en semejante sentido, denunciando que no hay igualdad ante la ley. Pero, ante este tema, a uno se le ocurren algunas consideraciones que las voy a exponer, aunque sea brevemente, porque son incidentales en relaci¨®n con el razonamiento que estoy exponiendo. Anasagasti y Landa no se dan cuenta de que, si de pol¨ªtica hablamos, la desigualdad mayor ser¨ªa la que se produce cuando defienden la excarcelaci¨®n de los presos de ETA -Anasagasti, es cierto, cuando renuncian a la violencia, a diferencia de Carmelo Landa-, mientras que no se sabe que hayan defendido la excarcelaci¨®n de los criminales del GAL, aunque hayan renunciado a la violencia. (Perd¨®n, con una excepci¨®n: hasta donde yo recuerdo, no se han opuesto a la excarcelaci¨®n de Amedo y Dom¨ªnguez, a pesar de que la verdad judicial se ha pronunciado sobre ellos; como se ve, el problema de los "actos pol¨ªticos" es algo m¨¢s complicado de lo que a primera vista parece). Anasagasti y Carmelo Landa tienen perfecto derecho a opinar contra el pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero el primero debe comprender que no es ¨¦l quien pronuncia la verdad judicial y al segundo no se le debe reconocer el derecho a sustituir la expresi¨®n democr¨¢tica por la suya.

Los parlamentarios, cegados por su evidente mayor legitimidad democr¨¢tica que la de los jueces, pueden caer en el error de confundir su libertad de expresi¨®n y de criterio con el monopolio de la verdad judicial que tienen atribuida los jueces. Ya es m¨¢s dif¨ªcil que pueda justificarse la diarrea verbal del fiscal general. De este se?or cab¨ªa esperar que se sintiera comprometido por su funci¨®n en la construcci¨®n del sistema de pronunciamiento de la verdad judicial. Porque la verdad no es s¨®lo un pronunciamiento de los jueces: es tambi¨¦n el resultado de un procedimiento del que son parte, adem¨¢s de los jueces, el fiscal y los abogados. La comez¨®n por decir obviedades que le ha entrado, contra lo que la junta de fiscales expres¨® en su d¨ªa y, sobre todo, en el momento en que cualquier pronunciamiento suyo pod¨ªa ser interpretado como una injerencia en el pronunciamiento de la verdad judicial, revela su desprecio al funcionamiento de la justicia.

Y no vale ni siquiera el argumento de la obviedad. Est¨¢ claro que cualquier persona -tambi¨¦n Felipe Gonz¨¢lez- puede ser imputada si aparecen nuevos indicios racionales que conducen a esta conclusi¨®n. Pero esta "cualquier persona" puede ser, m¨¢s que Felipe Gonz¨¢lez, que precisamente acaba de ser sujeto pasivo de una exculpaci¨®n, otro cualquiera, corno, por ejemplo, un tal Ortiz Urculo, sobre el que nada se ha dicho a su favor en eventuales acusaciones que le pudieran llegar por delitos que pudiera haber cometido: asesinato, tr¨¢fico de drogas o cualquier otro. Yo he aprendido a no poner la mano en el fuego por nadie -y no la pondr¨¦ por Ortiz ?rculo-, pero en todo caso, estar¨ªa mal que ni siquiera se insinuara ahora algo tan obvio como que cualquiera puede cometer esos delitos. No es tolerable, por tanto, que se diga la obviedad de que, si hubiera cometido esos delitos, tendr¨ªa que ser imputado por ellos. No lo es por dos razones: la m¨¢s fuerte, porque no estoy dispuesto a aceptar la necesidad de la probatio diab¨®lica, seg¨²n la cual uno est¨¦ forzado a demostrar su inocencia, incluso ante insinuaciones; la menos fuerte, pero m¨¢s de acuerdo con nuestro sistema judicial democr¨¢tico, porque espero que la verdad judicial la pronuncien los tribunales.

Y mientras tanto, todos, y muy en especial el fiscal general, tendr¨ªan que aprovechar la ocasi¨®n de callarse.

es catedr¨¢tico del ESTE de San Sebasti¨¢n.