Una iniciativa para financiar la ense?anza

Durante la primavera del a?o 1994, 625.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro pa¨ªs firmaron para apoyar la tramitaci¨®n en el Parlamento de nuestro pa¨ªs de la primera Iniciativa Legislativa Popular. Su preocupaci¨®n se centraba en la falta del dinero para Educaci¨®n y las repercusiones que ello ten¨ªa en la calidad de la ense?anza y en el proceso de reformas en marcha. As¨ª, la Ley Marco Reguladora de la Financiaci¨®n del Sistema Educativo, presentada en el Congreso por Comisiones Obreras en diciembre de 1993, consigui¨® la certificaci¨®n de m¨¢s de las 500.000 firmas necesarias el 15 de noviembre de 1994, y su publicaci¨®n como proposici¨®n de ley en el Bolet¨ªn Oficial de las Cortes el 19 de diciembre de 1994. En aquel momento, algunos dijeron que la mejor ley de financiaci¨®n era la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como argumentaron en 1990 al solicitarse, por parte de diferentes sectores -el PP entre ellos-, una ley de financiaci¨®n que acompa?ase a la LOGSE. Sin embargo, ese argumento ha sido invalidado, rotundamente, por los sucesivos PGE que, al d¨ªa de hoy, no han satisfecho las necesidades financieras del sistema educativo.Al hablar de la proposici¨®n de ley que, por iniciativa popular, est¨¢ pendiente de tramitaci¨®n, conviene llamar la atenci¨®n sobre dos cuestiones relevantes. La primera, que al ser, efectivamente, el primer texto legal que proponen directamente los ciudadanos, y sobre una cuesti¨®n de importancia decisiva, como es la Educaci¨®n, es l¨®gico esperar del Parlamento la atenci¨®n suficiente como para, al menos, abordar su debate. La segunda, que si bien la petici¨®n de un marco normativo que regule la financiaci¨®n de la ense?anza est¨¢ plante¨¢ndose, actualmente, desde distintos ¨¢mbitos pol¨ªticos y sociales, es obvio que no todos hablamos del mismo marco legal. La propuesta que, en este momento, espera en la Mesa del Congreso se preocupa de mejorar la calidad del servicio p¨²blico educativo.

Las herramientas que propone esta normativa marco son tres: planificaci¨®n, coordinaci¨®n y participaci¨®n. As¨ª, con el objetivo de salvaguardar un gasto b¨¢sico y suficiente, plantea dise?ar dos planes cuatrienales que permitan acercarnos progresivamente al gasto medio europeo (6% del PIB). Dicha planificaci¨®n, que incluye fases de evaluaci¨®n y adaptaci¨®n, se dise?ar¨ªa desde una comisi¨®n interterritorial, en la que estar¨ªan representadas la Administraci¨®n central y todas las comunidades aut¨®nomas, con el asesoramiento de un consejo en el que participar¨ªan los representantes de la comunidad educativa.

Se trata, por tanto, de una norma reguladora de la previsi¨®n global del gasto, de unas l¨ªneas maestras, para financiar una ense?anza que garantice la igualdad de oportunidades y la compensaci¨®n de los desequilibrios territoriales. De tal manera que las coyunturas econ¨®micas o pol¨ªticas no mermen las posibilidades y los medios de la oferta educativa al servicio de todos los ciudadanos.

En todo caso, e independientemente de que esta proposici¨®n de ley sea finalmente aprobada, parece clara, a tenor de los vientos que circulan en el mundo de la ense?anza, la oportunidad de debatir y buscar un consenso sobre los recursos financieros que debe establecer la Administraci¨®n para resolver los problemas y mejorar su oferta educativa. Eludir este debate parlamentario ser¨ªa dar la espalda a la realidad.