Estatutos republicanos, autonom¨ªa y transici¨®n

Los estudios sobre nuestra transici¨®n se han preguntado en repetidas ocasiones acerca de las potencialidades de los estatutos de autonom¨ªa republicanos para encauzar en su momento la cuesti¨®n nacional-regional espa?ola, as¨ª como por las razones de que no prosperaran las opiniones favorables a su restablecimiento. Vista la cuesti¨®n con alguna distancia, y a reserva de una objeci¨®n de Juan Linz a la que luego se har¨¢ referencia, parece aceptable la hip¨®tesis de que ese restablecimiento hubiera sido una buena oportunidad para moderar un problema cuya evoluci¨®n no ha hecho justicia al impresionante proceso reformador de la planta pol¨ªtica del Estado realizado en estos ¨²ltimos 20 a?os.En l¨ªneas generales, y a reserva siempre de la capacidad del personal pol¨ªtico para mejorar y para empeorar las potencialidades intr¨ªnsecas a cualquier mecanismo jur¨ªdico-constitucional, podemos convenir en que la soluci¨®n auton¨®mica de 1931 y 1932 tend¨ªa a ser clara, ponderada y respetuosa tanto con las autonom¨ªas territoriales como con la idea de una com¨²n naci¨®n espa?ola. Lo aprobado en 1931 no era incompatible, por otro lado, con la inevitable generalizaci¨®n de la autonom¨ªa al filo de nuestra transici¨®n y se adecuaba al tratamiento flexible, que, tras el fin de la dictadura, requer¨ªa una cuesti¨®n estrictamente nacionalista y otra de naturaleza puramente regional. Es seguro, adem¨¢s, que las fuerzas pol¨ªticas nacionalistas catalanas y vascas hubieran aceptado en un primer momento con satisfacci¨®n la soluci¨®n republicana al problema.

En un reciente libro sobre la transici¨®n coordinado por Javier Tusell y ?lvaro Soto, plantea Juan Linz una novedosa explicaci¨®n para evaluar positivamente el hecho de que no prosperara el restablecimiento estatutario. Se refiere as¨ª Linz, combinando quiz¨¢ una t¨¢cita referencia a nuestras elecciones municipales de 1931 y una expresa menci¨®n a las tensiones rusas y yugoslavas del momento, al riesgo de que aquel restablecimiento hubiera precipitado unas elecciones en Catalu?a y en el Pa¨ªs Vasco antes de disponer de un poder central democr¨¢ticamente legitimado. Siendo evidentes los riesgos de tensi¨®n entre unas eventuales nacionalidades democr¨¢ticas y un Estado central en pleno proceso de transici¨®n, es discutible, y tampoco creo que Linz lo afirme expresamente, que ¨¦sta sea la aut¨¦ntica raz¨®n que llev¨® a los gobernantes del momento a renunciar a los estatutos republicanos.

M¨¢s all¨¢ de las vagas presiones militares a las que ocasionalmente se ha aludido, parece particularmente sensata la observaci¨®n de Juan Pablo Fusi en ese mismo libro respecto al temor a un restablecimiento, aunque fuera parcial, de la legalidad republicana v¨ªa los estatutos de autonom¨ªa. No se tratar¨ªa tanto, como ha subrayado Paloma Aguilar en su sugerente estudio sobre el peso de la memoria de la guerra civil en la transici¨®n, de alejarse tambi¨¦n en este punto del contramodelo republicano. Lo decisivo habr¨ªa sido el deseo de no aceptar herencias republicanas, aunque fueran parciales, con anterioridad a la aprobaci¨®n del texto constitucional y a la consiguiente legitimaci¨®n democr¨¢tica de la monarqu¨ªa parlamentaria.

Aunque la observaci¨®n de Juan Pablo Fusi parece bien fundada, lo cierto es que la misma debe reconciliarse con la disposici¨®n de los gobernantes de la transici¨®n a transigir en otros puntos con la legalidad, no ya republicana, sino del exilio republicano, tal como ilustra la oportuna e inteligente negociaci¨®n con Tarradellas para su vuelta a Catalu?a. Si se daban escr¨²pulos de origen franquista para no aceptar unas leyes de 1932 y 1936, no se acaba de entender que esos escr¨²pulos se desvanecieran a la hora de reconocer como leg¨ªtima una autoridad obtenida fuera de Espa?a en condiciones de franca anormalidad .

Es verdad que el significado simb¨®lico del restablecimiento de los estatutos pod¨ªa ser considerado de mayor calado que la vuelta al poder de viejos exiliados como Tarradellas y Leizaola. Pese a ello, la facilidad con que se superaron en este caso los problemas de legitimidad y legalidad abre la puerta a otra posible explicaci¨®n para la negativa a restablecer los estatutos de autonom¨ªa de los a?os treinta. Se tratar¨ªa de su eventual car¨¢cter radical para un centro-derecha espa?ol carente de criterios m¨ªnimamente estructurados acerca de lo que hacer en punto a la organizaci¨®n territorial del Estado. Una carencia de criterios que explicar¨ªa con relativa facilidad que aquello que resultaba excesivo en 1976 y 1977 terminara siendo considerado obsoleto y superado dos o tres a?os m¨¢s tarde. As¨ª, la "revoluci¨®n de las expectativas" de los nacionalismos perif¨¦ricos inducida por la improvisaci¨®n de UCD y la hasta cierto punto comprensible , irresponsabilidad de la izquierda comunista y socialista en esta materia terminar¨ªa constituy¨¦ndose en la ¨²ltima explicaci¨®n, aunque probablemente no en la ¨²nica, para la definitiva renuncia al restablecimiento de los estatutos de autonom¨ªa de los a?os treinta.Es posible, y en alguna ocasi¨®n se ha intentado, una interpretaci¨®n benigna de la puja autonomista y la "competencia desleal" de buena parte de los partidos estatales en punto a la cuesti¨®n nacional y regional: gracias a la una y a la otra habr¨ªa sido posible la parcial integraci¨®n de los nacionalismos vasco y catal¨¢n en el proceso democratizador. Pero tambi¨¦n resulta justificado otro modo menos positivo de ver la cuesti¨®n: puja y competencia estar¨ªan en la ra¨ªz de la creciente y obligada radicalizaci¨®n de unos nacionalistas perif¨¦ricos que no quer¨ªan verse desbordados por el doble celo internacionalista (respecto a la idea de naci¨®n espa?ola) y nacionalista (respecto a la idea de nacionalidades vasca y catalana) que agobiaba a la izquierda espa?ola del momento. Con independencia de que optemos por una u otra interpretaci¨®n, resultar¨ªa inevitable que los nacionalismos perif¨¦ricos respondieran a aquel estado de cosas con su desinter¨¦s por unos artefactos estatutarios capaces de recoger hasta el inicio de la transici¨®n el grueso de sus reivindicaciones pol¨ªticas.