Politizar la Hacienda

LA EXPRESI?N meterse en un jard¨ªn describe las dificultades de quien asume voluntariamente problemas o situaciones que no sabe o no puede resolver. En un jard¨ªn se meti¨® el presidente del Gobierno cuando acus¨® al Ejecutivo anterior de "conceder una anmist¨ªa fiscal encubierta" por la supuesta falta de diligencia con que se han tramitado expedientes fiscales por valor de 200.000 millones de pesetas. Aznar, ante las c¨¢maras y los micr¨®fonos de TVE y Radio Nacional, convert¨ªa en pol¨ªtica la informaci¨®n facilitada previamente por el secretario de Estado de Hacienda, con esta afirmaci¨®n estruendosa: "Se han dejado de recaudar, para favorecer a algunas personas, 200.000 millones de pesetas, y al final acaban pagando el pato, curiosamente, personas como los funcionarios, a los cuales, si esto se hubiera ingresado en las arcas p¨²blicas, se les podr¨ªa haber subido el sueldo en l997".La grav¨ªsima imputaci¨®n de Aznar est¨¢ basada -aunque todav¨ªa no justificada con datos concretos en la modificaci¨®n jur¨ªdica de las condiciones que regulan los plazos de inspecci¨®n fiscal. Los responsables actuales de la Hacienda p¨²blica advierten que, en un plazo relativamente breve, el Supremo emitir¨¢ una segunda sentencia -capaz, por tanto, de crear jurisprudencia que puede modificar los plazos de c¨®mputo de las inspecciones fiscales. En la interpretaci¨®n tradicional de Hacienda, la interrupci¨®n durante seis meses del procedimiento de investigaci¨®n invalidaba tal procedimiento; pero las actuaciones del jefe de la oficina t¨¦cnica, encargado final de dictaminar el destino del acta fiscal, no se consideraban afectadas por este plazo. La segunda sentencia del Tribunal Supremo puede ratificar el contenido de la primera, de 1996, seg¨²n la cual el periodo de seis meses debe aplicarse tambi¨¦n a la tramitaci¨®n de dicha oficina; en tal caso podr¨ªan anularse las actas afectadas por aplazamientos que ahora son normales.

?sta es la modificaci¨®n jur¨ªdico-tributaria- que Aznar y su vicepresidente econ¨®mico, Rodrigo Rato, han convertido en sospechas de amiguismo y corrupci¨®n, insinuando retrasos selectivos para que un grupo de amiguetes de los socialistas se viese libre de los rigores de la inspecci¨®n fiscal, seg¨²n la interpretaci¨®n a la que se han sumado desprejuiciadamente varios pol¨ªticos menores del PP y el peri¨®dico que se ha erigido en portavoz oficioso de Aznar. En el plazo m¨¢s breve posible, el presidente o el vicepresidente deben explicar este asunto con detalle ante el Parlamento. Si hubo negligencia, alguien debe pagar por ello; si hubo amiguismo, estar¨ªamos ante un delito de prevaricaci¨®n, que debe sustanciarse ante los tribunales. Pero si resultara ser una tormenta pol¨ªtica interesada y demag¨®gica, Aznar tendr¨¢ que dar cuenta de ello. No es ¨¦ste un pa¨ªs que destaque por la robustez de su conciencia fiscal, y no se puede jugar fr¨ªvolamente con un asunto que al final perjudicar¨¢ m¨¢s que a nadie a la Hacienda p¨²blica.

Mientras llegan esas aclaraciones hay que decir al menos que toda esta tormenta ha nacido de un planteamiento, cuando menos, ventajista y demag¨®gico. La acusaci¨®n de amiguismo resulta al final inverificable por cuanto las declaraciones de Hacienda est¨¢n protegidas por el secreto mientras no se sustancien ante los tribuna les. Ninguno de los actores del drama puede alegar ignorancia, y Aznar menos que nadie, dada su condici¨®n de inspector tributario en excedencia. A los acusadores les basta acogerse al mencionado secreto de los datos fiscales para eludir la obligaci¨®n de probar las imputaciones. Y es demag¨®gico mezclar la congelaci¨®n salarial de los funcionarios con un caso de hipot¨¦tica negligencia y supuesto amiguismo sin prueba alguna.

Pero el perjuicio m¨¢s ostensible es la politizaci¨®n de la Hacienda y el da?o que causa en los ingresos p¨²blicos la difusi¨®n de una sentencia todav¨ªa inexistente. Con sus acusaciones, alarmas e indignaciones, Aznar, Rato y Costa dan por hecho que se perder¨¢n irremediablemente esos 200.000 millones, se rinden de antemano en la batalla jur¨ªdica o administrativa para minimizar en cada caso el coste. de las actas prescritas y ponen sobre aviso a todos los litigantes contra Hacienda. Y todo ello por una sentencia que todav¨ªa no se ha dictado. No se sabe qu¨¦ admirar m¨¢s en este raro e ingenioso comportamiento pol¨ªtico del equipo econ¨®mico, si la clara y retumbante voz con que anuncian su rendici¨®n o la precisi¨®n con que est¨¢n organizando su propia derrota.