Ortega Lara

UN A?O lleva secuestrado Ortega Lara. Este "primer y dram¨¢tico aniversario" era presentado ayer por el diario que leen los secuestradores como el del secuestro "de un carcelero al que ETA ha privado de algunos de sus derechos". La soluci¨®n propuesta por el comentarista del diario Egin para evitar que esa privaci¨®n de derechos se prolongue es que "el Gobierno se avenga a respetar los de casi 600 vascos". Es decir, los derechos de los presos de ETA, cuya direcci¨®n ya ha designado a siete de ellos -encabezados por Henri Parot- para discutirlos con el Gobierno. ?sa es una propuesta. Otra, m¨¢s gen¨¦rica, es la del lehendakari.- insta al Gobierno a desterrar 11 posturas orgullosas" y acceder a negociar una salida, ya que hacerlo "no es ceder a ning¨²n chantaje cuando hay una vida que pende de un hilo".ETA secuestr¨® al funcionario Ortega Lara 20 d¨ªas despu¨¦s de la aprobaci¨®n por una comisi¨®n del Parlamento Vasco de una resoluci¨®n favorable al acercamiento de los presos a Euskadi. El argumento era que la pol¨ªtica de dispersi¨®n desplegada para favorecer la reinserci¨®n estaba agotada y se hab¨ªa convertido en un castigo adicional para los presos y sus familias. Ese planteamiento era discutido, con distintos matices, por algunos partidos. Es entonces cuando ETA interviene en el debate mediante el secuestro. Su objetivo, como en la autov¨ªa de Leizar¨¢n, era condicionar la decisi¨®n pol¨ªtica; acreditar la eficacia de la lucha armada para forzar la voluntad de los pol¨ªticos. De ah¨ª que la primera reacci¨®n de Arzalluz fuera afirmar que mientras el funcionario permaneciera en poder de ETA deb¨ªa "paralizarse cualquier iniciativa respecto a los presos".

Hoy existe un amplio consenso en tomo a la idea de acercamiento sin reagrupamiento. Algunas divergencias t¨¦cnicas, artificialmente magnificadas, han retrasado las iniciativas planteadas en esa direcci¨®n. Pero se sabe que ya hay un principio de acuerdo entre el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior para activar la pol¨ªtica de acercamiento paulatino. Es equ¨ªvoco, en todo caso, hablar de un "derecho" de los presos a penar en c¨¢rceles pr¨®ximas a sus domicilios. Lo que hay es una recomendaci¨®n legal, condicionada a las posibilidades de acogida de las prisiones de cada comunidad y siempre en funci¨®n del objetivo de favorecer la reinserci¨®n. Cualquier paralelismo con Ortega Lara est¨¢ fuera de lugar. El funcionario est¨¢ injustamente encarcelado por ETA, mientras que los presos de ETA lo son en virtud de resoluciones de los tribunales que les juzgaron por delitos como, por ejemplo, secuestrar a otras personas.

La reflexi¨®n de Ardanza conecta seguramente con el sentimiento espont¨¢neo de muchas personas: para salvar a Ortega Lara hay que hacer todo lo que sea necesario , incluso ceder a las exigencias de los secuestradores. Sin embargo, un responsable pol¨ªtico est¨¢ obligado a prever los efectos de sus acciones (u omisiones). Sobre esto escribi¨® mucho un tal Max Weber, pero no es imprescindible haberlo le¨ªdo para deducir los efectos de acceder a negociar la pol¨ªtica penitenciaria con Henri Parot y compa?¨ªa. Ser¨ªa convertir a los cerca de 15.000 funcionarios de prisiones en rehenes perpetuos, secuestrables en cuanto una medida penitenciaria no fuera del agrado de los presos etarras o sus jefes. Considerar que todo se reduce a una cuesti¨®n de "orgullo", como insin¨²a Ardanza, o de "imaginaci¨®n y audacia", como repiten otros, supone trivializar un grave dilema moral de todo gobemante.