El Supremo ratifica una pena de 4 a?os para un empresario por delito ecol¨®gico

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena m¨¢s elevada dictada en Espa?a por delito ecol¨®gico: cuatro a?os de prisi¨®n. La condena recae en un importante empresario del sector textil de Catalu?a, Josep Puigner¨®, que podr¨ªa ingresar en prisi¨®n. La pena de cuatro a?os de c¨¢rcel por verter aguas contaminadas fue impuesta en 1995 por la Audiencia de Barcelona y ahora ha sido confirmada pr¨¢cticamente en su totalidad.El abogado del condenado, Miguel Capuz, anunci¨® ayer que est¨¢ estudiando la presentaci¨®n de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional o la solicitud de una medida de gracia para impedir el ingreso del empresario en prisi¨®n.

El empresario ya ha advertido que su encarcelamiento podr¨ªa comportar el cierre de la empresa Hilados y Tejidos Puigner¨®, SA, situada en el peque?o municipio de Sant Bartomeu del Grau (Barcelona), de la que dependen directa o indirectamente unos 3.000 trabajadores. ?stos, junto con alcaldes de diversas poblaciones de la comarca, con el apoyo del obispo de Vic, hicieron p¨²blico ayer un comunicado en favor de la petici¨®n de indulto del empresario, que tiene 66 a?os.

La sentencia ratificada ahora consideraba que la empresa, de la que Puigner¨® era administrador ¨²nico y gerente, estuvo vertiendo sus aguas sin depurarlas desde 1989 al r¨ªo Sorreig, un afluente del Ter, y que este hecho provoc¨® la contaminaci¨®n de "dichos cauces p¨²blicos, as¨ª como de pozos, acu¨ªferos y captaciones de agua, afectando a los suministros de agua potable, con el correspondiente riesgo para la salud de las personas y animales".

El Tribunal Supremo ha sentenciado ahora que "la conducta del acusado consisti¨® en el incumplimiento de todas las condiciones impuestas por la autorizaci¨®n provisional" y matiza que "consta asimismo la existencia de varios requerimientos por parte de la Administraci¨®n p¨²blica desatendidos por aqu¨¦l, y la gravedad de tales vulneraciones y omisiones determina la precisi¨®n de estimar existente el principio de intervenci¨®n m¨ªnima propio del derecho penal frente a la sanci¨®n administrativa".

La empresa se cre¨® en 1975 y en 1982 pas¨® a ser gestionada por Puigner¨®, pero hasta marzo de 1985 no obtuvo la licencia municipal de actividades industriales, precisamente cuando el alcalde de la poblaci¨®n era el propio empresario. Eso motiv¨® que un a?o m¨¢s tarde la Generalitat rechazase inicialmente su inscripci¨®n.

Auxilio de la ley

El Tribunal Supremo recuerda que "unos preceptos penales no han de poder por s¨ª solos lograr la desaparici¨®n de toda industria atividad nociva para personas medio ambiente, pero tambi¨¦n es evidente que cualquier pol¨ªtica tendente a introducir rigurosidad en ese problema requiere el auxilio coercitivo de la ley penal".