La gesti¨®n del modelo

Y MIGUEL ?NGEL ZAMARR?N MORENOA pesar de que la Ley General de Sanidad constituye un marco adecuado para salvaguardar los principios de gratuidad, cobertura universal, equidad y eficiencia inherentes a los modelos sanitarios p¨²blicos desarrollados en el contexto del Estado de bienestar, su escaso desarrollo ha mermado todo el potencial que esta norma contempla, si analizamos la gestaci¨®n del propio sistema, el balance es a¨²n m¨¢s negativo.En el desarrollo subsidiario de la ley se encuentran lagunas vitales, que afectan al concepto integral del sistema, muy insuficientemente cubiertas, l¨¦ase Consejo Interterritorial de Salud y su comit¨¦ consultivo Instituto de Salud Carlos III y, sobre todo, el estatuto marco cuyos d¨¦ficit han generado los problemas m¨¢s graves, desde la financiaci¨®n hasta los reiterados conflictos laborales, con soluciones, a la postre, circunstanciales y a remolque de sus poderosos promotores, en el primer caso las administraciones auton¨®micas y en el segundo los facultativos sanitarios.

En los proleg¨®menos de su llegada al poder, el Partido Popular propon¨ªa la reforma, en realidad derogaci¨®n, de la Ley General de Sanidad en un sentido oralamente privatizador de la gesti¨®n y provisi¨®n de la asistencia sanitaria. Cuestiones que el actual Gobierno en su conjunto, v¨ªa comisi¨®n parlamentaria, y los responsables del Ministerio de Sanidad, v¨ªa fundaciones, han tratado al menos de dulcificar.

Sin embargo, como es l¨®gico en un Gobierno que pretende ser de centro-derecha, pero que est¨¢ fuertemente condicionado por intereses financieros y corporativos, ese azucaramiento no ha dejado de traslucir el amargo ac¨ªbar de su aut¨¦ntico fondo. Comenz¨® con la promulgaci¨®n del Real Decreto-Ley 10/96, sobre habilitaci¨®n de nuevas formas de gesti¨®n del Insalud, y parece ser que, al margen de la comisi¨®n parlamentaria para la reforma del sistema nacional de salud, y en el ¨ªnterin de sus conclusiones, ya se est¨¢n poniendo en marcha otros instrumentos normativos de importante calado: creaci¨®n de centros bajo la forma de fundaciones, modificaci¨®n de la dedicaci¨®n exclusiva de los facultativos, resarcimiento de gastos por atenci¨®n en centros privados cuando se haya superado un plazo de espera en los p¨²blicos, etc¨¦tera.

El pasado mes de julio, a ra¨ªz del Real Decreto-Ley 10/96, expres¨¢bamos nuestra perplejidad ante la profundidad de la norma en cuesti¨®n y los argumentos utilizados en apoyo de la misma. Hoy, seis meses despu¨¦s, volvemos a denotar nuestro asombro ante las nuevas medidas, anunciadas si las relacionamos con las declaraciones de los mismos responsables pol¨ªticos en uno y otro caso. Niegan rotundamente que persigan la debilitaci¨®n y, en ¨²ltima instancia, la privatizaci¨®n del sistema; proclaman a bombo y platillo los ¨®ptimos resultados obtenidos en la reducci¨®n de listas de espera, con medios propios el 81,9% y un 70% en horario de ma?ana; rechazan la m¨¢s m¨ªnima insinuaci¨®n de d¨¦ficit financiero, llegando incluso a mantener un tenso debate por esta causa con su socio CiU en el contexto del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado; establecen modelos de gesti¨®n en dos hospitales mediante el sistema de fundaciones, al decir de los expertos el menos adecuado de los amparados por el Real Decreto-Ley 10/96; mantienen el cumplimiento del compromiso econ¨®mico con la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos, etc¨¦tera.

Dec¨ªamos el verano pasado que, "asumiendo que el fin ¨²ltimo sea la modernizaci¨®n del SNS...", est¨¢bamos dispuestos a analizar y apoyar f¨®rmulas que conduzcan a ese objetivo. Pero, ?creen de verdad que ofrecer la "flexibilizaci¨®n" de la dedicaci¨®n exclusiva es un instrumento de gesti¨®n eficiente? Hasta la fecha no conocemos ejemplos en los que los empleados de mayor cualificaci¨®n de empresas excelentes compatibilicen su actividad en ¨¦stas con la misma actividad en la competencia. Adem¨¢s, ?tiene al guna l¨®gica esa promoci¨®n de intereses fuera del sistema cuando se pretende una mayor involucraci¨®n en la gesti¨®n del mismo? Y a¨²n m¨¢s cuando se especifica con mayor ¨¦nfasis esa flexibilidad en quienes tienen m¨¢s responsabilidades: jefes de servicio y seccion. ?No deber¨ªa, en el peor de los casos, ser al rev¨¦s?. Es absolutamente cierto que desde la promulgaci¨®n del Real Decreto-Ley 3/87, que establece dicha dedicaci¨®n exclusiva, el desarrollo de las virtualidades que en t¨¦rminos de gesti¨®n contiene ha sido nulo y, adem¨¢s, ha dado origen a un important¨ªsirno n¨²mero de graves irregularidades que nos hemos cansado de denunciar. Pero esta soluci¨®n "para elevar al rango de normalidad la situaci¨®n existente" da una n¨ªtida idea del tibio inter¨¦s que el actual Gobierno tiene por defender un aut¨¦ntico sistema sanitario p¨²blico o la escas¨ªsima capacidad de actuar del actual equipo del Ministerio de Sanidad para zafarse de las presiones corporativas o de los compromisos adquiridos cuando no eran promotores de la huelga de hospitales de 1995.