Hechos cantan

DECI? Beuve-Mery, director fundador del prestigioso diario Le Monde: "Los hechos son sagrados, las opiniones son libres". He aqu¨ª, pues, los hechos: El 24 de diciembre, un acuerdo, entre las empresas Sogecable, Antena 3 de Televisi¨®n y TV de Catalu?a pone fin a la guerra del f¨²tbol. El acuerdo oscurece las perspectivas de triunfo, en libre competencia, de la plataforma digital patrocinada por el Gobierno, de la que TV de Catalu?a y Antena 3 se separan.

El 30 de diciembre, el diario El Mundo, dirigido por un consejero ¨¢ulico y amigo personal del presidente del Gobierno, publica un editorial de dos p¨¢ginas en el que le conmina a tomar medidas contra dicho pacto.: "?Qu¨¦ consecuencia tendr¨¢ ¨¦ste para la vida pol¨ªtica?", se pregunta, y se responde a s¨ª mismo: "A corto plazo, el prestigio y, el principio de autoridad del Gobierno de Aznar quedar¨¢n por los suelos, y su ridiculizaci¨®n neutralizar¨¢ en gran medida la mejora de la cuesti¨®n econ¨®mica. A medio plazo, el regreso de Gonz¨¢lez de la mano de Polanco ser¨¢ inevitable". M¨¢s adelante a?ade: "Aznar se siente personalmente burlado y sabe que lo que est¨¢ en juego es la credibilidad de su proyecto pol¨ªtico".

El 7 de enero comienza en El Mundo una campa?a que trata de acusar a Jes¨²s de Polanco, presidente de PRISA, EL PA?S y Sogecable, de contribuir a la financiaci¨®n irregular del PSOE: es el caso Ferrer Europa.

El 30 de enero empieza la. comercializaci¨®n de Canal Sat¨¦lite Digital, la plataforma de Canal+.

El 31 de enero, el Gobierno aprueba un decreto-ley sobre televisi¨®n digital, tratando de prohibir el descodificador utilizado por Canal +; aumenta el IVA a los consumidores de televisi¨®n de pago, y establece la obligatoriedad de depositar las fianzas de los abonados en la Caja General del Estado. La medida no afecta a los dep¨®sitos anteriores de Canal +, que denuncia el decreto ante la CE y lo recurre ante el Supremo y ante el Constitucional. La CE exige al Gobierno que tramite el decreto como proyecto de ley, emendando los aspectos contrarios a la normativa comunitaria.

El 4 febrero se env¨ªa al fiscal anticorrupci¨®n el caso Ferrer Europa y las investigaciones sobre supuestas irregularidades de Antena 3 TV.

El 7 de febrero es nombrado director general de RTVE Femando, L¨®pez-Amor, militante del partido del Gobierno, tras la dimisi¨®n de M¨®nica Ridruejo por su discrepancia con la pol¨ªtica seguida en el tema de la televisi¨®n digital. ELPA?S denuncia que L¨®pez-Amor fue sancionado en su d¨ªa por abuso de autoridad.

El 21 de febrero, el Gobierno env¨ªa a las Cortes un proyecto de ley reguladora de las emisiones deportivas que constituye, de hecho, una expropiaci¨®n de los derechos adquiridos por Canal Sat¨¦lite Digital en el pacto del 24 de diciembre.

El 24 de febrero, el director de la revista ?poca, socio de la plataforma digital del Gobierno y uno de los m¨¢s conspicuos representantes de la derecha m¨¢s reaccionaria, presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Sogecable por apropiaci¨®n indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. La ¨²nica prueba que adjunta es un art¨ªculo publicado ese mismo d¨ªa en su revista denunciando un supuesto mal uso de los dep¨®sitos de garant¨ªa de los abonados de Canal+. En el, reportaje se alude a que el Gobierno maneja informes a este respecto, extremo que no ha sido desmentido. Los dep¨®sitos de garant¨ªa de Canal + Espa?a son utilizados en la misma forma que en el resto de los pa¨ªses europeos.

Un d¨ªa despu¨¦s, el juez Javier G¨®mez de Lia?o admite a tr¨¢mite la denuncia. El juez es hermano de Mariano G¨®mez de Lia?o, abogado de Mario Conde y acusado de complicidad con ¨¦l en el caso Banesto.

El 27 de febrero, Javier Sainz Moreno, ejerciendo la acci¨®n popular, presenta querella contra los miembros del Consejo de Administraci¨®n de, Sogecable y el auditor de la compa?¨ªa. Sainz Moreno es licenciado en Derecho, pero no tiene habilitaci¨®n del Colegio de Abogados para llevar a cabo semejante acci¨®n. El juez admite la querella y la acumula a la denuncia.

El viernes 28 de febrero, el juez cita para esa misma tarde a la mitad del consejo de Sogecable y ala otra mitad para el s¨¢bado por la ma?ana a fin de hacerles entrega de la querella. No admite que pueda hacerse mediante procurador. La filmaci¨®n del momento en el que los consejeros entran en la: Audiencia Nacional es reproducida por TVE decenas de veces. El presidente, el consejero delegado y el, secretario. del Consejo de Administraci¨®n de Sogecable y de PRISA no podr¨¢n abandoar Espa?a sin permiso previo del juez, que, no obstante, asegura que no se trata de medidas cautelares; la misma prohibici¨®n afecta al auditor de las cuentas del Sogecable. Las actuaciones del sumario son declaradas secretas. El juez ha intervenido, toda la contabilidad de Sogecable y ha exigido que se le entregue una lista de los 1,4 millones, de abonados a Canal.+. Televisi¨®n Espa?ola airea la noticia, como antes lo hizo reiteradamente en el caso Ferrer Europa, dentro del cap¨ªtulo dedicado a la corruppci¨®n, y junto a las referidas a Conde y a De la Rosa. Del mismo modo proceden el diario El Mundo y el Abc, donde colabora Campmany. Los mismos periodistas se sirven de su presencia en la emisora episcopal para comentarlas "preocupaciones penales" de Polanco. y Cebri¨¢n.

El 3 de marzo comienza el juicio contra Mario Conde por el caso Argentia Trust.

El 11 de marzo, Diario 16 publica en su primera p¨¢gina: "El juez Lia?o pretende, encarcelar a Cebri¨¢n".

El 20 de marzo, Conde es condenado a seis a?os de c¨¢rcel.

El 22 de marzo, EL PA?S publica un manifiesto firmado por cientos de intelectuales y artistas de todo el mundo en protesta por el acoso a PRISA y en defensa y solidaridad de Polanco y Cebri¨¢n.

El 26 de marzo, la sala de lo penal acuerda la prisi¨®n provisional de Conde, eludible mediante fianza de 2.000 millones de pesetas, cuyo plazo para depositar la tras una ampliaci¨®n, vence el 7 de abril.

El 3 de abril, el juez Lia?o acepta la ampliaci¨®n de la querella contra el director general de Canal +.

El 4 de abril, el diario Abc ataca en su portada a Canal + por la emisi¨®n de los mu?ecos del gui?ol, que, considera, "a juicio de destacados dirigentes del PP, una burla descarada de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y sus, colaborado res?'. El coordinador general del PP, Angel Acebes, ad mite que dirigentes de su partido est¨¢n preocupados por este programa que ¨¦l califica como un espacio de opini¨®n. Un columnista de El Mundo asegura que "Cebri¨¢n y Polanco se quieren largar" de Espa?a. La sala de la Audiencia rechaza los argumentos de Conde para evitar el pago de la fianza. El juez Lia?o publica un auto prohibiendo a Polanco y al auditor de Sogecable que se desplacen al extranjero. Insin¨²a la posibilidad de que puedan resultar imputados, pese a que todav¨ªa no ha tomado declaraci¨®n a ninguno de los querellados m¨¢s de un mes despu¨¦s de haber admitido la denuncia. Polanco deb¨ªa recibir el 28 de abril el doctorado honoris causa por la universidad americana de Brown. como reconocimiento a sus tareas a favor de la comunicaci¨®n. El Grupo PRISA hace una, nota p¨²blica protestando por la manipulaci¨®n y los manejos en tomo a Sogecable y avisando de los peligros de la situaci¨®n creada para la libertad de expresi¨®n y ¨¦l libre ejercicio empresarial.

Hasta aqu¨ª, los hechos. Ahora, brevemente, las opiniones: todas estas noticias est¨¢n relacionadas entre s¨ª. Nos encontramos ante una formidable ofensiva del poder contra un grupo de comunicaci¨®n ¨ªndependiente y no dispuesto a doblegarse a sus caprichos. La criminalizaci¨®n de las actitudes de los fundadores y primeros responsables. de este peri¨®dico, en el marco de esa ofensiva, no es un tema que afecte s¨®lo a este diario ni a las personas implicadas. La crispaci¨®n que viene sufriendo Espa?a amenaza seriamente la normalidad, de la convivencia entre los ciudadanos. La seguridad jur¨ªdica, est¨¢ en entredicho; el Estado de Derecho, amenazado; la libertad de expresi¨®n y la de empresa, en peligro.