La autonom¨ªa universitaria

Los acontecimientos que han rodeado la g¨¦nesis de la Universidad Miguel Hern¨¢ndez, de Elche, han puesto de manifiesto la preocupaci¨®n de los rectores de las universidades espa?olas por los frecuentes ataques que se vienen produciendo contra la autonom¨ªa universitaria. El conflicto que ha generado la creaci¨®n esta universidad debe servir de reflexi¨®n sobre uno de los conceptos que se recogieron en la Constituci¨®n y cuya inclusi¨®n fue el logro de muchos a?os de esfuerzos por defender la autonom¨ªa de la Universidad frente al poder pol¨ªtico.Desde la instauraci¨®n de la democracia, y especialmente desde la aprobaci¨®n de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983, la Universidad espa?ola ha vivido una ¨¦poca de asentamiento democr¨¢tico en su seno, de consolidaci¨®n de las estructuras y de desarrollo docente-cient¨ªfico. Como en cualquier organismo democr¨¢tico, en las universidades espa?olas se han vivido episodios en los que diferentes conceptos de universidad, fruto de diversas ideolog¨ªas, han competido en buena lid por dirigir el futuro de cada una de estas instituciones, pero nunca hasta ahora se hab¨ªa producido un enfrentamiento tan significativo en torno a la intromisi¨®n de un poder pol¨ªtico en el ¨¢mbito de la autonom¨ªa universitaria.

Retornando la invitaci¨®n a la reflexi¨®n que nos provocan los acontecimientos ocurridos con la Universidad de Elche, hay que partir del hecho de que la eliminaci¨®n, por el poder pol¨ªtico del gobierno de una comunidad aut¨®noma, de dos centros de una Universidad para incluirlos en otra es una clara injerencia en la autonom¨ªa universitaria.

La actual legislaci¨®n, fruto de las aspiraciones de muchos universitarios, sit¨²a, sin ning¨²n g¨¦nero de dudas, en los ¨®rganos universitarios la potestad para planificar, dise?ar y gobernar su vida como instituci¨®n, mientras que al poder pol¨ªtico le reserva el derecho a autorizar o rechazar las proposiciones de la Universidad y a realizar toda una serie de pol¨ªticas de apoyo y refuerzo de la instituci¨®n.

Con esta separaci¨®n de funciones, el legislador busc¨® distribuir el poder y establecer unos mecanismos de equilibrio entre los intereses acad¨¦micos y los intereses sociales. Con esta distribuci¨®n se garantizaba que si una Universidad pretend¨ªa desarrollarse en una direcci¨®n contraria a los intereses generales de su entorno, de la sociedad en la que est¨¢ inmersa, el poder pol¨ªtico pudiera paralizar o ralentizar dicho desarrollo con el objetivo de evitar un perjuicio para la sociedad.

En el mismo sentido, la legislaci¨®n pone en manos de la Universidad y de sus ¨®rganos de representaci¨®n el dise?o de la planificaci¨®n acad¨¦mica y su funcionamiento interno con la finalidad de que una decisi¨®n pol¨ªtica no pueda desvirtuar el verdadero objetivo de las universidades.

En este sentido debe entenderse el escrito que en el Consejo de Universidades celebrado en Pamplona el pasado 24 de marzo fue aprobado por la mayor¨ªa de los rectores espa?oles y por los tres representantes de las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PSOE. En ¨¦l se denuncia claramente la actuaci¨®n del Gobierno valenciano en todo el proceso de creaci¨®n de la Universidad de Elche, tanto en la forma como en el fondo. Los rectores han denunciado que en este proceso se ha vulnerado reiteradamente la autonom¨ªa de la Universidad de Alicante, permiti¨¦ndose que el Gobierno de la Comunidad Valenciana amputara dos de sus centros para adscribirlos a una nueva universidad.

Si este ejemplo cundiera, las universidades espa?olas estar¨ªan al arbitrio de los diferentes gobiernos de turno, temiendo siempre que por intereses electorales se dividieran, multiplicaran, sumaran o restaran las universidades o los centros de cada una de ellas. Si el ejemplo cunde, podemos encontrarnos con universidades min¨²sculas en cada pueblo, dependiendo siempre de que el partido tal o cual tenga unos intereses electorales determinados.

En el fondo, lo que ha ocurrido en Elche ha sido literalmente contravenir el esp¨ªritu del legislador y atentar contra la esencia de la autonom¨ªa universitaria. Se ha comerciado con algo tan serio como son los estudios universitarios: "Cambio t¨ªtulos universitarios por votos".

Todo esto nos lleva inevitablemente a hacernos la siguiente pregunta: ?a qu¨¦ intereses responde esta actuaci¨®n? La respuesta es clara. Entre otras razones, porque al hecho ocurrido en la Comunidad Valenciana habr¨ªa que contraponer lo que est¨¢ ocurriendo en Extremadura. En primer lugar, los intereses que se persiguen con la postura mantenida por la Generalitat Valenciana responden a un inter¨¦s particular, localista, electoral y oportunista del Partido Popular, capaz de vulnerar ¨¦l derecho de la Universidad de Alicante a su autonom¨ªa, por atender sus necesidades pol¨ªticas en un lugar concreto y en un momento concreto. El Partido Popular antepone unos miles de votos a los derechos constitucionales de la autonom¨ªa de una universidad.

Al hilo de lo anterior, lo ocurrido en Elche no es extrapolable a otros gobiernos auton¨®micos, y un buen ejemplo es la actitud seguida por la Junta de Extremadura. El 30 de octubre de 1996, el presidente Rodr¨ªguez Ibarra, ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura, ofreci¨® su apoyo presupuestario para ampliar el n¨²mero de titulaciones en esta universidad en un n¨²mero entre 25 y 30, lo que supondr¨ªa casi la duplicaci¨®n de las titulaciones que se imparten en la actualidad. Ante esta oferta, la Universidad inicia los tr¨¢mites oportunos, recogidos en la ley, y se abre un debate interno sobre qu¨¦ tipo de titulaciones, c¨®mo y d¨®nde deben implantarse. Cinco meses despu¨¦s de que se lanzara el compromiso de la Junta de apoyar esa expansi¨®n de la Universidad de Extremadura, comienzan a surgir, curiosamente en localidades en las que gobierna el PP, un debate artificial por el que se reclama a la Junta (no a la Universidad) que las nuevas titulaciones se ubiquen en estas localidades.

Simult¨¢neamente, el Partido Popular e Izquierda Unida toman una serie de iniciativas en las que reclaman que sea el poder pol¨ªtico (en este caso la Asamblea de Extremadura, en la que PP e IU mantienen un pacto que les otorga la mayor¨ªa) el que decida sobre la ubicaci¨®n de estas nuevas titulaciones; llegando incluso a descalificar al Consejo Social de la Universidad, cuya legitimidad para pronunciarse sobre el tema cuestionan.

Como se puede ver, el tema es muy similar a lo que ha ocurrido en Elche y responde a la doble concepci¨®n de la siguiente pregunta: ?qu¨¦ debe primar, el inter¨¦s pol¨ªtico o la autonom¨ªa universitaria? La respuesta para los que somos universitarios, progresistas y creemos en el derecho de la Universidad a decidir sobre su futuro es claro: laautonom¨ªa universitaria. Por contrario, los que piensan que debe anteponerse el inter¨¦s politico est¨¢n enviando un duro golpe a la l¨ªnea de flotaci¨®n de la Universidad espa?ola.

Lo que se est¨¢ persiguiendo con estas actitudes son dos claros objetivos. El primero ser¨¢ de actuaci¨®n inmediata y de advertencia seria a la Universida de que quien manda es el Gobierno, que puede hacer pr¨¢cticamente lo que quiera. Es un mensaje al que ya nos tienen acostumbrados el PP en el tiempo que lleva en el poder.

El segundo de los objetivo se prolonga m¨¢s en el tiempo se dirige hacia el deterioro progresivo de la universidad p¨²blica. Si se diseminan las universidades en funci¨®n de los interese electorales m¨¢s o menos puntuales y locales, se disminuir progresivamente la calidad de la ense?anza y de la investigaci¨®n en dichas universidades. A menor concentraci¨®n de recurso humanos y t¨¦cnicos, menor calidad de la ense?anza y de la investigaci¨®n. Por tanto, a medio plazo, la calidad de la universidad p¨²blica espa?ola se ver¨¢ seriamente deteriorada, favoreciendo la instalaci¨®n de universidades privadas a costa de la p¨²blica. No es socialmente negativa la aparici¨®n de universidades privadas, siempre y cuando se garantice el apoyo a la p¨²blica; pero, si la aparici¨®n de estas nuevas universidades de pago van acompa?adas de un claro deterioro de la universidad p¨²blica, los espa?oles dar¨¦mos un enorme paso atr¨¢s en e proceso de igualdad de oportunidades ante la educaci¨®n, derecho fundamental recogido en la Constituci¨®n y que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Es necesario elevar la vista m¨¢s all¨¢ de los intereses localistas, provincianos y gremiale que se manifiestan en alguno conflictos universitarios par anticiparse a lo que evidente mente es un ataque a la autonom¨ªa universitaria, a los derecho de esta instituci¨®n hist¨®rica y fundamentalmente, al derecho de todos los espa?oles de acceder a una ense?anza superior en igualdad de oportunidades.

Afortunadamente, en Extremadura la autonom¨ªa universitaria ha salido reforzada. La Universidad de Extremadura, tras un profundo y responsable debate interno, propuso a la Junta la implantaci¨®n de 28 nuevas titulaciones, propuesta asumida en su totalidad por el Gobierno auton¨®mico, evitando as¨ª cualquier tipo de intromisi¨®n pol¨ªtica marcada por intereses puntuales y localistas. La decisi¨®n de la Junta de Extremadura va a suponer el despegue de una Universidad cuyo papel en el desarrollo arm¨®nico e integral de la regi¨®n es vital.