Guatemala: ?de la guerra a la impunidad?

"En este pa¨ªs condenar a un miembro de las fuerzas de seguridad puede significar la muerte para un juez. Alguien dijo que la guerra en Guatemala ya no est¨¢ en la monta?a, est¨¢ en el sistema de administraci¨®n de justicia". Esta afirmaci¨®n de la juez Mar¨ªa Eugenia Villase?or subraya el mensaje de la campa?a emprendida por Amnist¨ªa Internacional (Al) sobre la situaci¨®n de los derechos humanos en Guatemala tras la firma de la paz despu¨¦s de 36 a?os de guerra. Es preciso algo m¨¢s que la firma de unos tratados para terminar con las violaciones de derechos humanos. Es necesario que el Gobierno tome medidas para proteger los derechos fundamentales y acabar con la impunidad.La protecci¨®n de los derechos humanos en Guatemala est¨¢ en el filo de la navaja. Seg¨²n lo que pase con varios procesos emblem¨¢ticos y con la Comisi¨®n para el Esclarecimiento Hist¨®rico, se sentar¨¢n las bases para una sociedad donde reine la justicia o la impunidad.

La impunidad acecha sobre las v¨ªctimas del pasado y del presente, en un clima social lleno de violencia, expresado en el apoyo a la pena de muerte, los linchamientos populares (uno cada cuatro d¨ªas, seg¨²n estad¨ªsticas recientes) o la aparici¨®n diaria de cad¨¢veres con signos que recuerdan campa?as de limpieza social.

Una situaci¨®n que est¨¢ frustrando la esperanza que los Acuerdos de Paz trajeron a un pa¨ªs acostumbrado a la represi¨®n desde que el Ej¨¦rcito, apoyado por el Gobierno de EE UU, diera en 1954 un golpe de Estado contra el Gobierno democr¨¢tico presidido por Jacobo Arbenz.

Desde entonces, las fuerzas armadas y sus fuerzas auxiliares fueron responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas con la excusa de la guerra. Un mill¨®n de campesinos, la mayor¨ªa ind¨ªgenas mayas, se vieron forzados a huir de sus hogares para no acabar en alguno de los centenares de cementerios clandestinos.

Las violaciones de derechos humanos no terminaron con la instauraci¨®n de un Gobierno civil en 1986, ni siquiera con la entrada en vigor del Acuerdo sobre Derechos Humanos en 1994. Aunque m¨¢s selectivas, continuaron las ejecuciones extrajudiciales, y se incrementaron las amenazas y otras formas de hostigamiento contra los empe?ados en la defensa de derechos fundamentales.

El problema de la justicia

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, a mediados del a?o pasado, ha descendido el n¨²mero de nuevos casos, pero sigue sin resolverse el problema de la justicia, del derecho del individuo a que los abusos cometidos por las autoridades sean resueltos en un tribunal. Ni en el pasado, ni en casos m¨¢s recientes, como la matanza de 11 retornados en Xam¨¢n, de los trabajadores de la finca San Juan el Horizonte, o de personajes tan conocidos como Myrna Mack o Jorge Carpio, o los presuntos casos de limpieza social, sobre los que apenas hay investigaci¨®n oficial.Una de las claves de todo el proceso ser¨¢ el establecimiento de una verdad que en buena parte descansa en los huesos de los cementerios clandestinos, cuya exhumaci¨®n est¨¢ resultando objeto de todo tipo de trabas, incluidas las amenazas de muerte.

Guatemala est¨¢, sin embargo, comprometida con la verdad, que est¨¢ buscando mediante dos procesos: el proyecto para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (Remhi), auspiciado por el arzobispado, y la Comisi¨®n para el Esclarecimiento Hist¨®rico, instituida por los acuerdos de paz, con un mandato por el que no podr¨¢ nombrar a los culpables de violaciones, ni emprender acciones judiciales en funci¨®n de sus conclusiones.

El cumplimiento de los derechos a la verdad y a la justicia est¨¢ lleno de minas. Una de las ¨²ltimas es la Ley de Reconciliaci¨®n, que pretende eximir de responsabilidad penal a soldados y guerrilleros por delitos conexos con el enfrentamiento armado. El texto final de la ley excluye de dicha exenci¨®n a los casos de desaparici¨®n forzada, tortura y genocidio. La pelota va a estar en muchos casos en manos de los jueces, que tendr¨¢n que decidir caso a caso si aplican o no la exenci¨®n.

La falta de voluntad pol¨ªtica de las autoridades se manifiesta en la negligencia estatal cuando se trata de investigar violaciones de derechos humanos, en su incapacidad para facilitar los recursos que aseguren investigaciones adecuadas y en la complicidad o la aquiescencia de los agentes del Estado con sus compa?eros acusados de violaciones de derechos humanos. El resultado es la obstrucci¨®n deliberada de las actuaciones judiciales, las amenazas y m¨¢s violaciones de derechos humanos.

Amnist¨ªa Internacional ha propuesto 10 medidas para acabar con la impunidad. Las personas interesadas en colaborar con esta campana pueden informarse en Al, tel¨¦fono + 34-1-531 25 09, fax + 34-1-531 71 14.