El banquillo amenaza a Pinochet

Ver sentados en el banquillo de los acusados al general Augusto Pinochet y a los otros miembros de su Junta Militar como m¨¢ximos responsables de los cr¨ªmenes cometidos en Chile durante 17 a?os, desde el golpe de 1973 a 1990, y a los jefes de los cuerpos especializados en la represi¨®n, como la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), y la Central Nacional de Informaci¨®n (CNI), es el objetivo del proceso por genocidio abierto en Espa?a contra los principales cerebros de la dictadura chilena. Puede parecer un sue?o la presencia ante un tribunal de unos generales ya ancianos, 24 a?os despu¨¦s de aquel tr¨¢gico 11 de septiembre en que todo Chile qued¨® ensangrentado. Pero hoy emerge, t¨ªmida, una brizna de esperanza. Nunca, hasta ahora, los genocidas hab¨ªan sentido tan cerca el aliento de la justicia.El pasado mes de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n dio un paso que nadie, ni ¨¦l mismo, conoc¨ªa su trascendencia para el respeto del derecho penal internacional. El magistrado admiti¨® a tr¨¢mite la denuncia presentada, en julio de 1996, por la Uni¨®n Progresista de Fiscales de Espa?a (UPF) por los presuntos cr¨ªmenes contra la humanidad, genocidio (interior) y terrorismo (interior e internacional) cometidos por Pinochet y sus generales. La denuncia identificaba a siete ciudadanos espa?oles asesinados por agentes a las ¨®rdenes de los denunciados.

Lo m¨¢s espectacular en el tiempo transcurrido desde la interposici¨®n de la querella ha sido la larga lista de v¨ªctimas -unos 4.000 asesinados o desaparecidos de una decena de nacionalidades- presentada en la causa por la acusaci¨®n particular o a trav¨¦s d¨¦ la acci¨®n popular. En lo que se refiere a las v¨ªctimas, la investigaci¨®n ya est¨¢ hecha. El Informe Rettig, elaborado en 1991 bajo la presidencia de Patricio Aylwin por la Comisi¨®n Nacional de Verdad y Reconciliaci¨®n, detalla unos 3.000 casos de personas asesinadas-desaparecidas. En 1996, con Eduardo Frei como presidente de Chile, la Corporaci¨®n Nacional de Reparaci¨®n y Reconciliaci¨®n recopil¨® 1.000 casos m¨¢s de v¨ªctimas. A ellos habr¨ªa que a?adir otro millar de desaparecidos, seg¨²n varias organizaciones humanitarias. Los casos relativos a v¨ªctimas espa?olas y casi la integridad de las restantes siguen impunes.

Los responsables

La investigaci¨®n se centra, pues, en la responsabilidad de los cr¨ªmenes. Y es en esta direcci¨®n hacia la que apuntan las declaraciones de los testigos de distintas nacionalidades que han declarado desde el pasado mes de abril. Mar¨ªa Maluenda, antigua diputada y ex presidenta del Parlamento chileno en 1990, declar¨® est¨¢ semana ante el juez Garc¨ªa Castell¨®n que en 1978 coincidi¨® en una recepci¨®n en la Embajada de Rumania con el entonces ministro de Defensa, general Hern¨¢n Brady. La testigo interpel¨® al ministro si ten¨ªa conocimiento de la existencia de detenidos-desaparecidos y la respuesta del ministro fue que s¨ª, en concreto, reconoci¨® la existencia de detenidos-desaparecidos, pero que era obra de mandos medios. Le dijo al general Brady que en un regimiento -el responsable era el jefe y no s¨®lo los mandos medios, y Brady le contest¨® afirmativamente, y reconoci¨® que las Fuerzas Armadas obedecen ¨®rdenes finalmente del jefe m¨¢ximo.Los tres niveles de responsabilidad que se investigan en el proceso son: qui¨¦n dio las ¨®rdenes, qui¨¦n consinti¨® las matanzas pudiendo evitarlo, y qui¨¦n las encubri¨® una vez perpetradas. Hay varias docenas de imputados. En primer lugar, los miembros de la Junta Militar golpista: Augusto Pinochet Ugarte, Gustavo Leigh Guzm¨¢n (jefe de la Fuerza A¨¦rea),C¨¦sar Mendoza Dur¨¢n (jefe del cuerpo de Carabineros) y Jos¨¦ Toribio Merino Castro (jefe de la Marina). Estos dos ¨²ltimos fallecieron cuando el proceso ya hab¨ªa comenzado. Los generales Fernando Matthei Aubel y Rodolfo Stange Oelckers, que sustituyeron a Leigh y Mendoza, figuran tambi¨¦n en la lista de acusados. La denuncia de la Uni¨®n de Fiscales se?ala qu¨¦ los arriba mencionados "crearon, en noviembre de 1973, primero de manera informal, la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), que se ocup¨® de las zonas donde la represi¨®n hab¨ªa sido blanda".

Al frente de la instituci¨®n y a las ¨®rdenes directas de Pinochet se nombr¨® al entonces coronel y m¨¢s tarde general Manuel Contreras Sep¨²lveda. La propia Corte Suprema chilena, que por su composici¨®n es todav¨ªa un residuo de la dictadura, declar¨® en 1995 a la DINA como una organizaci¨®n criminal, al juzgar el caso Letelier.

Mientras los testigos hablan. y se?alan con el dedo a algunos de los responsables, ni un solo parlamentario chileno se ha movido hasta ahora, en un vergozante contraste con la actitud de denuncia exhibida por diputados espa?oles o congresistas estadounidenses. No hay que olvidar que el general Pinochet ocupa todav¨ªa la jefatura de las Fuerzas Armadas y que Chile es hoy una democracia con importantes limitaciones heredadas de la dictadura: como la Constituci¨®n del a?o 1981, la ausencia de jueces independientes en la Corte Suprema, o el mantenimiento de una quinta parte del Senado no elegida por voto popular. ¨²nicamente por el poder y temor que todav¨ªa despierta Pinochet puede interpretarse la negativa de las autoridades chilenas a colaborar con la justicia espa?ola.

El proceso seguir¨¢ adelante en la investigaci¨®n de las pruebas en las que aparecen indicios razonables de delito y que servir¨¢n de base para dictar autos de procesamiento y, eventualmente, de detenci¨®n. A partir de ah¨ª, el camino lo marcar¨¢ el tratado de extradici¨®n y asistencia judicial en materia penal entre Espa?a y Chile.

Ante una hipot¨¦tica petici¨®n de extradici¨®n del general Pinochet por parte espa?ola, las autoridades chilenas pueden responder con la negativa, pero en dicho caso la justicia de aquel pa¨ªs estar¨ªa obligada a abrir el proceso en Chile. As¨ª ocurri¨® en el caso del ex canciller de Allende asesinado en Washington en 1976, Orlando Letelier. Tras reunir una cantidad abrumadora de pruebas concluyentes contra el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, Estados Unidos pidi¨® la extradici¨®n del militar. La Corte Suprema chilena deneg¨® la solicitud despu¨¦s de que - varias bombas estallaran a modo de advertencia ante la residencia del presidente del alto tribunal. Terminada la dictadura Contreras acab¨® siendo juzgado en Chile y hoy est¨¢ en la c¨¢rcel de alta seguridad de Punta Peuco.

El mes de marzo de 1998 se presenta como una fecha clave en el desarrollo del proceso. Pinochet dejar¨¢ de ser el m¨¢ximo jefe militar y pasar¨¢ a la situaci¨®n de retiro. S¨®lo tendr¨¢ el cargo de senador vitalicio. En esta cuenta atr¨¢s, el poder del ex dictador disminuir¨¢ en Chile y, qui¨¦n sabe, si su sucesi¨®n al frente de las Fuerzas Armadas, que pretende dejar atada y bien atada, puede verse afectada por las pruebas que lleguen a poder del juez Garc¨ªa Castell¨®n procedentes de EE UU o de Chile.