La deuda interminable

UNO DE los secretos mejor guardados de la econom¨ªa espa?ola es la cifra de d¨¦ficit de las comunidades aut¨®nomas y de los ayuntamientos. Parecer¨¢ ins¨®lito en un Estado moderno, pero algunas consejer¨ªas de Econom¨ªa o Hacienda de distintas autonom¨ªas transmiten tarde, mal y de forma inverificable su situaci¨®n financiera, y de los ayuntamientos apenas se conocen cifras aproximadas. Tanto es as¨ª que el d¨¦ficit de las administraciones p¨²blicas de 1996 se ha cerrado con meras estimaciones en lo que concierne a los municipios. La- coordinaci¨®n financiera y estad¨ªstica entre el Estado central, las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos es muy d¨¦bil, por no decir inexistente, probablemente por motivos de competencia de poder. En todo caso, es manifiestamente mejorable.En este marco de colaboraci¨®n problem¨¢tica, el Gobierno ha dejado caer pesadamente una mala noticia para las comunidades aut¨®nomas, acuciadas por el endeudamiento y por la obligaci¨®n de presentar cifras fiables de d¨¦ficit: quedan suprimidas las aportaciones en concepto de la llamada deuda hist¨®rica, que no es otra cosa que la compensaci¨®n con cargo al erario p¨²blico de las transferencias (te competencias que en su d¨ªa se hicieron supuestamente a un coste inferior al debido. El argumento del Gobierno, contenido en un informe interno, es que casi todos los estatutos auton¨®micos contienen disposiciones susceptibles de interpretarse como deuda hist¨®rica y que alimentar este concepto es tanto como admitir que "Espa?a est¨¢ en deuda consigo misma".

A primera vista, la decisi¨®n del Gobierno es razonable y defendible. La vertebraci¨®n financiera de un pa¨ªs, por muy auton¨®mica que sea su estructura pol¨ªtica no puede estar permanentemente abierta a deudas y compensaciones del m¨¢s variado pelaje que nunca acaban de amortizarse del todo. La reivindicaci¨®n permanente de conceptos hist¨®ricos, siempre dif¨ªciles, de evaluar, es costumbre de todos los gobiernos auton¨®micos, incluidos el Pa¨ªs Vasco y Catalu?a. Acabar con esa sensaci¨®n de provisionalidad ser¨ªa un ¨¦xito importante. El Gobierno tiene raz¨®n tambi¨¦n cuando remite los pleitos que puedan producirse por las cuestiones hist¨®ricas a la comisi¨®n que estudia los desequilibrios financieros entre las autonom¨ªas, que depende del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. Este es un proceso m¨¢s neutral y seguro que la implicaci¨®n directa del Gobierno, que puede ser malinterpretada.

Pero la decisi¨®n tiene otras derivaciones menos felices. La primera es que las juntas de Andaluc¨ªa y Extremadura ya han percibido al menos parte de su deuda hist¨®rica, reconocida en el ¨²ltimo Consejo de Ministros del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. Por tanto, puede plantearse un caso de discriminaci¨®n evidente en contra del resto de las autonom¨ªas. Como todos los problemas de discriminaci¨®n potencial, puede ser el germen de un conflicto grave.

Bien est¨¢ que este Gobierno quiera plantarse en el caso de la deuda hist¨®rica y poner fin a un proceso que no acaba de cicatrizar. Pero, adem¨¢s del gesto decidido en contra de la reivindicaci¨®n permanente, el Ejecutivo debiera aportar m¨¢s coherencia y sentido com¨²n en sus decisiones financieras. No estar¨ªa de m¨¢s, por ejemplo, que no se hicieran barbaridades tales como la propuesta de trasladar las competencias en educaci¨®n sin su correspondiente financiaci¨®n; porque, como es evidente, son iniciativas como ¨¦sa las que generan "deudas hist¨®ricas" en el futuro. De forma que, mientras algunos representantes del Gobierno se arriesgan a aplicar la firmeza y la responsabilidad, otros desmienten en la pr¨¢ctica tan esperanzadores argumentos. Si Rajoy quiere acabar de una vez por todas con la deuda hist¨®rica permanente, que empiece por evitar la que producen sus propios compa?eros de Gabinete.