El Consejo de Estado prepara un frenazo para las universidades cat¨®licas de ?vila y Murcia
El ponente propone que los centros de la Iglesia se sometan a la normativa general
Las universidades cat¨®licas creadas en ?vila y Murcia por los respectivos obispos sufrir¨¢n un batacazo en el Consejo de Estado si el pleno de este organismo aprueba los 41 folios del proyecto de dictamen elaborado por el letrado de la Secci¨®n VII, especializada en asuntos educativos. El texto deja claro que los acuerdos entre Espa?a y el Vaticano no son patente de corso para eludir el control de la Administraci¨®n y las normas generales. Un obispo puede "crear" una universidad, pero nada m¨¢s. Ni puede ceder su titularidad a una fundaci¨®n, como ha ocurrido en ?vila, ni las clases que est¨¢n a punto de comenzar son universitarias mientras no se cumplan los requisitos de las universidades privadas.
La creaci¨®n de estas dos universidades ha provocado una gran alarma en la comunidad universitaria, que cuestiona la viabilidad acad¨¦mica de los proyectos y teme que la in¨¦dita v¨ªa jur¨ªdica ensayada por los obispos de ?vila -Antonio Ca?izares (posteriormente trasladado a Granada)-, y de Cartagena -Javier Azagra (con jurisdicci¨®n sobre la comunidad murciana), abra el port¨®n a las universidades del obispo: instituciones creadas al amparo de los acuerdos de 1979 Espa?a-Santa Sede sobre ense?anza y asuntos culturales y con la pretensi¨®n de eludir la Ley de Reforma Universitaria y el real decreto que estipula los requisitos m¨ªnimos de personal, ense?anza y material.
Consulta de Aguirre
El dictamen del Consejo de Estado dar¨¢ respuesta a una consulta de la titular de Educaci¨®n, Esperanza Aguirre. La ministra, aunque el pasado 15 de octubre acudi¨® a ?vila para el acto de colocaci¨®n de la primera piedra, retrocedi¨® luego en su apoyo a la Universidad Cat¨®lica, a sugerencia de Fernando Tejerina y Alfonso Fern¨¢ndez-Miranda, que entonces formaban su equipo de Universidades.
El dictamen no ser¨¢ vinculante, pero lo atender¨¢ previsiblemente la Administraci¨®n. Ello dejar¨ªa a estas universidades en una situaci¨®n complicada, pues las convierte pr¨¢cticamente en academias cuando faltan s¨®lo unos d¨ªas para el comienzo de las clases.
Fuentes universitarias sostienen que los anuncios que est¨¢n insertando ambas instituciones son publicidad enga?osa, teniendo en cuenta que se usa el t¨¦rmino universidad, que la Administraci¨®n no les reconoce. Otras fuentes plantean la posibilidad de que los alumnos inscritos (un centenar en ?vila y 500 en Murcia) sean v¨ªctimas de una estafa, ya que se les ofrece un t¨ªtulo universitario a¨²n inexistente.
Los principales puntos del dictamen, que se centra en el caso de ?vila pero cuyas consideraciones "pueden ser extrapoladas a cualquier otro asunto similar", remiten reiteradamente al cumplimiento de los requisitos generales:
Fundaci¨®n. Un obispo puede crear una universidad sin necesidad de que el Parlamento auton¨®mico la "apruebe" (si es p¨²blica) o "reconozca" (si es privada). Pero la creaci¨®n equivale a un mero "establecimiento formal", no da derecho al "funcionamiento efectivo".
Funcionamiento. Las universidades de la Iglesia quedan sometidas a la legislaci¨®n civil vigente en cada momento, soluci¨®n l¨®gica si se tiene en cuenta que se trata de ense?anzas no eclesi¨¢sticas que como tales deben impartirse salvaguardando la calidad m¨ªnima exigible". Es decir, para que la Universidad pueda ejercer su actividad, la Administraci¨®n auton¨®mica debe comprobar si cumple las normas, y espec¨ªficamente los requisitos de las universidades privadas. Ambas universidades cat¨®licas pretend¨ªan que s¨®lo los planes de estudio pasaran por el Consejo de Universidades, si bien la de Murcia ha ido modificando su posici¨®n y ahora se declara dispuesta a cumplir los requisitos.
Titularidad. Cuando un obispo crea una universidad cat¨®lica, nadie m¨¢s que ¨¦l puede ser titular. El dictamen califica de admisible que la Iglesia cat¨®lica, amparada en los acuerdos con el Vaticano, funde universidades, "directa o indirectamente, en favor de terceros, aunque se trate de fundaciones sin ¨¢nimo de lucro".
Se considera un "fraude legal" la posibilidad de que la Fundaci¨®n Universidad Cat¨®lica Santa Teresa de Jes¨²s, de ?vila, sea titular de la universidad. En la fundaci¨®n participan el Ayuntamiento, la Diputaci¨®n Provincial, la Caja de ?vila y el Obispado. El n¨²mero tres del PP, ?ngel Acebes, particip¨® en la primera fase, cuando era alcalde de ?vila.
El caso de Murcia es m¨¢s complejo, ya que el obispo s¨®lo ha cedido la administraci¨®n y gesti¨®n a una fundaci¨®n que no es formalmente titular.
Privadas. El dictamen afirma que "no es viable configurar las universidades creadas por la Iglesia cat¨®lica como una tercera categor¨ªa distinta de las universidades p¨²blicas y privadas". Para el Consejo de Estado son privadas todas las que no son p¨²blicas; no hay tercera clase. En consecuencia, las universidades de la Iglesia, salvo en el acto de creaci¨®n, son privadas a todos los efectos.
La buena fe y el cumplimiento de la ley
La comisi¨®n permanente del Consejo de Estado comenz¨® a estudiar ayer el proyecto de dictamen elaborado por el letrado Ernesto Garc¨ªa-Trevijano. Tras un segundo an¨¢lisis la semana pr¨®xima, el asunto pasar¨¢ al pleno del organismo consultivo del Gobierno. Fuentes de la comisi¨®n permanente destacan la existencia de consenso jur¨ªdico sobre el caso.Uno de los puntos sobre los que el ministerio consulta al Consejo es el valor jur¨ªdico de un escrito de la Direcci¨®n General de Asuntos Religiosos que sirvi¨® al Servicio Jur¨ªdico del Estado para invocar el "principio de buena fe" y considerar que el citado escrito val¨ªa como "autorizaci¨®n administrativa" para la Universidad Cat¨®lica de ?vila. Lo curioso es que el escrito no ten¨ªa firma ni sello.
El documento del Servicio Jur¨ªdico, firmado por su director general, Jos¨¦ Javier Abad-P¨¦rez, dec¨ªa: "El principio de buena fe obliga a considerar, en cierto modo, el informe emitido por la Direcci¨®n General de Asuntos Religiosos ( ... ) como la 'autorizaci¨®n' para la creaci¨®n y puesta en marcha de la Universidad Cat¨®lica Santa Teresa de Jes¨²s, de ?vila".
El proyecto de dictamen del Consejo de Estado. es rotundo: el escrito no sirve de autorizaci¨®n, pues es un mero informe; Asuntos Religiosos no es quien para autorizar, ya que "no es competente para proceder a la verificaci¨®n para la puesta en funcionamiento de una universidad", y "no cabe apelar, por tanto, a la buena fe para poner en funcionamiento una universidad sin cumplir los requisitos".
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