Archivada la querella contra el juez Coronado por presunto cohecho
El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Santiago Bazarra, ha archivado las diligencias en relaci¨®n con una querella por presunta prevaricaci¨®n presentada por Antonio Naval¨®n contra el juez Jos¨¦ Emilio Coronado, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16. Bazarra estima que el juez Coronado aplic¨® las normas de reparto de los juzgados de Plaza de Castilla al tramitar una denuncia de Lourdes Arroyo, esposa de Mario Conde. Las acusaciones de cohecho y tr¨¢fico de influencias son "carentes de trascendencia penal".
Carlos G¨®mez-Villaboa, procurador de la esposa de Conde, present¨® el pasado 27 de mayo dos folios en la guardia de los juzgados de Plaza de Castilla. Aunque era una denuncia en regla, no se presentaba como tal. Era una petici¨®n de orden de entrada y registro en el domicilio de Antonio Naval¨®n y Diego Selva. Seg¨²n la esposa de Conde, hab¨ªa documentos que pod¨ªan acreditar su relaci¨®n con Argentia Trust, sociedad que cobr¨® en 1990 los 600 millones de pesetas que Conde, como presidente de Banesto, orden¨® pagar. Por este pago, el ex banquero fue condenado a seis a?os de prisi¨®n. Seg¨²n su esposa, pues, los que cobraron fueron Naval¨®n y Selva.El juez Coronado deneg¨® en la guardia la petici¨®n, pero abri¨® diligencias previas con el n¨²mero 3.641/97 con el argumento de que se le ped¨ªan medidas cautelares. Si se hubiese presentado una denuncia formal, el juez de guardia deb¨ªa enviarla al decanato para su reparto y el juzgado encargado de tramitarla saldr¨ªa de los turnos vigentes en Plaza de Castilla. Al utilizarse la v¨ªa de la petici¨®n de orden de entrada y registro -usual en la polic¨ªa, pero no entre particulares- se pod¨ªa conseguir que se la quedase el juez de guardia.
Un d¨ªa despu¨¦s, el 28 de mayo, el procurador present¨® en el juzgado 16 una denuncia. El objeto no era obtener una entrada en los domicilos de Naval¨®n y Selva. Era enviar una comisi¨®n rogatoria a Suiza. As¨ª lo dispuso el juez Coronado el 30 de mayo, sin informar previamente al fiscal, Carlos Saiz D¨ªaz, que estuvo en la guardia del 27 de mayo, ni dar traslado de la denuncia a Naval¨®n y Selva. La norma aplicada por el juez Coronado es seg¨²n el informe del Decanato de Juzgados de Madrid, aportado a la causa, es la que se viene aplicando en Plaza de Castilla. Es la versi¨®n corregida a mano de las normas aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ).
La versi¨®ri del TSJ es la siguiente: "El juzgado de Guardia que autorice la medida cautelar correspondiente seguir¨¢ conociendo de los hechos delictivos que aparezcan como consecuencia de dicha autorizaci¨®n". La versi¨®n aplicada en plaza de Castilla llevaba manuscritas las palabras "o no". Esto es, autorice "o no" las medidas cautelares el juzgado inicial tramitar¨ªa los hechos.
Otro hecho destacado por la defensa de Naval¨®n fue la relaci¨®n del procurador Carlos G¨®mez-Villaboa con su hermano, el abogado Manuel G¨®mez-Villaboa, quien ha sido letrado del propio juez Coronado en un asunto privado. Manuel G¨®mez-Villaboa, adem¨¢s, es socio del bufete "Lara, Villaboa & Rico, Abogados". Fue el abogado Juan Carlos Lara quien firm¨® la petici¨®n de orden de entrada y registro y la posterior denuncia de la esposa de Conde.
El auto del magistrado Bazarra, comunicado ayer, se?ala que el juez Coronado "obr¨® de acuerdo con las normas de reparto por las que se rigen los juzgados de instrucci¨®n de Madrid, pese al a?adido 'o no' en relaci¨®n con las aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Agrega que ¨¦l hecho de que Coronado no informara al fiscal en la guardia y no diera traslado a los denunciados "aunque no se considera que tenga [ ... ] trascendencia penal s¨ª pudiera dar lugar a alguna actuaci¨®n disciplinaria".
La querella de Naval¨®n contra Coronado fue ampliada a cohecho y tr¨¢fico de influencias. El magistrado Bazarra estima "carentes de trascendencia penal" lo que llama "determinadas circunstancias respecto a procuradores y letrados [en referencia a Carlos G¨®mez-Villaboa, a Manuel G¨®mez-Villaboa y Juan Carlos Lara]". En cambio se?ala que la investigaci¨®n puede "incidir o interferir en causas penales pendientes".. Sugiere la v¨ªa de la recusaci¨®n.
El abogado Jos¨¦ Manuel G¨®mez Benitez declar¨® ayer que recurrir¨¢ el archivo. "Hab¨ªa diligencias pendientes. Entre ellas la acreditaci¨®n de c¨®mo se cambi¨® la norma de reparto, que ha quedado en el aire", dijo.
"Afirmaciones falsa"
El fiscal Carlos S¨¢iz D¨ªaz era el 27 de mayo fiscal de guardia en los juzgado 3 de instrucci¨®n de Madrid con el juez Jos¨¦ Emilio Coronado. Seg¨²n declar¨® ¨¦ste, no le notific¨® la denuncia de Lourdes Arroyo ese d¨ªa porque el fiscal hizo una fugaz aparici¨®n.En su escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, S¨¢iz D¨ªaz afirma que "en la referida fecha permanec¨ª en las dependencias destinadas al fiscal de guardia desde las 9 horas de dicha ma?ana hasta el martes hasta las, 9 horas del d¨ªa 28, pernoctando por tanto en dichas dependencias, ausent¨¢ndome exclusivamente a las horas de comida y cena durante las que permanec¨ª localizado en mi domicilio. Es por tanto falsa la afirmaci¨®n, de que este fiscal aparecise por el juzgado a la 1.00 o 1.30".
Seg¨²n el relato, el fiscal despach¨® con Coronado 1.132 diligencias previas en tres horas. "Ni en dichas horas ni durante el resto del d¨ªa fui informado por el magistrado o se me dio traslado de la solicitud de entrada y registro presentada al parecer por el procurador Carlos G¨®mez Villaboa durante la ma?ana, ignorando las razones de esta omisi¨®n ( ... ) No dudo de la honorabilidad del magistrado en los hechos ( ... ) pero lo que no puede tolerarse por mi parte es que en el ejercicio de su derecho leg¨ªtimo de defensa, efect¨²e afirmaciones falsas que pongan en duda la profesionalid¨¢d de la Fiscal¨ªa de Madrid en general y de este fiscal en particular".
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