Ni cuotas ni sanciones

LA PONENCIA conjunta del Parlamento de Catalu?a que ha elaborado la ley del uso de las lenguas termin¨® sus trabajos de forma poco satisfactoria. El consenso que rode¨® a la ley de normalizaci¨®n de 1983, el blindaje jur¨ªdico que le proporcion¨® el Tribunal Constitucional y las posibilidades legales todav¨ªa no agotadas de profundizar en una pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de fomento de la lengua hist¨®ricamente discriminada obligaban al Gobierno catal¨¢n a la mayor prudencia a la hora de emprender nuevas iniciativas legislativas. Era imprescindible que demostrara la perentoriedad de una nueva ley, que actuara con el m¨¢ximo consenso pol¨ªtico y social y que no pusiera en peligro el patrimonio de cohesi¨®n social que puede exhibir leg¨ªtimamente la Catalu?a aut¨®noma.La ponencia conjunta de todos los grupos era el m¨¦todo adecuado para atender a estas exigencias. Pero sus trabajos han dejado tantos temas abiertos y ofrecen discrepancias tan palmarias que s¨®lo cabe esperar una agudizaci¨®n de las diferencias hasta convertir el debate de la ley en una batalla pol¨ªtica con fuerte incidencia de las conveniencias t¨¢cticas de los partidos. CiU ha renunciado a uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos de su proyecto: la exigencia de que los comerciantes y profesionales respondieran al cliente en el idioma que ¨¦ste eligiera, catal¨¢n o castellano. Pero la persistencia de un r¨¦gimen de sanciones y de cuotas, aplicado indirectamente a trav¨¦s de la normativa comercial, convierte en inaceptable el texto actual. El debate pol¨ªtico y social abierto ha demostrado que el Gobierno catal¨¢n lanz¨® la iniciativa sin tener garantizado un consenso b¨¢sico ni haber previsto resistencias sociales como las de c¨ªrculos econ¨®micos ideol¨®gicamente nacionalistas pero que ven un peligroso peaje en la obligaci¨®n del etiquetado en catal¨¢n de algunos productos, lo que podr¨ªa afectar a la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas en Espa?a y en la UE.

Aunque la ley de 1983 no resuelva todos los problemas de presencia institucional y social del catal¨¢n, es dif¨ªcil pensar que la soluci¨®n est¨¢ en su sustituci¨®n por una ley tan intervencionista. Quienes apoyan una nueva ley enumeran casos de discriminaci¨®n en la legislaci¨®n general. Pero la soluci¨®n a este problema no podr¨¢ ser una r¨¦plica al rev¨¦s catalana, sino la rectificaci¨®n de las leyes espa?olas discriminatorias. Ser¨ªa preocupante que en lugar de buscar un consenso facilitado por la alianza PP-CiU en el ¨¢mbito espa?ol se hubiera elegido esta opci¨®n para marcar distancias en la pol¨ªtica catalana.

Garantizado a trav¨¦s de la normativa escolar que todos los ciudadanos de Catalu?a conocer¨¢n el catal¨¢n, es bien leg¨ªtimo garantizar ahora la posibilidad de usarlo a trav¨¦s del fomento de todas sus manifestaciones y la estricta vigilancia de la igualdad institucional; pero no por imperativo de una ley con rasgos intervencionistas y coercitivos, elaborada sin consenso y cuya aplicaci¨®n plantea riesgo de fractura c¨ªvica.