Una comisi¨®n para la impunidad televisiva

Conseguida la propiedad o usufructo de las principales cadenas de televisi¨®n, el objeto actual del Gobierno del PP es asegurarse la impunidad de los mensajes y contenidos audiovisuales. Un paso decisivo en esta direcci¨®n que ha pasado casi inadvertido para la opini¨®n p¨²blica ha sido la reciente negativa del PP a la creaci¨®n de un Consejo Superior de lo Audiovisual como autoridad independiente del Gobierno, tal como existe en toda la Europa comunitaria y que fue propuesto por el Senado en la legislatura pasada por acuerdo un¨¢nime de todos los grupos pol¨ªticos, incluido el Partido Popular, con la finalidad principal de velar por la protecci¨®n de los valores y derechos fundamentales de la persona en relaci¨®n con los contenidos audiovisuales.Este claro incumplimiento parlamentario se intenta justificar y enmascarar anunciando, "como muestra de independencia gubernamental", que se otorgar¨¢n funciones de vigilancia de los contenidos audiovisuales a la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones a trav¨¦s de un comit¨¦ que se crear¨¢ al efecto. Es una propuesta esperp¨¦ntica y grotesca, y adem¨¢s muy grave desde el punto de vista jur¨ªdico y pol¨ªtico, porque esta comisi¨®n no es independiente al estar integrada por miembros nombrados por el Gobierno y porque adem¨¢s su funci¨®n es exclusivamente de car¨¢cter t¨¦cnico y econ¨®mico, tal como se se?ala en su Reglamento (art¨ªculo 4): "Para salvaguardar la competencia en el mercado y velar por la correcta formaci¨®n de precios".

Es un sarcasmo que se intente dar competencias sobre temas que afectan a los derechos fundamentales, que por definici¨®n est¨¢n fuera de todo mercado, a una comisi¨®n que se denomina "del mercado". En realidad, cualquier m¨¦todo es v¨¢lido para un Gobierno obsesionado por la utilizaci¨®n partidista de los medios de comunicaci¨®n. Recu¨¦rdese que hace un a?o, ante un panorama televisivo que todav¨ªa no dominaba, el nuevo secretario de Estado de Comunicacion, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, ten¨ªa preparada una regulaci¨®n jur¨ªdica taxativa de los contenidos audiovisuales, incluyendo la definici¨®n de noticias de inter¨¦s general y la obligatoriedad de su difusi¨®n. Hoy las cosas han cambiado. Con el poder mayoritario en los medios de comunicaci¨®n, el PP no necesita ya regular los contenidos audiovisuales y mucho menos puede admitir un consejo independiente de vigilancia audiovisual.

La nueva etapa de la televisi¨®n digital llega a Espa?a con unos ciudadanos desprotegidos ante los continuos abusos audiovisuales, donde no se respeta la distinci¨®n entre informaci¨®n, opini¨®n y publicidad, y donde se viola constantemente la normativa de la Directiva de Televisi¨®n Sin Fronteras. Muchos de los espacios de radio y televisi¨®n equipados con los tertulianos-paparrachi correspondientes se han convertido en lugares habituales de insultos, injurias y juicios paralelos. Para elevar las audiencias se ha llegado incluso a proponer la compra de testimonios televisivos de grupos de personas relacionados con los temas m¨¢s morbosos (ejemplo ¨²ltimo, el caso Arny).

Los espacios informativos se utilizan para la manipulaci¨®n pol¨ªtica. Buena muestra son los telediarios de TVE, que se han convertido en un nuevo Nodo. Lo mismo ocurre en la mayor¨ªa de las televisiones auton¨®micas; en algunas, como el caso del Canal 9 valenciano, ante la protesta in¨²til del Comit¨¦ de Redacci¨®n. Sin la existencia de una autoridad independiente audiovisual, que ha sido tambi¨¦n propuesta por el defensor del Pueblo en su ¨²ltimo informe al Parlamento, estas situaciones de impunidad se multiplicar¨¢n en el futuro teniendo en cuenta los 20 canales de televisi¨®n de ¨¢mbito nacional anunciados por el ministro de Fomento para dentro de dos a?os, fecha en. que vencen las licencias vigentes de la televisi¨®n privada.

Mientras que en varios pa¨ªses europeos los consejos audiovisuales independientes para adaptarse a la nueva etapa digital est¨¢n ampliando sus competencias a la ordenaci¨®n de las telecomunicaciones, porque el tratamiento jur¨ªdico que se d¨¦ a los aspectos tecnol¨®gicos y econ¨®micos condiciona el producto final de los contenidos audiovisuales, en Espa?a el PP pretende que la ordenaci¨®n de todo el sector audiovisual en todos los aspectos, incluidos los contenidos, quede fuera de la garant¨ªa de una autoridad independiente. Un mercado medi¨¢tico sin la garant¨ªa del respeto de valores y derechos fundamentales no es libre sino un mero instrumento de poder econ¨®mico y pol¨ªtico con consecuencias grav¨ªsimas para el desarrollo de la democracia ypara la formaci¨®n y la cultura de la mayor¨ªa de los ciudadanos que son espectadores audiovisuales de televisi¨®n con una media de consumo de m¨¢s de tres horas diarias.

Por eso, la decisi¨®n del Gobierno no debe ser asumida pasivamente. Su negativa a la creaci¨®n de una Comisi¨®n del Consejo Superior de lo Audiovisual no debe considerarse inamovible. Curiosamente, el PP impuso su posici¨®n en el Senado, donde posee mayor¨ªa absoluta frente a la posici¨®n minoritaria del PSOE, IU y CiU. Si estos partidos son consecuentes deber¨ªan tomar urgentemente iniciativas legislativas comunes en el Congreso de los Diputados, donde tienen mayor¨ªa frente al PP, sin renunciar tampoco a solicitar la retirada de sus representantes en la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones, ¨®rgano que en su d¨ªa apoyaron equivocadamente, por asegurarse su cuota de representaci¨®n partidista, pero que hoy, dada la extralimitaci¨®n de sus contenidos, no tiene ya ninguna justificaci¨®n seguir manteniendo.

Frente a la actitud del PP, que ha puesto en evidencia que reduce los medios de comunicaci¨®n a meros instrumentos de mercado, dinero y poder, los partidos de izquierda PSOE e IU deben demostrar con hechos que defienden una autoridad independiente que garantice en los medios audiovisuales el tratamiento de la informaci¨®n como un derecho fundamental al servicio de los ciudadanos porque las empresas informativas, sean p¨²blicas o privadas, son propietarias de los medios de comunicaci¨®n pero no de la informaci¨®n, y CiU, por su parte, deber¨ªa cooperar tambi¨¦n "a dar la vuelta como un calcet¨ªn" a esta situaci¨®n, como lo hizo en el asunto bochornoso de la negativa al asilo de refugiados. Al PP le queda tambi¨¦n la posibilidad de confirmar que cuando rectifica acierta.